imputarán cargos a Martha Lucía Zamora de la JEP

Este lunes en el Complejo Judicial de Paloquemao se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra de Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Fiscalía le comunicará que está siendo investigada formalmente por los delitos de abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.  En este caso, la Fiscalía indaga a varios funcionarios de esa jurisdicción que supuestamente habrían actuado «con el fin favorecer indebidamente a exintegrantes de las desmovilizadas Farc».�

(En contexto: Imputarán cargos a Martha Lucía Zamora por presuntas irregularidades en la JEP)

Zamora ya había asistido a un interrogatorio en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, para que diera su versión. En entrevista con El Espectador el pasado 6 de octubre, Zamora aseguró que en ese interrogatorio se le cuestionó por los permisos de salida del país de los exguerrilleros, concedidos por el exsecretario ejecutivo de la JEP Néstor Raúl Correa, entre diciembre de 2017 y abril de este año. «Como durante un tiempo fui coordinadora jurídica de la Secretaría, junto con un equipo que conformé elaboramos un formato para autorizar las salidas del país de unos comparecientes, en diciembre de 2017», explicó.

De acuerdo con Zamora, la primera de las autorizaciones se le concedió a Seuxis Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, quien manifestó que iba a recibir un tratamiento médico en La Habana. La servidora judicial señaló que Correa autorizó todos estos permisos hasta el 2 de abril, así él diga que no los autorizó. «El doctor Néstor Raúl dejó alrededor de 20 formatos firmados en blanco, en enero de este año, para que se utilizaran si se requerían en su ausencia, obviamente con su consentimiento. Cuando el permiso a (Fernando) Arellán se criticó en la prensa, ya el doctor Correa se había retirado. Ante esos cuestionamientos, en la JEP se consideró apropiado poner todos los documentos en manos de la Procuraduría», dijo.

(En contexto: “Todo lo ocurrido es muy sorprendente”: Martha Lucía Zamora)

Correa por su parte fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General por supuestamente extralimitar en sus funciones al autorizar la salida del país de los excombatientes Luis Ermides Bocanegra, Hugo Ancízar Pérez, Fernando Arellán Barajas, Andrés Mauricio Zuluaga, Gustavo Joanis Bedoya, Israel Alberto Zúñiga y Pastor Alape.  Tal y como reveló El Espectador el pasado 10 de octubre, Correa dijo a esa entidad que tales permisos “ocurrieron a sus espaldas” y no tuvo conocimiento de estos.

De igual manera, el ente investigador también le imputará cargos a July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, contratistas de la JEP. Al primero se le endilgarán los delitos de�falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Caicedo Ramírez, por su parte, será investigado por los cargos de falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública.

(En contexto: “Los permisos se otorgaron a mis espaldas”: Néstor Raúl Correa)

Las imputaciones se dan luego de que el fiscal general anunciara la apertura de una indagación preliminar por estos hechos. “Algunos funcionarios inescrupulosos estarían cocinado, en este momento, falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actué en cumplimiento de la constitución y la ley”, aseguró Martínez en su momento.

«Estos funcionarios fueron designados en la Secretaría Ejecutiva de la JEP, durante el período en el que estuvo a cargo Néstor Raúl Correa y no compromete las actividades realizadas por ninguno de los magistrados de la Justicia Especial de Paz«, precisó la Fiscalía. La audiencia se realizará el próximo 16 de octubre a las 9 am en los juzgados de Paloquemao.

Tras conocerse la decisión, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrada Patricia Linares, señaló que confía en las actuaciones del ente investigador. «Estamos seguros que la Fiscalía respetará y garantizará los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso de las personas  vinculadas y de que el ente acusador le dará la debida celeridad a esta investigación, necesaria para la materialización de la paz», señaló.