Los agentes fiscales Nathalia Silva Esteche, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N° 1, y Luz Guerrero, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero N° 9, imputaron al ex dirigente deportivo Diego Benítez por la presunta participación en hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
Fueron imputados igualmente por las mismas causas, Karen Alcira Ortellado, Verónica Elizabeth Ortellado Talavera y Gabriela Magalí Ortellado Talavera.
“La hipótesis fáctica sostenida por el Ministerio Público es que las empresas Preferente SA, Prominente SA y Pinturas Tupa SA (sociedades integradas por Diego Isaac Benítez y su esposa Karen Ortellado Talavera) habrían sido utilizadas para ocultar o disimular, con el ingreso al sistema financiero, dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con el envío de sustancias estupefacientes al extranjero, en el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2019 a febrero del año 2021”, se lee en el documento de la imputación.
Asimismo, se señala que las firmas Bonagro SA, Transporte Sky Line SA, Seguridad Skanderberg SA e inmobiliaria Casa Nossa SA habrían sido constituidas por Diego Benítez, Verónica Ortellado y Gabriela Ortellado, para disimular el origen de los activos que provienen de la comisión de hechos punibles de tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes.
El acusado se encuentra fuera del país, en los Emiratos Árabes, y cuenta con una orden de captura internacional.
En agosto, autoridades judiciales de los Emiratos Árabes comunicaron a la Justicia local que Benítez puede ser extraditado al país por la causa de presunto narcotráfico.
El ex dirigente deportivo es requerido por las autoridades locales en el marco de la megacarga de 16 toneladas de cocaína que fue incautada en febrero del 2021 en Hamburgo, Alemania.
El ex dirigente también está vinculado con un cargamento de siete toneladas que habría sido comercializado en Europa.
Medidas cautelares
Asimismo, las agentes fiscales Nathalia Silva Esteche y Luz Guerrero solicitaron la aplicación de medidas cautelares.
En el caso de Diego Benítez ratificaron la orden de captura internacional, mientras que en el caso de Karen Ortellado, Verónica Ortellado y Gabriela Ortellado, se solicitó que estas sean convocadas a audiencia y el registro de movimiento migratorio de las mismas para constatar si están en territorio nacional.
Igualmente, se solicitó la prohibición de innovar y contratar sobre inmuebles registrados a nombre de los imputados y las empresas utilizadas por estos para la comisión de los hechos punibles de lavado de dinero. Esto también afecta a los automóviles de los acusados.
Asimismo, se solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias y financieras de los imputados.
