Falta de claridad quita peso a lista de corrupción de EE.UU. en Centroamérica
Falta de claridad quita peso a lista de corrupción de EE.UU. en Centroamérica
Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original)
Estados Unidos publicó un esperado informe sobre actores corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras, pero la falta de un criterio claro para la inclusión de los señalados en la lista puede socavar los intentos de crear una estrategia coherente para erradicar los malos manejos en la cúpula de los gobiernos centroamericanos.
Una serie de expresidentes, miembros en funciones del congreso y ministros del gobierno conformaron la lista de 55 nombres en la llamada “Lista Engel”, señalados por el Departamento de Estado estadounidense de haber “participado de manera cómplice en acciones que debilitan procesos o instituciones democráticas, en corrupción significativa o en el impedimento de dicha corrupción».
La lista se creó como parte de una ley promovida en diciembre de 2020 por el excongresista estadounidense Elliot Engel. Su proyecto de ley requería que el Departamento de Estado identificara y notificara al Congreso estadounidense una lista de “actores corruptos y antidemocráticos” en El Salvador, Guatemala y Honduras. A los incluidos en la lista se les revocarían sus visas y se les impediría el ingreso a Estados Unidos.
Sin embargo, tal como sucedió con listas de corrupción anteriores, hubo pocas sorpresas y algunas omisiones patentes, que dejan la impresión de que estos son solo nombres en una lista en lugar de una pieza que hace parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción en la región.
A continuación, InSight Crime analiza los enfoques, al parecer faltos de consistencia, aplicados por Estados Unidos para identificar a los actores corruptos de cada país.
El Salvador
Este fue el único país donde Estados Unidos apuntó a varios funcionarios actuales y retirados del círculo más cercano al presidente. Nayib Bukele se encontró recientemente en la mira del gobierno estadounidense después de usar su mayoría en el Congreso para destituir a varios magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, además del posible bloqueo a la extradición de varios altos jefes de la MS13.
Por segunda vez en menos de dos meses, el gobierno estadounidense señaló a la jefa de gabinete del presidente Bukele, Carolina Recinos, por incurrir en “corrupción significativa” como “la malversación de dineros públicos en beneficio propio”, así como la participación en un “importante esquema de lavado de activos”.
El asesor legal del presidente, Conan Tonathiu Castro Ramírez, también fue incluido en la lista. Los funcionarios estadounidenses lo señalan de “debilitar procesos o instituciones democráticas” después de “colaborar en la destitución impropia” de los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general a comienzos de mayo. El secretario de estado estadounidense Anthony Blinken expresó “serias preocupaciones” en ese momento. “La gobernanza democrática demanda respetar la separación de poderes”, trinó el 2 de mayo.
El viceministro de justicia y director general de centros penales Osiris Luna Meza —otro aliado cercano a Bukele— también fue sancionado por corrupción asociada a “contratos del gobierno y coimas”. Luna fue pieza clave de una serie de traslados irregulares de líderes de la MS13 presos, lo que contribuyó a las especulaciones sobre un pacto bajo cuerda entre esa pandilla y el gobierno. El director de prisiones ya se había reunido anteriormente con otros líderes de la MS13 presos para tratar el respaldo político a Bukele y su ayuda en la reducción de homicidios, según una investigación de El Faro.
El ministro de trabajo del presidente, Rolando Castro, sus exministros de seguridad y agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, así como el aliado del partido Nuevas Ideas, Walter Araujo, también fueron señalados por falta de ética por actos que iban desde obstrucción de investigaciones hasta la apropiación indebida de dineros públicos y amenazas a opositores políticos.
Sin embargo, pese a la naturaleza directa de los señalamientos, Estados Unidos sigue enviando mensajes contradictorios sobre El Salvador. Pocos días antes de la publicación de la lista, Jean Manes, exembajador de Estados Unidos en El Salvador, quien fue designado recientemente encargado de asuntos con El Salvador, se reunió con el presidente Bukele para hablar sobre la “importancia de su relación bilateral”.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) concedió recientemente US$115 millones en ayuda a diversos asociados no gubernamentales en El Salvador para hacer frente a la delincuencia y la violencia, entre otras cosas. Esto ocurrió menos de un mes después de que USAID dijo que redirigiría la ayuda lejos del gobierno y hacia las organizaciones de la sociedad civil en medio de «grandes preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas».
