La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó a Juan Carlos Ila apertura de las tres investigaciones sobre su patrimonio por posible delito fiscal antes de que el monarca realizara sus regularizaciones, lo que podría invalidarlas, ya que, según marca la ley, éstas deben realizarse antes de recibir el aviso de la Agencia Tributaria.
Las notificaciones se produjeron en junio, noviembre y diciembre de 2020 a través del abogado del anterior jefe del Estado, Javier Sánchez-Junco, según fuentes conocedoras de la investigación citadas por el diario El País. En cada uno de los escritos se invitaba al Rey emérito a personarse en las diligencias, pero en ninguno de los tres casos hubo respuesta.
Las dos primeras notificaciones se produjeron antes de que, el pasado 9 de diciembre, el letrado de Juan Carlos I hiciera público que éste había presentado “sin requerimiento previo”, una regularización fiscal “por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos”; mientras que la tercera se realizó con carácter previo a la segunda regularización que, por valor de casi 4,4 millones, tuvo lugar en febrero de este año.
Lo que marca la ley
El hecho de que las regularizaciones se produjeran después de recibirse las notificaciones podría invalidar los ajustes fiscales del monarca, ya que el artículo 305.4 del Código Penal señala que la regularización neutraliza la acción penal siempre y cuando “se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o inves [al presunto defraudador] conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.
La primera notificación, de junio de 2020, informaba de la investigación sobre el origen de los 100 millones de dólares (65 millones de euros) que el rey saudí Abdalá bin Abdelaziz entregó a Juan Carlos I y este acabó traspasando en 2012 a Corinna Larsen. Las pesquisas apuntan a que el dinero procedía supuestamente del pago de comisiones por el Ave a La Meca por la intermediación del monarca, quien habría conseguido una rebaja del 30% del precio de licitación del proyecto.
La segunda regularización que presentó el Rey emérito, el pasado 25 de febrero, por valor de 4.395.901,96 euros, “sin requerimiento previo de clase alguna, incluyendo intereses de demora y recargos”, según el comunicado de su abogado, no respondía a ninguna de las tres investigaciones en marcha en la Fiscalía sino al pago de viajes de Juan Carlos I por parte de la Fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans, unos hechos investigados en Suiza.
