Investigan posible extorsión en contratos de Ruta del Sol
Investigan posible extorsión en contratos de Ruta del Sol
Fuente: EL NUEVO SIGLO (Ver Noticia Original)
Fue reabierta ayer por la Procuraduría General de la Nación una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la contratación de la Ruta del Sol, que sería el primer llamado de atención que se hizo en el país en el año 2010 por las malas prácticas a las que recurría la firma Odebrecht en Colombia para hacerse a contratos de obra pública.
La queja que por estos hechos fue impetrada por una veeduría ciudadana no prosperó en el Ministerio Público estando al frente Alejandro Ordóñez, la cual afectaba a cuatro funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe.
El procurador General, Fernando Carrillo Flórez, indicó ayer en un comunicado de prensa que como parte de las actuaciones del Ministerio Público frente al escándalo de Odebrecht, ordenó reabrir la investigación por supuestas extorsiones a contratistas interesados en participar en el contrato de Ruta del Sol que fueron denunciadas ante la Entidad el 11 de noviembre de 2010 por el representante de la Red de Veedurías Ciudadanas.
Con esta reapertura de investigación se vinculan al proceso a los señores Daniel García Arizabaleta, en su condición de director del Invias para la época de los hechos; Gabriel García Morales, viceministro de Transporte y gerente encargado del INCO; Juan Manuel Barraza, director de la Comisión Nacional de Regalías; y Miguel Peñalosa, Alto Consejero para las Regiones y Participación Ciudadana, todos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe.
La Procuraduría indicó en el comunicado de prensa que “al encontrar que en el trámite de esta queja tuvo más importancia el debate sobre quién debía ser el competente para llevar el proceso, dejando de lado esfuerzos institucionales para llegar a la verdad, el Procurador ordenó la revocatoria directa del actuado y el traslado del expediente a la Comisión Especial Disciplinaria que lleva el caso Odebrecht”.
Para investigar las presuntas omisiones en el trámite de esta actuación, se compulsan copias a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Explicó también la Procuraduría que la Comisión Especial Disciplinaria para el caso Odebrecht buscará establecer si hubo presiones indebidas a los contratistas y en qué momento fueron hechas.
La queja
Sobre las quejas que se presentaron en el año 2010 ante el Ministerio Público por las presuntas irregularidades en la Ruta del Sol el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “hubo serios reparos al proceso de adjudicación de esa licitación, al punto que se habían hecho señalamientos concretos por cuenta de coimas o beneficios que se habrían recibido en el desarrollo de la misma. Entonces formulamos la queja y desafortunadamente la Procuraduría no contaba con los elementos de juicio, tampoco hizo una investigación seria, responsable, frente a esos graves señalamientos en un megaproyecto, y decidió archivarla”.
Bustos destacó que ahora “la Procuraduría con buen criterio y dados los nuevos elementos públicos de juicio han dado clara cuenta que había razón en los señalamientos y en solicitar que se adelantaran las investigaciones respectivas. Y es lo que ha ocurrido invalidando lo actuado y disponiendo abrir una investigación disciplinaria, ahora sí seria, que ojalá apunte a sanciones ejemplarizantes”.
El Veedor explicó que interpusieron la queja disciplinaria ante el Ministerio Público con base en las denuncias que hicieron llegar ciudadanos, “información que difícilmente lo harían de manera directa a los órganos de control… Entonces como una especie de blindaje, la misma ciudadanía, los intervinientes, nos participaron de alguna información que por la gravedad de las mismas afirmaciones no se hicieron de manera abierta o directa”.
Bustos indicó que en esas denuncias ya salió a relucir el nombre de Odebrecht. “No era para nosotros nuevo en términos de la información que habíamos recibido y los indicios que teníamos, que por esa vía se había esquilmado el patrimonio público y violado los principios de la contratación administrativa”.
Aseguran a Cardona
Con medida de aseguramiento fue cobijado ayer el ingeniero civil Andrés Alberto Cardona, el tercer detenido por el escándalo de Odebrecht, pues ya fueron privados de la libertad el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y el exsenador Otto Bula.
La jueza 20 de control de garantías le dio la razón a la Fiscalía y envió a la cárcel Modelo a Andrés Alberto Cardona por las irregularidades que se habían presentado con un contrato por 244.000 millones de pesos que ganó Odebrecht en Bogotá, en la administración de Samuel Moreno, para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas, que serviría para la descontaminación del río Bogotá.
Cardona es la cabeza de la compañía de la firma contratista ACC Ingenieros, la cual fungió como subcontratista del consorcio Tunjuelo-Canoas adjudicada a Odebrecht.
La jueza dijo que en este caso hubo una «concertación para defraudar al Distrito».
De otra parte, ayer el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, reveló que de las 11 investigaciones que adelante el organismo a su cargo por los sobornos de Odebrecht en Colombia, una de ella involucra a funcionarios de la propia Fiscalía.
«Involucra a toda clase de sectores, inclusive a la propia Fiscalía General de la Nación, y todo va a quedar develado, y nos vamos a proponer hacerlo en el curso de los próximos meses, esto va a ser muy temprano», señaló el Fiscal General.
De igual manera ayer la Fiscalía General de la Nación decidió vincular al exvicepresidente del Banco Agrario, Alejandro Jiménez, a la investigación que viene adelantando por el crédito de 120 mil millones de pesos que otorgó esta entidad financiera del Estado al consorcio Navelena, en el que tiene participación la cuestionada firma Odebrecht.
Ocupan tierras de Bula
La Fiscalía por intermedio de su Dirección de Extinción de Dominio inició la ocupación de bienes del exsenador Otto Bula, quien aceptó haber recibido de Odebrecht US$4,6 millones para mover los hilos necesarios con el fin de que fuera firmado un otrosí al contrato de la Ruta del Sol II en 2014 para la construcción de la variante Gamarra-Ocaña, en Norte de Santander, como efectivamente ocurrió.
El ente acusador ocupó la finca Maragón, ubicada en Sahagún (Córdoba), la cual figura a nombre de una de las empresas de Bula.
Invías asume Ruta del Sol
Tras lograrse un acuerdo entre Corficolombiana y la Concesión Ruta del Sol S.A.S. para dar por terminado de forma anticipada el contrato para la construcción de la Ruta del Sol, las obras no se pararán y por 18 meses estarán a cargo del Invías hasta llegar se espera a un 65% de la ejecución. Para el resto de los trabajos se abrirá una licitación.
Así lo confirmó ayer la Agencia Nacional de Infraestructura.
De igual forma ayer, la Procuraduría señaló que el acuerdo que alcanzó la ANI con la concesión de la Ruta del Sol II debe ser avalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Esto teniendo en cuenta que hay medidas cautelares concedidas por el Tribunal que es necesario levantar para dar por terminado dicho contrato.
Andrade mencionó congresistas
W Radio señaló ayer que el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, nombró a seis congresistas en el interrogatorio que rindió en días pasados ante la Fiscalía, en el marco de la investigación que se adelanta por el otorgamiento a la firma Odebrecht de la variante Gamarra-Ocaña.
Andrade habría señalado que los congresistas que lo visitaron en repetidas ocasiones en su despacho y se mostraron interesados en el proyecto son Bernardo Elías (Partido de La U), Ciro Rodríguez (Partido Conservador), Alejandro Chacón (Partido Liberal), Alfredo Cuello (Partido Conservador) y Manuel Guillermo Mora (Partido de La U).
