La Fiscalía acusó formalmente a María Fernando Granada Romero, exgerente del Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano de Zarzal (Inviza); y a Ana Milena Domínguez Restrepo, auxiliar administrativa de la entidad, por su presunta participación en la desviación de doscientos cincuenta y cuatro millones novecientos mil pesos ($254’900.000).
Las dos mujeres fueron señaladas de los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documentos público y falsedad en documento privado.
Los hechos investigados fueron conocidos el 9 de mayo de 2017, con un informe de control interno realizado por la Contraloría Departamental de Valle del Cauca al manejo de los recursos del Inviza, que puso en evidencia supuestas irregularidades financieras en el manejo de los giros que transfirió la administración municipal de Zarzal.
De $781´043.902 que llegaron al Inviza en 2016, se habrían desviado $254’900.000 a las cuentas de la entonces tesorera, Blanca Leonor Ruíz Durán, y de una de sus auxiliares administrativas.
En la acusación, la Fiscalía resaltó que la gerente del instituto, como ordenadora del gasto y acorde al manual de funciones, era la persona encargada de la guarda y manejo de los bienes y recursos de dicha entidad, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía. Al parecer, la entonces funcionaria faltó a esos criterios, no vigiló la ejecución del gasto ni puso en conocimiento de las autoridades lo que ocurría y había sido alertado con anterioridad por algunos contratistas.
Por estos mismos hechos, la Fiscalía logró condena de 14 años y 5 meses de prisión para Blanca Leonor Ruíz Durán, extesorera del Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano de Zarzal (Inviza).
