En cumplimento de las investigaciones que se adelantan por hechos de corrupción en la planeación, contratación y ejecución de proyectos en el departamento de La Guajira, la Fiscalía imputará cargos por las presuntas irregularidades encontradas en el convenio firmado entre la Gobernación y el Fondo Mixto.
Los hechos se relacionan con un contrato firmado el 14 de abril de 2015, entre el gobernador para la época José María Ballesteros y el representante legal del Fondo Mixto, César Henríquez Mendoza, que buscaba fomentar actividades artísticas y culturales para el fortalecimiento e impulso del sector cultural de La Guajira, en el marco de los 50 años del departamento.
El convenio tenía un plazo de ejecución de siete meses y en principio fue firmado por un valor de $1.120.000.000 (mil ciento veinte millones de pesos), tiempo después se aprobó una adición de $550.000.000 (quinientos cincuenta millones de pesos), para un total de $1.670.000.000 (mil seiscientos setenta millones de pesos).
Las pruebas recaudadas por la Fiscalía demostrarían que en el proceso de contratación habrían vulnerado los principios de transparencia y planeación, toda vez que se encontró que los estudios previos no coinciden con lo acordado, las actividades culturares no se ejecutaron en su totalidad, y posiblemente se alteraron documentos y firmas en desarrollo del proyecto. Irregularidades que según tiene documentado el ente investigador habrían permitido la apropiación de recursos públicos, por más de $590.764.429 (quinientos noventa millones, setecientos sesenta y cuatro mil, cuatrocientos veintinueve pesos).
Las personas citadas a imputación de cargos son:
- César Augusto Henríquez, representante legal del Fondo Mixto.
- Edita Rojas Atencio, Supervisora y directora de Cultura y género de la época.
Los dos investigados serán imputados ante un Juez de Control de Garantías por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Con respecto al gobernador de la época José María Ballesteros, desde el pasado 26 de septiembre 2017, se compulsaron copias ante la delegada de la Corte Suprema de Justicia para que se adelanten las investigaciones pertinentes.
