Fiscalía imputó a Emilio José Tapia Aldana por presuntos actos de corrupción en proceso de contratación con las Empresas Municipales de Cali (Emcali)
Fiscalía imputó a Emilio José Tapia Aldana por presuntos actos de corrupción en proceso de contratación con las Empresas Municipales de Cali (Emcali)
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
El procesado estaría involucrado en la falsificación de documentos para quedarse con dos contratos por valor de 6.212 millones de pesos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputo a Emilio José Tapia Aldana los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
El material de prueba da cuenta de que, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021.
En la investigación se conoció que Tapia Aldana, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente.
Uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30% del valor de cada uno de los contratos. Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido falsificados dos documentos denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali.
Con esta maniobra ilegal, al parecer, se hizo incurrir en error a los funcionarios a cargo de la contratación, quienes permitieron al conglomerado de Tapias Aldana perfeccionar la oferta y dieron aval administrativo para que se quedara con los respectivos contratos.
Actualmente, Emilio José Tapia Aldana permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, como parte del proceso que se sigue en su contra por la posible participación en un entramado de corrupción denominado ´Centros Poblados´, en el que se apropiaron recursos de un contrato que pretendía garantizar internet a escuelas rurales del país.
