FGR logra la condena de Roberto Carlos Silva Pereira a 22 años de prisión, quien fue encontrado culpable del delito de Lavado de Dinero y Activos y Cohecho Activo.

Prisión por 22 años y multa de $18.08 millones dólares contra el ex-diputado Roberto Silva Pereira ordenó el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, en su resolución final. Fue vencido en juicio tras ser acusado por los delitos de cohecho activo y lavado de dinero, en perjuicio de la administración pública, desde 2002 hasta el año 2006,

Sobornos a cooperantes y sustracción de fondos en al menos 15 alcaldías municipales, implicaron a las empresas de Silva Pereira, Caminos Edificados (CED S.A de C.V) y Proveedores y Construcciones de Obras Viales (Provecom) S. A de C.V. Según lo denunciaron los testigos de los hechos, las obras de construcción sobre las que participaba el ex-diputado quedaban inconclusas, y sus gastos eran menores al precio en que las ofertaba.

“El ahora condenado se beneficio a través de sus empresas, con las obras que gano con licitaciones en varias alcaldías del oriente del país. Del mismo modo depositó todo el dinero en sus cuentas bancarias”, detallaron las autoridades judiciales.

 

Hechos

Una decena de testigos acusatorios detalló los procesos de contratación y de administración de obras municipales, conforme con la denuncia interpuesta por la Fiscalía General de la República, desde el año 2007. Su participación sobre los hechos protagonizados por Silva Pereira, dio motivo a ventilar su testimonio como elementos de cargo, durante el desfile de la audiencia inicial, en la fase de sentencia.

La alcaldía de Berlín (Usulután) fue una de las administraciones más defraudadas, en opinión de la FGR. “Acajutla, Sonsonate, Santa Ana, La Unión, Ozatlán” y la alcaldía de San Miguel, fueron otras de las municipalidades perjudicadas, de forma significativa.

Una de la obras consistió en la remodelación del mercado municipal de Acajutla (La Paz), en el año 2005. Las empresas participantes planteaban presupuestos de $226 mil dólares, $100 mil dólares y de $186 mil dólares para su ejecución. Las cantidades dinerarias eran erogadas desde las municipalidades, y eran transferidas a los participantes, a través de cheques, por intermediación de entidades bancarias.

“Con el (ex) alcalde Palma, que es de Belín, específicamente, hasta le benefició en una campaña. Le dio $11 mil dólares,�en el año 2006, para beneficiar la campaña política”, añadió la representación fiscal. Además detalló que Silva Pereira estaba involucrado en actividades “para evadir la LACAP (ley de Adquisiciones y Contrtaciones de la Administración Pública)”, consistentes en negociaciones, como la participación en “carpetas de proyectos”, en las que “no se seguía el procedimiento”.

El Ministerio Público sostiene que Pereira involucraba a los contratistas a través de sobornos, que prometían un 10% de las ganancias adquiridas. Pero el testigo detalló que recibiría unos $60 mil dólares, en acuerdo a la diferencia generada entre el contrato general y el sub-contrato.

Sin embargo, el testigo no pudo percibir ganancias. De hecho, la obra fue suspendida cuando ya llevaba el 80% de su progreso. Auditorías de la Alcaldía y de la Corte de Cuestas de la República (CCR) concluyeron que en el proceso existían irregularidades, y déficit presupuestario. El citado declaró que tuvo que financiar el 20% restante del progreso de la obra, a través de su propia empresa. El proyecto habría durado 6 meses.

Proceso

Transcurrieron 17 años desde que los clientes informaron las irregularidades que sus alcaldías percibieron, tras la participación de Silva Pereira. Las investigaciones fiscales datan desde el 26 de marzo del año 2006, por los delitos de “lavado de dinero y activos”, según detalla el Ministerio Público.

En 2007, Pereira fue requerido por el Minsiterio Público; sin embargo, huyó del país hacia los Estados Unidos (EEUU). Unos 15 años estuvo en el país, hasta que fue deportado por la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés. Arribó al país el pasado 8 de enero de 2020, para ser escoltado y llevado a juicio.

 

Silva Pereira fue intimado ante la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador. Sin embargo, hasta entonces era requerido por las irregularidades en unos $14 millones de dólares de la hacienda pública.

Las investigaciones prosiguieron, a raíz de los resultados de “un�informe financiero donde específicamente se detallan operaciones sospechosas”. Fue judicializado inicialmente bajo la tipificación penal de “otros casos de lavado de dinero y activos”; sin embargo, hasta febrero del año pasado, el sistema de justicia concretó el cambio de tipificación por el de “lavado de dinero y de activos”, de la legislación penal vigente, por solicitud de la FGR.

Hasta enero del año pasado, el ex-fiscal Raúl Melara había ampliado la investigación sobre unas 29 alcaldías municipales, de las cuales solo unas 15 “se unieron con el exdiputado Silva Pereira”, según dijo. Las personas directamente involucradas en los hechos delictivos fueron sometidas a juicio, hasta cobrar una pena. Entre los hallazgos, determinaron que en los “análisis de patrimoniales o financieros, que determinaron que se habían lavado una cantidad aproximada de $13,4 millones de dólares”.

 

Sin embargo, el monto de los adeudos llegó de unos $13.4 millones de dólares; a una condena de responsabilidad civil de más de $17 millones de dólares. Pero ya en las últimas horas de éste lunes, autoridades de Centros Judiciales informaron que Silva Pereira deberá saldar al Estado unos $18,088,949.75 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

De acuerdo con la representación fiscal, el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador respondió a que el árbitro de justicia validó las pruebas ficales. En su opinión, “confirmó el uso del sistema financiero para lavar dinero; el uso de�empresas y constitución de sociedades; el uso de presta-nombres y, arriba a la conclusión de emitir una condena pro el delito de lavado y de activos, por 12 años de prisión”.�“Sumando ambas, se le condena a una pena de 22 años de prisión. Asimismo, se condena en responsabilidad civil por ambos delitos”.