Autoridades buscan determinar los gravedad de la intervención en los sistemas de inteligencia del Estado. La captura en Neiva de Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno anterior, no sería un caso aislado de delincuencia informática. Se trataría de la punta del iceberg de una estructura que, según documentos reservados y auditorías forenses revelados por Noticias Caracol, habría convertido a la DNI en un aparato de espionaje político durante el gobierno de Gustavo Petro.
La pregunta que hoy enfrenta la justicia no es solo quién es Oyola, sino quién ordenó y quién permitió que un funcionario con una orden de captura vigente desde mayo siguiera teniendo acceso a los secretos mejor guardados del país.
El expediente que maneja la Fiscalía Segunda Especializada contra Delitos Informáticos apunta a que Oyola Tovar se le imputarán los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. Pero el cargo que realmente dimensiona el escándalo es otro: presuntamente haber extraído una «copia espejo» del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC), la plataforma más reservada del Estado colombiano.
Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la DNI capturado. Foto:DNI
¿Qué es el sistema SICC de la DNI?
El SICC no es un sistema cualquiera. Su acceso completo está restringido a un grupo selecto de altos funcionarios: el presidente de la República, el vicepresidente, el ministro de Defensa, los directores de la DNI y la Dipol, y el inspector de la entidad.
Para las autoridades, que un funcionario de nivel medio haya podido sustraer y almacenar en un computador personal una réplica de ese sistema es de la más alta gravedad y supone un riesgo profundo para la seguridad nacional. La pregunta que surge es quién más tuvo acceso a esa copia y qué información contiene.
El plan de espionaje a expresidentes
La captura de Oyola coincide con una serie de revelaciones que, en conjunto, dibujan un patrón sistemático de desvío de funciones. Documentos reservados de la DNI, conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, señalan que durante el gobierno Petro se expidió el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, que incorporó a la DNI en la asignación de vehículos para los esquemas de protección de expresidentes.
El informe sugiere que la intención habría sido instalar micrófonos y dispositivos GPS en esos vehículos para espiar a los exmandatarios.
Para Juan Carlos Restrepo, exinspector de la DNI, en declaraciones a dicho medio, esa medida no tiene explicación técnica. «Una entidad de inteligencia no tiene ninguna razón para asignar vehículos de protección, a menos que el objetivo sea el control e inteligencia sobre las personas protegidas», advirtió.
DNI. Foto:Cortesía
Noticias Caracol también reveló la existencia de una casa de inteligencia clandestina que habría funcionado cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y que, de acuerdo con la información del citado medio, habría sido deshabilitada tras las elecciones presidenciales. También se indaga la compra de un vehículo aéreo no tripulado que presuntamente buscaba recopilar información para inteligencia y contrainteligencia.
Estas revelaciones se suman a la auditoría forense ordenada por el actual gobierno, que analizó 147 terabytes de información y concluyó que la DNI perdió su «confiabilidad» y se habría convertido en una «policía política» al servicio del entonces gobierno de Gustavo Petro. Según ese informe, un grupo cerrado denominado «Contrainteligencia del Estado», creado por decreto, operó como un «hoyo negro» sin controles y tuvo acceso a información crítica sobre la oposición y la campaña presidencial.
El hacker que coordinaba la red en la DNI durante gobierno Petro
Los documentos internos de la DNI citados por Noticias Caracol dicen que Oyola no era un empleado menor: habría coordinado activistas digitales y hackers, así como liderado una red que supuestamente tenía como objetivo intervenir los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026.
Oyola tenía una orden de captura emitida por un juez desde el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. A pesar de ese requerimiento judicial, seguía vinculado a la agencia de inteligencia.
Según las investigaciones, Oyola no era un empleado menor. Foto:DNI
La Procuraduría ya abrió investigación contra el exdirector de la DNI Jorge Arturo Lemus por presuntamente ofrecer beneficios judiciales al abogado de alias «Papá Pitufo» en reuniones donde se mencionó información que comprometería al gobierno Petro. Y la indagación por interceptaciones ilegales al entonces candidato Abelardo De La Espriella sigue su curso.