Hallazgos y tropiezos del fiscal ad hoc en el caso Odebrecht

Una semana después de haber insistido en esta comunicación llegó la respuesta. El fiscal Daniel Hernández, quien se volvió la mano derecha del exfiscal Martínez en los procesos de Odebrecht, remitió a Espinosa varias fotocopias de las carpetas correspondientes a las líneas de investigación solicitadas. Sin embargo, el fiscal ad hoc detectó que Hernández no le entregó el material completo: “Solicité (…) que se suscribiera un acta detallada de la información contenida en las mismas y que se me entregaran los doce mil folios que, según él [Hernández] me indicó en una reunión sostenida el 8 de enero de 2019, reposan en los archivos digitales”.

El pasado 9 de enero, día en el que recibió las fotocopias por parte de Daniel Hernández, el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa obtuvo también, en copia simple, los anexos del expediente de las exministras de Educación, Gina Parody, y de Transporte, Cecilia Álvarez. No obstante, reseñó él mismo, la información contenida en los medios magnéticosnunca llegó a sus manos. Por eso, al día siguiente, Espinosa tuvo que requerir “una vez más, mediante comunicación escrita, los interrogatorios y las declaraciones recopiladas en medios magnéticos que hacen parte integral del proceso [de las exministras], así como los archivos digitales de las tres carpetas y los once cuadernos anexos del proceso”.

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Dos semanas después, el 18 de enero de este año, el fiscal ad hoc pidió los principios de oportunidad que habían sido otorgados a tres exdirectivos de Odebrecht: Luiz Mameri, Luiz Bueno Júnior y Luiz Da Rocha Soares. Un juez de la República ya le había dado su visto bueno a estos principios. Sin embargo, la vicefiscal Riveros le contestó que no podía entregarle nada por fuera de los tres expedientes designados a él, aunque le aclaró que podía conocer el material dentro del búnker. Espinosa, según reportó a la Corte, le tomó la palabra a la vicefiscal y, entre los días 13 y el 25 de febrero, realizó tres inspecciones en el búnker de la Fiscalía.

Luego siguió insistiendo en conocer pormenores para cumplir su deber. Pidió todas las actuaciones y carpetas del expediente matriz de Odebrecht y todos los principios de oportunidad, otorgados o no. “Esta solicitud se cumplió parcialmente con la entrega de 37 carpetas” correspondientes al proceso matriz. No obstante, el 20 de febrero que fue a la Fiscalía a realizar inspección y pidió las carpetas originales relacionadas con el caso de los empresarios y de los peces gordos de Odebrecht, le pasaron copias que “no eran legibles o no reposaban en el expediente a pesar de estar enunciadas”. Entonces pidió los originales y a regañadientes se los entregaron.

Un asunto llamado Daniel Hernández

El 7 de marzo, en una comunicación enviada al abogado Fabio Espitia —entonces coordinador de delegados ante la Corte Suprema y hoy fiscal general encargado—, el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa�dejó plasmada la que, según él, fue la primera inconsistencia que encontró en su camino: el hecho de que el fiscal Daniel Hernández y su fiscal de apoyo, Álvaro Betancur, no hubiesen imputado los cargos de lavado de activos y de concierto para delinquir al excongresista Otto Bula, procesado por los sobornos que Odebrecht pagó para añadir el otrosí del tramo Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol 2, entre otros hechos.

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Espinosa reveló a la Corte Suprema que le pidió a Fabio Espitia investigar a los dos funcionarios por este hecho, pues varios protagonistas del caso Odebrecht ya tenían imputación o acusación a cuestas por los mismos delitos: lavado de activos o concierto para delinquir. En su reporte, por ejemplo, mencionó al exsenador Bernardo Ñoño Elías�y a los cuatro empresarios. Además, como soporte a la compulsa de copias, también hizo referencia a las irregularidades halladas en el proceso que se adelanta contra Eduardo José Zambrano, Gabriel Alejandro Dumar Lora, Gustavo Adolfo Torres Forero y Federico Gaviria Velásquez.

