Mediante empresas fachada de compra de bienes raíces habrían sido legalizados más de 72.000 millones de pesos. Más de 72.000 millones de pesos producto del tráfico internacional de droga, dirigido por el ‘clan del Golfo’, entraron al mercado colombiano a través de una red ilegal de lavado de activos que usaba una empresa de bienes raíces como fachada.La Fiscalía dejó al descubierto esta organización y procedió con la captura y judicialización de seis de sus miembros.
A través de la investigación de rastreo financiero de personas del círculo de Juan José Valencia Zuluaga, alias ‘Falcon’, uno de los cabecillas extraditados de las ‘autodefensas gaitanistas’, el ente acusador dio con una presunta sociedad dedicada a la compra de bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, con el precedente de la actividad criminal, desenmarañaron un entramado delictivo que se valía de esta apariencia para hacer legal el patrimonio ilícito de este grupo.
En los registros figuraban como representantes, contadores, revisores fiscales, entre otros cargos. «Los elementos de conocimiento dan cuenta de que se trataría de fachadas utilizadas para darle tránsito y apariencia de legalidad a algo más de 72.697 millones de pesos producto del envío de cocaína desde el Caribe colombiano a destinos internacionales», aseguran desde la Fiscalía.
Alias ‘Falcon’ fue capturado y judicializado en mayo de 2021, y enviado en extradición por solicitud de Estados Unidos el 27 de julio de 2022. Actualmente paga una pena de 14 años de prisión, dictada por una Corte del Distrito Sur de La Florida por cargos relacionados con narcotráfico.
Por su parte, los miembros de la red de lavado de dinero que fueron capturados en diligencias realizadas en conjunto con la Dijin de la Policía Nacional, en Medellín, son Marco Tulio y Sandra Milena Uribe Naranjo, Fredy Alexander Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
Ahora se encuentran a disposición de un juez de control de garantías y bajo detención domiciliaria.