Los hechos por los que la Procuraduría abrió investigación en contra del exembajador Ninco Daza y el viceministro Gareth Sella

cuatro funcionarios, entre ellos el exembajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza y el viceministro de juventudes Gareth Sella, están en el ojo de la Procuraduría, entidad que les abrió una investigación disciplinaria por comentarios calumniosos en contra de la periodista Diana Saray Giraldo.

Las otras dos personas investigadas son María Niny Echeverry, jefe de la Oficina de Servicios al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y Jaider David Rozo, contratado como periodista en RTVC.

Los comentarios a los que se refiere el Ministerio Público se realizaron entre marzo y junio pasados, a través de X, en los que los ahora investigados señalaban que una información dada por la periodista, en la cadena radial Caracol, había propiciado el homicidio del líder campesino Josué Castellanos, el 5 de marzo de este año, en Tame, Arauca.

El viceministro de juventudes publicó en su cuenta de twitter: «¿Sumercé no es quien estigmatizó a Centro Oriente como “brazo político del ELN” y luego un líder social fue asesinado? Va a mi punto: Poder de Prensa, más no “libertad”. Como cineasta sé el poder que una narrativa puede generar para legitimar una acción. Eso sí me aterra».

Misma teoría que usó el exembajador Ninco Daza para referirse a un trino en el que la comunicadora aseguró que «jamás había sido censurada».  «Diana Giraldo señala que jamás ha sido censurada en sus publicaciones, goza de libertad. Contrasta con la situación del líder campesino Josué Castellanos, que fue asesinado luego de que ella hiciera una publicación en la cual señaló a su organización como colaboradora de una guerrilla. Realmente no defienden la “libertad de expresión”, defienden sus privilegios de su clase», se lee en la publicación.

Para la Procuraduría, estas afirmaciones hechas por los funcionarios, «pudieron atentar contra el buen nombre, honor y honra de la comunicadora y promover un escenario de violencia digital en su contra».

El pasado 5 de marzo, la periodista en mención señaló al movimiento Centro Oriente de Colombia, de una supuesta relación con la guerrilla del Eln, sin nombrar al líder social que fue asesinado. Ese mismo día, a través de redes sociales, esta organización aseguró que la denuncia hecha por el medio de comunicación «pone lápidas en la espalda de las comunidades y líderes de la movilización». Posteriormente, fue secuestrado y ultimado Josué Castellanos.

El presidente Gustavo Petro también reposteó información de la cuenta de X de esta ONG en la que aseveraron: «ayer apuntaron sus micrófonos hacia nosotros y asesinaron a Josué Catellanos. Hoy tenemos cuatro alertas sobre posibles atentados en contra de otros líderes».

Por su parte, varios periodistas salieron en defensa de Giraldo, e incluso ella misma se pronunció alertando sobre el riesgo que corría por estas acusaciones. «Yo no tengo ningún tipo de protección de la UNP. Vengo recibiendo cientos de mensajes amenazantes, donde me señalan de ser la responsable del crimen del líder Josué Castellanos, asesinado por las disidencias. Estos señalamientos del Presidente sin duda me ponen en peligro«, escribió en X.

Además de la apertura de la investigación, en el auto de la Procuraduría también se reconoció a la periodista Giraldo como víctima de violencia de género, «en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1257 de 2008 (…) que establece que las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física y sicológica y a no ser sometidas a ninguna forma de discriminación».

Dentro del proceso disciplinario, el ente de control podrá solicitar, aportar e intervenir en la práctica de pruebas�con el fin de determinar si la conducta se considera una falta que merezca ser sancionada y esclarecer los motivos y la responsabilidad de los investigados.