El entonces fiscal ad hoc aclaró que, de manera unilateral, el fiscal Hernández removió ciertos delitos en los borradores de los preacuerdos que entonces negociaba con los empresarios, a pesar de que ya habían sido anunciados en la imputación de cargos. Para el fiscal ad hoc, se trató de una actuación irregular por parte de Hernández y de su fiscal de apoyo Betancur, quienes, según él, debieron haber acudido a un juez para solicitar la eliminación de esos delitos (o sea, que se precluyeran). Así fue como, recalcó Espinosa, de los expedientes de Dumar, Zambrano y Torres desapareció el delito de lavado de activos, y en el de Gaviria, el de tráfico de influencias.

Por cuenta de estos hallazgos, las negociaciones que adelantó el fiscal Hernández no prosperaron. En una audiencia que comenzó el pasado 5 de abril, la Fiscalía ad hoc llamó a los cuatro a juicio por los mismos delitos enunciados en la imputación. Respecto a ese tema, Espinosa consignó en sus informes que se reunió 28 veces con los abogados de los empresarios para replantear los preacuerdos y quedaron listos en un “90 %”. Además, el pasado 11 de abril, el fiscal ad hoc envió un derecho de petición a Fabio Espitia para establecer en qué iba su petición de que los fiscales Hernández y Betancur fueran investigados. Diez días después, recibió respuesta: está en trámite.

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Hace pocos días se conoció de esa solicitud de Espinosa, y el fiscal Daniel Hernández salió a responderle con vehemencia. Sostuvo que siempre se ha acogido a la ley y que tiene un compromiso moral fuerte, pues su papá fue uno de los 12 funcionarios judiciales asesinados en la masacre de La Rochela, en 1989. “Si fuera corrupto, estaría deshonrando su memoria y decepcionando a mi hijo”, le dijo el fiscal a este diario el pasado 23 de mayo. Hernández aclaró que siente que, con la petición de ser investigado, su nombre está “deshonrado” y que su trabajo arduo es el que lo ha llevado a tener casos de la importancia de Odebrecht.

Tras los peces gordos

A pesar de que la compulsa de copias contra los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur se tramitó con agilidad en el ente investigador, no tuvo el mismo desenlace una carta que el fiscal ad hocenvió a Néstor Humberto Martínez, pues el alto exfuncionario nunca le contestó. En el mensaje, que llegó al búnker de la Fiscalía el 23 de abril, Leonardo Espinosa le manifestó “algunas inquietudes” sobre las investigaciones que la administración Martínez adelantó contra Éder Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilton Hideaki, exdirectivos de Odebrecht que abandonaron el país justo antes de que la Fiscalía ordenara su captura, el 20 de julio de 2017.

La primera “inquietud” del fiscal ad hoc se relacionó con un posible conflicto administrativo en torno a qué procesos podía tener acceso en esa investigación. Si bien la Corte Suprema de Justicia únicamente le asignó uno de tres expedientes que existen en Colombia contra los extranjeros, Leonardo Espinosa insistió en repetidas ocasiones que, para entender y tomar decisiones en su despacho, debía tener todos los elementos disponibles en la Fiscalía y de esa manera entender lo que los brasileños y el portugués hicieron en el país. Sin embargo, ni el fiscal Daniel Hernández ni la vicefiscal María Paulina Riveros accedieron a su petición.

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Por el contrario, tanto Hernández como Riveros le dejaron claro que la Corte solo le había asignado uno de los procesos y que no le podían entregar el resto del material solicitado. No obstante, el fiscal ad hocreiteró que lo requería para “tener una visión general” del caso, sin que su insistencia arrojara frutos. Sin embargo, en la carta que le envió a Martínez, Espinosa también anotó que en ese proceso en particular él encontró una “escasa o casi nula actividad investigativa”. En pocas palabras, tras dos años y medio de estallar el escándalo de Odebrecht no había nada contra los hombres que manejaron las riendas de la Ruta del Sol 2.

Se trataba, ni más ni menos, que de tres ejecutivos que conocieron de primera mano las contrataciones irregulares que se gestaron en la Concesionaria Ruta del Sol y el Consorcio Constructor Consol, sociedades que se crearon tras la alianza de Odebrecht y Episol (de Corficolombiana y perteneciente al Grupo Aval). Incluso, Ferracuti y Marangoni fueron señalados por Jorge Pizano, excontroller de la concesionaria, de haber gestado y ordenado el pago de sobornos por medio de contratos ficticios con empresas como Profesionales de Bolsa (de Gustavo Torres), Consultores Unidos (de Eduardo Zambrano) y Sion (de Gabriel Dumar).

