Fiscalía y ‘la Patrona’ negocian para llegar a fichas de fraude a Dian
Fiscalía y ‘la Patrona’ negocian para llegar a fichas de fraude a Dian
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Es señalada de liderar red que con facturas falsas facilitó el desvío de más de 2 billones de pesos.En una bodega en el concurrido sector de Ricaurte, en el centro de Bogotá, funcionó durante una década una sofisticada red que con facturas falsas habría logrado que empresas legales se quedaran con recursos del IVA por más de dos billones de pesos.
“Ha caído el cartel del IVA, uno de los carteles más grandes que tenía el país (…), ha caído ‘la Patrona’ ”, señaló el presidente Iván Duque en agosto de 2019 al anunciar los resultados del operativo de la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Duque calificó la actividad de la red como una grave práctica de corrupción que afectaba los recursos públicos y pidió a las autoridades seguir investigando para llegar a los funcionarios vinculados a la organización y a las empresas que pagaron para obtener sus servicios ilegales y quedarse con recursos de los colombianos.
La Fiscalía está a punto de sellar un acuerdo de colaboración con la cabeza de la red, que podría adelantar ese objetivo de judicializar no solo a los funcionarios implicados en hechos de corrupción sino a las empresas que se lucraron con las actividades ilegales de la red.
EL TIEMPO confirmó con fuentes oficiales que en juicio solo quedan los casos de Carlota Elisa Quevedo Guzmán y de Olga Lucía Díaz Guzmán, ‘la Patrona’. Ellas fueron acusadas por la Fiscalía por delitos como enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento privado, y estaban citadas a audiencia preparatoria el día 1.° de diciembre del año pasado.
Sin embargo, la audiencia ante el juzgado quinto especializado de Bogotá fue suspendida por petición de la defensa y con el argumento de que se estaba tramitando un principio de oportunidad que podría dar por terminado el proceso.
La Fiscalía señaló que se renunciaría a la acción penal de los delitos de enriquecimiento ilícito y de falsedad ideológica en documento privado y se firmaría un preacuerdo por concierto para delinquir.
Así, la mujer que se convertiría en testigo del ente acusador lograría una sustancial reducción de la pena, pues sería condenada solo por un delito. A cambio tendría que dar colaboración efectiva a las autoridades.
El general en retiro Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que realizó el operativo contra la red, dijo a este diario que ‘la Patrona’ manifestó después de su captura que ella solo era un pequeño eslabón de esa cadena de corrupción y que había “personas mucho más grandes” vinculadas al negocio ilegal.
El oficial (r) señaló que antes de salir del cargo se logró avanzar en nuevas líneas de investigación para llegar a otras personas que estarían asociadas a fraudes similares contra el Estado.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que la negociación sigue avanzando y que se espera concluir antes del próximo jueves 25 de febrero, cuando está citada nuevamente la audiencia ante el juez del caso, ante quien se debe presentar el principio de oportunidad y el preacuerdo, o seguir adelante con la audiencia preparatoria sino se sella un trato.
En todo caso, la directiva del fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, frente a este tipo de casos es que se debe garantizar que quienes recibirán beneficios realmente aporten información valiosay que igual paguen una pena de prisión por sus delitos.
Sus revelaciones no serían de poca monta si se tiene en cuenta que la investigación de la Fiscalía señala que la red “habría alcanzado a tener vínculos con 1.970 empresas naturales o jurídicas que estaban legalmente constituidas, con actividad comercial y sedes reales en varias ciudades del país”, y que además podría llevar a funcionarios implicados en estas actividades ilegales y a otras redes dedicadas al mismo tipo de fraude al Estado.
Habría alcanzado a tener vínculos con 1.970 empresas naturales o jurídicas que estaban legalmente constituidas, con actividad comercial y sedes reales en varias ciudades del país
De hecho, este diario estableció que en la Dian avanza una investigación interna sobre los hechos. El caso disciplinario está en manos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ( ITRC), vinculada a presuntas irregularidades de funcionarios de la Dian, en el caso de ‘la Patrona’. Añadieron fuentes de la ITRC que el proceso se encuentra en etapa de investigación y por ahora es reservado.
El acuerdo no incluye declarar contra los integrantes de su red, pues ella es señalada como la jefa de la organización; y de los ocho capturados, seis ya están pagando sus condenas.
Investigadores de la Fiscalía ya vienen avanzando en una segunda fase de la investigación para llevar ante la justicia a quienes compraron las facturas para justificar compras que solo existían en el papel. Ellos responderán por delitos como concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares. Para el 3 de marzo, a las 8:30 de la mañana, ya está programada una audiencia de imputacióncontra otra persona implicada en las irregularidades.
El ‘modus operandi’
Según la investigación, la red había establecido un entramado empresarial y contable para evadir impuestos. Tenían a su servicio al menos 12 empresas de papel, que aunque estaban constituidas legalmente no tenían sedeni tenían mercancías para vender.
Esas empresas expedían facturas de compraventa para sustentar negocios ficticios de ferretería, construcción, pintura y vidriería, con las que los clientes de la red engañaban a la Dian. A cambio, la organización cobraba un porcentaje de entre el 2,5 y el 12 por ciento de lo que la empresa que los contrataba lograba dejar de pagar de impuestos, o de lo que reclamaban al Estado por devolución del IVA.
La organización –dice la investigación– había reclutado expertos contables para dar apariencia de legalidad a sus operaciones ilegales.
Por estos hechos, el 21 de diciembre del año pasado fueron condenados Tránsito Gómez Chacón, John Carlos Barbosa y Abel Medina Salcedo a 48 meses de prisión.
Ellos llegaron a un preacuerdo para aceptar concierto para delinquir. El juez del caso envió a prisión a Gómez y Barbosa, y a Medina Salcedo le dio casa por cárcel por enfermedad. En febrero de 2020 fueron condenados John Jairo Salazar y Katherine Angélica Contreras Quevedo a una pena de cinco años y seis meses de cárcel.