Guatemala
En Guatemala, donde el séquito del ejecutivo sale relativamente ileso, el Departamento de Estado apuntó hacia varios actores presuntamente implicados en tráfico de influencias dentro del sistema de justicia del país.
Ello incluyó sanciones contra el magistrado de la Corte de Constitucionalidad recientemente nombrado Néster Vásquez, y el juez de la Corte Suprema de Justicia Manuel Duarte, dos destacadas figuras señaladas por su presunta participación en la manipulación del “nombramiento de jueces para cargos en las altas cortes”.
A estos se les unieron otros presuntos operadores judiciales, Gustavo Alejos Cámbara y Felipe Alejos Lorenzana, ambos ya sancionados por el Departamento de Estados a comienzos de este año, acusados de sobornar a jueces y legisladores para influir en las designaciones judiciales y asegurar fallos judiciales favorables para ellos y para otros.
Tanto Vásquez como Alejos Cámbara están implicados en investigaciones en curso por tráfico de influencias en el proceso de selección de magistrados para las altas cortes, una investigación que corre por cuenta de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad (FECI).
También fue sancionado por presunto tráfico de influencias Gustavo Herrera, curtido operador político y empresario, cuya influencia en las cortes se remonta al proceso de selección de magistrados en 2014, según una investigación penal liderada por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Herrera, que también ha sido señalado de lavado de activos, actualmente está exiliado en Nicaragua.
El Departamento de Estado también sancionó a Mynor Moto, juez fugitivo sobre quien desde tiempo atrás recaen sospechas de presuntos vínculos con las mismas mafias de las cortes. El Departamento de Estado afirma que Moto «obstruyó la justicia y recibió prebendas a cambio de una decisión legal favorable».
Las acusaciones parecen dirigidas hacia una prioridad en materia de políticas clave para el gobierno estadounidense: erradicar la corrupción en la rama judicial. En meses recientes, varios representantes del gobierno norteamericano hicieron énfasis en la importancia de que lleguen candidatos honestos a asumir los cargos de las altas cortes en Guatemala y no escatimaron elogios para los fiscales que lideraron los esfuerzos por investigar las presuntas mafias de las cortes.
Pero es de esperar que la naturaleza selectiva de la Lista Engel motive cuestionamientos sobre la relativa ausencia de ministros en funciones y funcionarios de alto nivel en ejercicio, muchos de quienes también se han visto salpicados por los escándalos de corrupción.
Honduras
Como ocurrió con listas de corrupción anteriores divulgadas por Estados Unidos, el principal escollo para Honduras fue nuevamente la omisión del actual presidente Juan Orlando Hernández.
En repetidas ocasiones, Hernández ha sido señalado por el Departamento de Justicia estadounidense de participar en una red internacional de narcotráfico, que incluye denuncias de aceptación de sobornos ofrecidos por narcotraficantes, acusaciones que Hernández ha negado de manera consistente.
La decisión del Departamento de Estado de sancionar al expresidente Porfirio “Pepe” Lobo por la aceptación de sobornos de narcos hondureños seguramente suscitará más interrogantes sobre la consistencia de las elecciones en la Lista Engel.
“Si Juan Orlando Hernández y parte de sus 40 funcionarios no están en esa lista, no tiene ningún sentido”, declaró el expresidente Lobo en una entrevista de radio que salió al aire el 2 de junio.
En ausencia de funcionarios de alto nivel, la peor parte de las sanciones del Departamento de Estado recayó en el Congreso, con 15 diputados en funciones acusados de corrupción.
Las acusaciones tuvieron que ver en su mayoría con escándalos de malversación, incluidos dos casos importantes que ya había liderado la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una comisión anticorrupción con aval de la comunidad internacional, cuya salida en enero de 2020 fue descrita como un “contratiempo” por altos funcionarios del Departamento de Estado.
