Fiscalía logra reintegro de más de 14.700 millones de pesos comprometidos en actos de corrupción en Guainía
Fiscalía logra reintegro de más de 14.700 millones de pesos comprometidos en actos de corrupción en Guainía
Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)
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Este hecho sin precedentes es producto de un preacuerdo suscrito con los exgobernadores Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, el cual fue avalado por la Corte Suprema de Justicia.
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Los exmandatarios aceptaron 128 eventos delictivos; y cumplirán penas superiores a los 11 y 9 años de prisión, respectivamente.
El trabajo investigativo realizado por la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia una situación de macrocriminalidad en Guainía, en la que los exgobernadores Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado actuaron en contravía del mandato constitucional y comprometieron dineros públicos destinados a aliviar las necesidades de la ciudadanía.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de un grupo de policía judicial, demostró que los dos exfuncionarios se concertaron de manera ilegal, direccionaron la contratación del departamento entre 2013 a 2019, y desviaron los recursos en beneficio personal y de los contratistas seleccionados.
De esta manera, quedó al descubierto un acuerdo ilegal. Inicialmente, el exgobernador Rodríguez Sánchez creó una diversidad de empresas y las puso a nombre de conocidos y familiares, con el propósito de quedarse con contratos de obras civiles, construcción de acueductos y cubrir proyectos de saneamiento básico para comunidades indígenas y población vulnerable.
Por su parte, Zapata Parrado, tan pronto asumió el cargo, dio continuidad a la ‘maraña’ de contratos que de manera irregular dejó comprometida su antecesor.
Ante la contundencia de las pruebas, los exgobernadores aceptaron mediante preacuerdo su participación en el entramado de corrupción y se comprometieron a devolver 14.794’564.100 pesos, que corresponden al detrimento patrimonial generado. La Fiscalía dispuso en la negociación judicial que la suma fijada como reintegro quedará a título del departamento de Guainía y será orientada a subsanar las deficiencias en bienes y servicios de la ciudadanía, y culminar todas las actividades y compromisos que no se ejecutaron.
El preacuerdo recibió aval de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, los exmandatarios Rodríguez Sánchez y Zapata Parrado deberán cumplir penas de 11 años y tres meses, y 9 años y un mes de prisión; y pagar multas equivalentes a 4.103 millones de pesos y 2.036 millones de pesos, respectivamente.
Responsabilidades individuales
Como parte del acuerdo judicial los procesados reconocieron 128 eventos delictivos, de la siguiente manera:
- Óscar Armando Rodríguez Sánchez, gobernador entre 2013 y 2016, aceptó el delito de concierto para delinquir agravado, 35 hechos de peculado por apropiación en favor de terceros, 38 casos de interés indebido en la celebración de contratos y 5 eventos de cohecho propio. Por estas conductas, se fijó el reintegro de 9.761’128.118 pesos, de los cuales ha devuelto más de 6.219 millones de pesos al transferir a nombre del departamento de Guainía el dominio y propiedad de un inmueble rural.
- Javier Eliécer Zapata Parrado, quien ejerció como gobernador en el período 2016 – 2019, reconoció su autoría en 24 eventos de interés indebido en la celebración de contratos, 15 actos de peculado por apropiación en favor de terceros, 3 más de cohecho propio, 1 de corrupción de sufragante, 4 de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y 1 de fraude procesal.
En la investigación se constató que el entonces mandatario departamental, además de los actos ilegales detectados en la contratación, pagó a los ciudadanos de distintos municipios entre 50.000 y 200.000 pesos para que votaran a su favor; y en algunas oportunidades entregó mercados con ese mismo propósito.
En el preacuerdo el señor Zapata Parrado se comprometió a retornar 5.033’435.982 pesos, de los cuales ha reintegrado más de 3.838 millones de pesos mediante la transferencia de dominio y propiedad de un bien.
