Hermano de los Castaño Gil perdió batalla para recuperar bienes

En octubre de 2016, el Tribunal Superior de Bucaramanga, en su Sala de Justicia y Paz, ordenó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo del dominio de dichos inmuebles, luego de que la Fiscalía estableciera que Héctor Castaño los adquirió cuando se dedicaba a administrar los bienes que sus hermanos conseguían a precios irrisorios y bajo coerción de civiles inocentes.

Lo hizo, dijo la Fiscalía, a través de una oficina que se llamaba Caheca, que fue la antecesora de la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, a través de la cual el paramilitarismo despojó miles de hectáreas. No obstante, Héctor Castaño Gil asegura que a pesar de sus hermanos, sus bienes no tienen relación con organizaciones ilegales y que los adquirió con recursos legales.

El 10 de septiembre de 2020, un magistrado de control de garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín�negó el levantamiento de las medidas cautelares al estimar que, al contrario, esos bienes sí se adquirieron de manera irregular dado que Héctor Castaño “cumplía ciertas funciones dentro de la organización ilegal que conformaron sus hermanos”, al menos al principio, en la administración de bienes.

Héctor Castaño Gil impugnó la decisión, al estimar que no hay testimonio que acredite dicho hecho y consideró contradictorio, por ejemplo, el dado por Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, quien dijo que Caheca fue usada para financiar el paramilitarismo. Castaño Gil sacó a relucir que fue Sor Teresa Gómez (condenada por el despojo desde Funpazcor) quien manejaba las cuentas de Vicente Castaño, pero no las suyas.

Además, alegó que nunca administró la cuenta de Caheca�y que compró los bienes en disputa a Vicente Castaño pero cuando este era minero, en 1994, supuestamente antes de volverse paramilitar.

En el proceso, la defensa del también jefe paramilitar Salvatore Mancuso�pidió confirmar la decisión al estimar que la misma no se tomó de manera irregular y que Héctor Castaño Gil omitió reseñar que desde 1988 hasta 1993 los Castaño Gil hicieron parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

En decisión conocida por EL TIEMPO, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantuvo el fallo del Tribunal Superior de Medellín y dejó intactas las medidas cautelares sobre los bienes en disputa.

“Las pruebas acopiadas en el trámite incidental demuestran que el inmueble cautelado con fines de extinción de dominio en favor de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia, no fue adquirido con buena fe exenta de culpa por Héctor Castaño Gil, circunstancia que imposibilitaba acceder a su pretensión, como acertadamente dedujo la primera instancia”, dice el fallo.

La Corte hizo un recuento histórico de los hermanos Castaño Gil, oriundos de Amalfi, que se trasladaron a Segovia en donde fue secuestrado y asesinado por las Farc, a pesar de haber pagado el rescate solicitado, Jesús Antonio Castaño González, el 17 de septiembre de 1979.

En 1983 Fidel Castaño se instaló en la finca ‘Las Tangas’ en Córdoba en donde se conformó el grupo ‘Los Tangueros’ que realizaba acciones contra la guerrilla. En 1984 se alió con Henry Pérez líder, fundador de las autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. Aunque se desmovilizó en 1991, volvió en armas con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, grupo que se consolidó en 1994 con el liderazgo de Carlos y Vicente Castaño. En 1997, nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia.

“No es cierto, entonces, que para el 21 de noviembre de 1991, fecha en la que Héctor Castaño Gil compró los inmuebles materia de este proceso, Fidel Castaño fuera un minero ajeno al accionar delictivo, pues desde 1983 dirigía el grupo ilegal ‘Los Tangueros’, responsable de múltiples crímenes en Córdoba y departamentos vecinos”, dijo la Corte.

Se estableció que ‘Monoleche‘ fue parte de ‘Los Tangueros’ en 1988 y que luego se vinculó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y a las AUC, por lo que –dijo la Corte- “al declarar sobre los inmuebles reclamados por Héctor Castaño Gil sabe de lo que habla”.

“No es especulativa ni carente de soporte probatorio la afirmación de la primera instancia, acorde con la cual Caheca era una oficina de propiedad de Carlos y Héctor Castaño Gil a través de la que se manejaban los bienes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, dijo la Corte que tuvo en cuenta el testimonio de Sor Teresa Gómez y otros que coinciden en que Héctor Castaño sí trabajaba para sus hermanos.

Por ejemplo, que este “administraba la oficina de Montecasino�en la ciudad de Medellín, sabía de las actividades de sus familiares y estaba encargado de hacer los pagos necesarios para el funcionamiento de todas sus actividades -lícitas e ilícitas-. El incidentante, incluso, reconoció haber trabajado para Fidel en la ciudad de Medellín como encargado de los gastos de la familia y del negocio de ganado”.

“No es mentira, entonces, la vinculación laboral de Héctor Castaño Gil con su hermanos y su conocimiento de las actividades ilícitas de aquellos, situación que se ratifica con la probada existencia de la oficina Caheca –que significa Carlos y Héctor Castaño Gil-, utilizada, según los testigos, para el manejo financiero de las actividades familiares, incluidas las ilícitas”, dijo la Corte.

Se precisó que los inmuebles eran de Vicente Castaño, que los adquirió en 1985 y los puso a nombre de su esposa. Ella traspasó la titularidad a Humberto Quijano González y éste a Jesús Alirio Escobar Mejía, quien lo transfirió a Héctor Castaño Gil. Sin embargo, Escobar Mejía en realidad era trabajador de Fidel Castaño.

“Cuando Héctor Castaño Gil adquirió los inmuebles – 21 de noviembre de 1991 mediante escritura pública 3635 de la Notaría 10 de Medellín- sabía que eran de propiedad de su hermano Vicente y que éste se dedicaba a actividades criminales que mezclaba con el comercio de ganado. Era consciente, por tanto, del riesgo de adquirir bienes de origen ilícito, por manera que ahora no puede aducir que actuó de buena fe exenta de culpa”, precisó la Corte.

Además, se probó que Héctor Castaño donó varios bienes a Funpazcor, todos adquiridos por Vicente, Fidel, Carlos y el mismo. “Las escrituras acopiadas por la Fiscalía dan cuenta de ese hecho y si el incidentante pretendía controvertir la autenticidad de esos documentos públicos, tenía la carga procesal de probar la falsedad. Sin embargo, no aportó ningún medio de prueba de tal hecho ni del periodo en que estuvo detenido a efectos de respaldar sus cuestionamientos a los testigos y, por ello, carecen de soporte”.