Fiscalía desarticula red que habría comercializado más de 20’000.000 de dólares en oro extraído ilícitamente

Fiscalía desarticula red que habría comercializado más de 20’000.000 de dólares en oro extraído ilícitamente

Fiscalía desarticula red que habría comercializado más de 20’000.000 de dólares en oro extraído ilícitamente

Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)

  • Siete personas fueron judicializadas, entre ellas cuatro integrantes de una misma familia y un funcionario de la Alcaldía de Timbiquí (Cauca).

  • En otra acción contra la minería ilegal fueron capturados siete hombres y una mujer que, al parecer, obtenían carbón de manera ilegal y generaban grave daño ambiental en una vasta zona de Leguazaque (Cundinamarca).

La Fiscalía General de la Nación lideró dos acciones investigativas y judiciales distintas en defensa de los recursos naturales. 16 personas fueron capturadas, presentadas ante jueces de control de garantías e imputadas por diferentes delitos.

  • Cae clan familiar que estaría involucrado en la comercialización ilegal de oro

La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cauca de la Fiscalía, en un trabajo articulado con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional desarticularon una red señalada de comercializar el oro extraído ilegalmente de los entables mineros en Timbiquí y Guapi (Cauca).

A través de la comercializadora NATAN, esta organización habría reportado ante las autoridades la venta de oro por más de 20’000.000 de dólares en los últimos cuatro años. Para soportar esta millonaria suma, que triplicaría el presupuesto anual de Timbiquí, fue anexada documentación en la que se afirmaba que el mineral era comprado a barequeros de Cauca.

Los mineros artesanales que aparecían en el papel, al parecer, no negociaron oro con la citada empresa o, por lo menos, nunca en las cantidades indicadas. El material de prueba da cuenta de que los nombres de estos trabajadores, supuestamente, fueron entregados a la organización delictiva por Claudio Gilberto Hernández Lerma, un funcionario de la Alcaldía de Timbiquí (Cauca) que tenía a cargo esta información.

En las verificaciones se constató que, inicialmente, el oro que salía de los frentes de explotación ilegal era adquirido en dos compraventas de Timbiquí y Guapi (Cauca) y, luego del uso fraudulento de los datos de los barequeros y otras maniobras de legalización, lo vendían a una fundidora internacional.

De esta manera, la estructura habría lavado algo más de 2’000.000 de dólares, sólo en 2018. Los análisis continúan.

Las evidencias indican que todo el andamiaje ilegal sería coordinado desde Sabaneta (Antioquia) por Aldemar Alberto Sáez Lozano; su compañera sentimental, Ana Milena Pineda Muñoz; y dos de sus hijos, Carlos Alberto Sáez Jaramillo y Camilo Sáez Pineda. Adicionalmente, estarían involucrados Roberto López Valencia, quien fungía como representante legal de comercializadora NATAN; y José Julián Vásquez Arboleda, supuesto responsable de la documentación fraudulenta.

Las siete presuntos integrantes de la red, entre ellos el servidor público, fueron capturados en diligencias realizadas de manera simultánea en Medellín y Sabaneta (Antioquia), y en Timbiquí (Cauca). En los procedimientos se incautaron $20’650.000 en efectivo, seis teléfonos celulares y abundante documentación.

La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y fraude procesal. Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

  • Socavones en Cundinamarca

ÂEn otro resultado, investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional, capturaron en situación de flagrancia a nueve personas que extraían carbón, en la modalidad de socavón, en la vereda La Cuba de Lenguazaque (Cundinamarca).

En el lugar se constató perdida de capa vegetal, daños al suelo y otros efectos ambientales irreversibles; así como el ejercicio de la actividad sin los permisos de ley.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de daño en los recursos naturales, y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.

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