Mientras Eder Ferracuti fue director de la Concesionaria Ruta del Sol, encargada de todas las labores administrativas; Marcio Marangoni dirigió Consol, consorcio mediante el cual se contrataron las obras de construcción del proyecto. Según los informes del “excontroller” Pizano, los exdirectivos, en especial Ferracuti, fueron quienes nunca permitieron que la información contractual pasara por los filtros y sistemas devigilancia financiera y así evitar el lavado de activos. Es más, a Ferracuti lo señaló de ser uno de los hombres de Odebrecht que constantemente se reunía con el excongresista Otto Bula y el empresario Gaviria para gestionar contratos irregulares.

En las pesquisas del caso Odebrecht salió a relucir otro nombre, Amilton Hideaki, quien ofició como asesor y, en algunas ocasiones, como representante, de la constructora Odebrecht en Colombia. Fue uno de los estrechos colaboradores de Martorelli, presidente de la constructora en Colombia. Incluso Otto Bula señaló a Hideaki de ser el gestor, junto con el abogado colombiano Yezid Arocha —que trabajaba para Odebrecht y tampoco ha sido investigado—, de los falsos contratos que firmaron para legalizar US$4,5 millones de sobornos. En concepto del fiscal ad hocEspinosa, quedaron en evidencia dos problemas mayúsculos.

El primero, que la investigación realmente estaba retrasada; y el segundo, que hubo “irregularidades” con el registro de las órdenes de captura contra los exdirectivos de la multinacional en los sistemas de información, de lo cual depende que una medida de este tipo pueda ejecutarse. Espinosa relató en sus informes a la Corte Suprema que las primeras órdenes de arresto, emitidas el 20 de julio de 2017, sin explicación, no se registraron en el Sistema de Información de Antecedentes y Anotación de la Fiscalía (SIAN). De acuerdo con el fiscal ad hoc, esta omisión “impidió que se libraran las correspondientes circulares azules por parte de la Interpol”.

El 19 de julio de 2018, la Fiscalía pidió la prórroga de las órdenes por un año más. Aun así, las de Ferracuti e Hideaki solo fueron ingresadas al sistema SIAN en agosto de 2018, exactamente 388 días después de que un juez avalara las capturas. Y fue el propio Espinosa quien realizó las gestiones en abril de este año para que la de Marangoni quedara registrada. Además, al encontrar que no existía reporte internacional sobre su condición de prófugos, el fiscal ad hoc envió a la Dijín y a la Interpol la solicitud para proferir las circulares azules. Es decir, más de dos años después de que el exfiscal Martínez anunciara su intención de detenerlos.

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Leonardo Espinosa le explicó a Néstor Humberto Martínez que el mismo fiscal Hernández, en un mensaje de Whatsapp enviado el pasado 13 de marzo al jefe del Departamento de Investigaciones Nacionales, Luis Arturo Buitrago Torres, le reportó que “era innecesaria la ejecución de esas órdenes, si conocíamos por migración que los señores estaban fuera del país, desde enero de 2017”. Es decir: si Ferracuti, Marangoni o Hideaki hubieran querido ingresar a Colombia luego de que se expidieron las órdenes de captura, hubieran podido hacerlo con total libertad, pues los sistemas de información que consultan las autoridades no habrían emitido las alertas correspondientes.

Dineros en fuga

De manera adicional, el fiscal ad hoc manifestó su preocupación de que en ese expediente solamente reposaran la solicitud de abrir investigación formulada por la fiscal Amparo Cerón en julio de 2018, la asignación del caso a Daniel Hernández y una constancia de noviembre de 2018 sobre el inicio de las pesquisas. Espinosa relató a la Corte que por eso ordenó, el 13 de marzo de 2019, una búsqueda selectiva en las base de datos de bancos, a fin de establecer si los exdirectivos tenían productos financieros en el país. Y encontró dos CDT con más de $900 millones que abrió Eder Ferracuti en Corpbanca-Helm en septiembre de 2016.

