Fiscalía ordena detención del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria
La decisión la tomó el ente investigador luego de resolver la situación jurídica del gobernador, en el marco de un proceso por supuestas irregularidades en un contrato firmado en su primera administración en 2005. La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en contra del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en un proceso por supuestas irregularidades en contratación. El caso está relacionado con las mejoras hechas en la vía que comunica a Caucasia con Puerto Berrio -más conocida como la Troncal de La Paz- que le representaron al erario una inversión de más de $41.000 millones y que tuvo dos adiciones que juntas suman $28.000 millones.
Este proceso se remonta a cuando Gaviria Correa se desempeñó como gobernador de Antioquia por primera vez entre 2004 y 2007. Según la Fiscalía, «el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $ 1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia».
#ATENCIÓN Un fiscal delegado ante la @CorteSupremaJ resolvió la situación jurídica del gobernador de #Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, por presuntas irregularidades en contratación cuando fue gobernador en 2004-2007.
El fiscal del caso advirtió que las dos adiciones al contrato inicial tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una que representó cerca de $4.000 millones para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal y otra, mediante un otro sí, que se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia). «Este último asunto, que comprometió más de $16 mil millones debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original», agregó la Fiscalía.