Fiscalía confirmó corrupción con plata de pandemia en 13 departamentos
Fiscalía confirmó corrupción con plata de pandemia en 13 departamentos
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
El ente acusador señala que ha llevado ante la justicia a 3 gobernadores. La Fiscalía acaba de acusar ante la Corte Suprema de Justicia al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades de contratación con motivo de la emergencia sanitaria por el covid-19.
El mandatario firmó un contrato de forma directa con la Fundación Chocó Saludable por más de 2.000 millones de pesos para dar charlas a comunidades indígenas y afros, así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales
La Fiscalía cuestionó que la convocatoria fue dirigida a entidades de otra región que, al parecer, “no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas y que su propósito”, además, “desconoció las verdaderas necesidades de las poblaciones priorizadas, y desatendió las deficiencias en salud pública”.
Este es uno de los casos judicializados por la Fiscalía General, que creó grupos especiales para garantizar el seguimiento de los contratos firmados en el país desde el año pasado para enfrentar los efectos de la pandemia.
El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, anunció que el ente acusador haría un estricto seguimiento para evitar que particulares, funcionarios y mandatarios se apropiaran de recursos del Estado “bajo la apariencia de actuar motivados en brindar suministros a la población más vulnerable y afectada”.
No tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas y que su propósito
A la fecha, los investigadores han examinado seis mil contratos por cuantía de 667.539’927.490 pesos.
Tras adelantar investigaciones en todo el país, se han encontrado posibles irregularidades que han llevado a la realización de 27 imputaciones de cargos en 13 departamentos (Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés).
Otros dos gobernadores, el de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, y el de Putumayo, Florencio Rosero Peña, también fueron llevados ante la justicia, y según un informe de la Fiscalía tienen medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.
El primero responde por presuntas irregularidades en un contrato por 500 millones de pesos para material publicitario suscrito durante la emergencia, y el segundo, por presuntas “irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato del 1.º de abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por 3.460’634.610 pesos para atender la pandemia de covid-19”.
Igualmente, la Fiscalía les imputó cargos a dos exalcaldes de localidades de Bogotá, entre ellos el de Los Mártires, vinculado a un contrato por 600 millones de pesos para atención humanitaria. El contrato no habría tenido “una correcta planeación ni tuvo en cuenta requisitos previstos en las normas de contratación pública”.
Irregularidades y sobrecostos detectados en un contrato (…) para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para el departamento, por 3.460’634.610 pesos para atender la pandemia de covid-19
Además, se detectó ausencia de estudios de mercado y de la población por beneficiar, desconocimiento de los valores de los productos incluidos en los kits alimentarios y de bioseguridad.
Actualmente, dice la Fiscalía, están suspendidos por medida de aseguramiento dos alcaldes, el de La Palma (Cundinamarca) y Palocabildo (Tolima). Y están vinculadas 88 personas; entre ellas, 50 funcionarios, incluidos 17 secretarios de despacho (4 secretarios de Salud, 9 de Gobierno, 2 de Educación, y 2 de Planeación), 4 supervisores, 5 asesores jurídicos, 3 directores, 1 exdirector, 1 asesor de despacho y 4 concejales, así como 25 contratistas y 13 particulares.