Y el tema no se quedó ahí. El equipo del fiscal ad hoc se dio cuenta, además, de que el dinero fue retirado ocho días después de que se descubrieran las cuentas. Según advirtió Espinosa al fiscal Martínez, esto sucedió porque desde el comienzo no se adoptaron las medidas dirigidas a evitar que los recursos fueran retirados y que la Fiscalía pudiera recuperar los dineros producto de un posible lavado de activos. Los pormenores de esta historia quedaron incluidos en el último informe que Espinosa envió a la Corte el pasado 21 de mayo, en el que insistió en los reclamos de sus anteriores bitácoras y dio más detalles de su relación con la administración de Néstor Humberto Martínez.

Espinosa escribió que en una comunicación que recibió del director especializado contra la Corrupción, José Alberto Salas, en respuesta a sus preguntas al fiscal Martínez sobre el tema de los CDT, se le increpó por el retiro de los dineros. “Con respeto, pongo de presente que esa investigación se encuentra en poder de su equipo de trabajo desde enero del año 2019 y en marzo se solicitó la referida búsqueda selectiva, informando a la entidad financiera del requerimiento el pasado 14 de marzo de 2019, generando el retiro de los títulos ocho días después de haber entregado la solicitud a la entidad financiera”, contestó Salas a Espinosa.

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La réplica de Espinosa fue que a él le generaba sorpresa esa “apresurada conclusión”, pues su equipo realizó labores que previamente no hicieron los investigadores del caso para lograr identificar los productos financieros. Y luego agregó que la responsabilidad recaía en quienes, antes de su nombramiento, no adoptaron las medidas para evitar la fuga del dinero. El fiscal ad hoc también le informó a la Corte Suprema que quedó programada la audiencia de imputación de cargos contra Ferracuti, Marangoni e Hideaki, para el próximo 27 de junio, por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, en su último reporte, Leonardo Espinosa le contó a la Corte que un abogado de Eder Ferracuti y Marcio Marangoni se presentó en su oficina y le comunicó que sus defendidos tenían la intención de colaborar con la justicia. Asimismo, que en medio de los procesos de acercamiento con el empresario Gabriel Dumar, el 17 de mayo este les entregó un celular con nuevas pruebas. Con el desarchivo del proceso de las exministras Parody y Álvarez, más los avances en los otros expedientes, según Espinosa, cerró su labor como fiscal ad hoc durante más de cinco meses. Su período terminó como consecuencia inevitable de la renuncia del fiscal Martínez y la vicefiscal Riveros el pasado 15 de mayo.

Hoy, sin saberse quién será el fiscal en propiedad que reemplace al encargado Fabio Espitia, los hallazgos que detalló el fiscal ad hocLeonardo Espinosa a la Corte son objeto de detenido análisis en el alto tribunal. Así se lo confirmaron fuentes de la Corte a este diario. A su vez, los expedientes que tuvo Espinosa, con sus adelantos en los mismos procesos, ya están de nuevo en la Fiscalía. Los investigadores tendrán que determinar ahora si siguen la línea planteada por Espinosa, que dejó proyectadas ciertas decisiones para tres de los casos más importantes del escándalo Odebrecht, o si las pesquisas toman otra ruta.

El desarchivo de la investigación de las exministras

Si hubo un caso que no tuvo mayores dificultades entre el fiscal ad hoc y la Fiscalía fue el de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Cuatro meses después de posesionarse, Leonardo Espinosa desarchivó la investigación porque dijo tener “nuevos elementos de convicción” para seguir con las pesquisas.

El caso de las exministras está relacionado con su presunta participación con el otrosí por el que se adjudicó la vía Ocaña-Gamarra, que se conecta con la Ruta del Sol. Según la investigación, Parody, en ese momento ministra de Educación, y Álvarez, cabeza de la cartera de Transporte, firmaron el Conpes que dio vía libre al otrosí. Al parecer, familiares de Parody habrían tenido interés en esta obra.

El fiscal ad hoc aseguró que las nuevas pruebas para reabrir la investigación se recopilaron de decisiones que han adoptado en contra de las ministras la Procuraduría, la Contraloría, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Superintendencia de Industria y Comercio. Espinosa alcanzó a emitir nueve órdenes de Policía Judicial.