Fiscalía imputó a exalcalde de Turbaco (Bolívar), y otras dos personas por presuntos actos de corrupción
Fiscalía imputó a exalcalde de Turbaco (Bolívar), y otras dos personas por presuntos actos de corrupción
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena, formuló cargos en contra de Myron Martínez Ramos, exalcalde del municipio de Turbaco (Bolívar), Jairo Doria Ruíz, excontratista y representante legal de la Asociación Amussim y María Faride Agudelo Marín, exinterventora y representante legal de la Colombia Fraterna, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por omisión.
Los hechos investigados acontecieron entre el 19 de marzo y el 18 de junio de 2014, y están relacionados con las presuntas irregularidades en el trámite y la celebración de dos contratos realizados por el exmandatario, con la Asociación Amussim y el otro con Colombia Fraterna, para la construcción de la Unidad Deportiva La Granja 1 que serviría de recreación a los habitantes de Turbaco.
Labores de Policía Judicial permitieron detectar que el primer contrato, al parecer, se realizó sin el requisito legal de planeación ya que el terreno donde se inició la obra no era de propiedad del municipio.
La construcción debió cambiar de lugar, pero para ello necesitaba la aprobación del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), entidad encargada de aprobar los proyectos financiados con recursos de regalías municipales, trámite que supuestamente no se hizo.
La obra quedó inconclusa, abandonada y con ello se presentó un detrimento patrimonial de más de 1.300 millones de pesos que se le había anticipado al contratista Doria Ruíz.
El segundo contrato con Colombia Fraterna, que tenía el objeto de realizar la interventoría de esa unidad deportiva, tampoco se habría cumplido, debido a que su representante legal María Faride Agudelo, presuntamente omitió su labor de seguimiento y vigilancia respecto a las alertas y suspensiones de la obra, para la cual la administración municipal le había anticipado 50 millones de pesos.
