Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramuros contra funcionarios de la Rama Judicial de Villavicencio
Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramuros contra funcionarios de la Rama Judicial de Villavicencio
Fuente: FISCALIA (Ver Noticia Original)
Ante el Juzgado 47 Penal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de la medida de aseguramiento en contra de diez de los capturados —entre civiles y funcionarios de la Rama Judicial de Meta— por supuestamente otorgar libertades y beneficios penales a procesados por narcotráfico, abusos sexuales, bandas delincuenciales y otros delitos.
Para fundamentar la medida restrictiva de la libertad, la Fiscalía mostró cerca de 80 audios extraídos de interceptaciones telefónicas, en los cuales aparece la exsecretaria de un juzgado de familia, quien posteriormente fungió como encargada de un juzgado de ejecución de penas, desde donde se presume cometía los ilícitos. La mujer actualmente es buscada por las autoridades.
Entre los beneficiados con las resoluciones irregulares de libertad o permisos de movilidad sin restricciones nacionales aparecen las otorgadas al presunto traficante de drogas, Ángel Humberto Espitia, al cual se le concedió la detención domiciliaria, y a Julio Alberto Preciado Oñate, sentenciado a ocho años de cárcel por tráfico, fabricación y porte ilegal de armas.
La solicitud de la medida privativa de la libertad fue hecha en contra de Fabián Ríos Cortés, José Luis Rangel Núñez, Arismendy Barela Moreno, Jefrey Torres Torres, Alison Fabián Nandez, Viviana Vega, Julio Alberto Preciado, Blanca Ruth Salazar, Raúl Hernán Árdila y Eduardo de Jesús Rezo Ovalle.
Las interceptaciones telefónicas
Entre las conversaciones interceptadas aparecen la de la abogada Viviana Vega Vásquez con el procesado Julio Alberto Preciado Oñate, en la que se reestablece el precio para cometer un ilícito.
“Ya hablé con mi amigo, y le van a dar una resolución para que si se la piden la muestre, no tiene restricciones a nivel nacional por si lo paran. Pero hay un problemita el precio se subió a 30 millones de pesos”, sostiene Viviana con su interlocutor.
En otra de las llamadas de febrero de 2016, la juez —a quien buscan las autoridades— con la abogada Viviana Vega Vásquez afirma que “eso vale 15 millones, es el permiso para que sea nacional mejor todavía, y otros 5 millones para los del centro de servicios, para los de reparto. Allá eso lo maneja un ingeniero para borrar o agregar la información al sistema”.
Asimismo, entre las interceptaciones exhibidas como elementos de prueba, aparece la del 25 de mayo de 2016, entre la juez y José Luis Rangel Núñez:
“Le quiero mandar para la botellita de Whisky, mándeme el número de su cuenta para hacerle la consignación por la mañana, ya sabe, para que se emborrache a mi nombre, pero mándeme rapidito su número de cuenta y a qué banco para hacerle llegar eso”, sostenía en la conversación telefónica la juez a José Luis Rangel Núñez.
En otra de junio de 2016, se escucha a la misma juez con una persona aun no identificada, quien le decía “necesito que me haga llegar toda la documentación con la argumentación, y luego nos reunimos en la finca y le digo si se puede o no”.
De acuerdo con la fiscal encargada del proceso penal, estas personas cobraban entre 20 y 80 millones de pesos por los trámites.
Igualmente, la fiscal advirtió que el mayor Fabián Ríos Cortés y el dragoneante Jefrey Torres pusieron el centro penitenciario de la población de Guaduas (Cundinamarca) al servicio de la organización ilegal, pues habrían otorgado cupos a reclusos en otras cárceles del país.
Por lo pronto, el Juzgado 47 de garantías resolverá el próximo fin de semana la petición del ente acusador sobre la privación de la libertad de los capturados, “dada la peligrosidad, la gravedad de los delitos y la urgencia por la posible obstrucción a la justicia”, agregó la fiscal.
