Jorge Pretelt perdió sus predios en el Urabá: detalles del fallo de restitución de tierras

El pasado Día Internacional de la Mujer, el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub entró al tema político de moda, la ñeñepolítica, con un comentario desde sus redes sociales: “ÑeñeHernandez dijo que Duque era su hermano. Eso en nuestro argot costeño es un decir. No son ná. Como cuando decimos ese man es marica por cualquier cosa: y no es gay. Déjense ya de maricadas. Ni el presidente Uribe, ni Priscilla Cabrales, ni Cayita son compradores de voto”. Pocos días antes, también en Twitter, había retuiteado un mensaje de una cuenta con mensajes del padre San Pío de Pietrelcina: “Ten paciencia por un poco más de tiempo, todo será para tu bien”. (La demanda por despojo de tierras contra Pretelt)

En la justicia, sin embargo, a Pretelt no le ha ido tan bien últimamente. En diciembre del año pasado, a días de que llegara la Navidad, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable del delito de concusión. La corporación concluyó que, en 2013, el entonces togado pidió un soborno de $500 millones a cambio de incidir en una tutela que radicó Fidupetrol para evitar pagar una multa de $22.500 millones. Y, en menos de tres meses, Pretelt pierde una segunda batalla jurídica. Esta vez en el Tribunal Superior de Medellín, que el pasado 9 de marzo determinó que él y su esposa no serán más los dueños de unas tierras en el Urabá.

El Espectador�conoció las 130 páginas del fallo, proferido por la Sala Segunda Civil Especializada en Restitución de Tierras del mencionado tribunal, y encontró que los vencidos fueron el exmagistrado Pretelt, su esposa y también el banco Davivienda, que solicitó -sin éxito- una compensación por el crédito que otorgó a la pareja para comprar las tierras cuestionadas. Pretelt no fue considerado “segundo ocupante”, una figura para reconocer a quienes, sin tener relación con grupos armados ilegales, se hacen a predios que pudieron ser abandonados o vendidos por causa del conflicto. A Pretelt, el tribunal le dijo que no demostró su “buena fe exenta de culpa”.

Por orden de la justicia, los predios La Corona y Alto Bonito, que el exmagistrado y su esposa, Martha Ligia Patrón, englobaron bajo el nombre La Corona, vuelven a manos de quienes salieron de ellos hace casi dos décadas bajo circunstancias complejas: las familias de Manuel Gregorio Hernández Soto y de Reynaldo Villalba Alarcón, respectivamente. Estas tierras, localizadas en Turbo (Urabá antioqueño), vieron pasar a todos los actores del conflicto: Farc, Epl, los Caraballistas (disidencia del Epl), los comandos populares de los paramilitares. Así, Urabá se convirtió “en una zona de guerra permanente”, dice el fallo.

Estos son algunos puntos clave para entender la sentencia.

¿Qué argumentaron las personas que vendieron las tierras a los Pretelt Patrón?

Reynaldo Villalba Alarcón le contó a la justicia que, hacia 1992, recibió dos visitas. Una de miembros paramilitares, en su propio predio, “quienes le solicitaron vender su finca y ante la negativa le exigieron salir de la finca”, lo que, efectivamente, terminó en un desplazamiento forzado. La segunda visita fue cuando ya estaba como desplazado con su familia viviendo en Montería (Córdoba): los paramilitares Teófilo Hernández y Evelio Díaz le pidieron, de nuevo, que vendiera la propiedad. Y lo lograron. En el año 2000, Díaz le traspasó la finca a Martha Ligia Patrón, la esposa de Pretelt y, en 2005, esta quedó a nombre del exmagistrado.

Manuel Gregorio Hernández Soto, quien no alcanzó a vivir para conocer esta decisión judicial –murió en 2014, cuando la demanda ni siquiera se había presentado aún–, se hizo al predio Alto Bonito en 1987, tras designación del Incora. O sea, era antes un predio baldío. La dicha de tener tierra propia le duró 15 años: el 4 de enero de 2002, un grupo de personas llegaron allí y le pidieron que desalojara el lugar. Él no solo lo hizo, sino que dejó en poder de ellos “las escrituras y demás documentos relativos a la propiedad del predio”. Así fue como Alto Bonito, de 46 hectáreas, lo adquirió Martha Ligia Patrón en 2003 por $5 millones.

Estas versiones quedaron consignadas en la demanda que presentó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas en 2015, con la que buscaba que más de 5.000 hectáreas arrancadas a la fuerza en tres municipios urabeños: Turbo, Arboletes y San Pedro de Urabá. Entre ellas estaban las 112 hectáreas que desde hace unos 20 años figuraban a nombre de la familia Pretelt Patrón. Tierras que colindaban con otras que fueron de Juan de Dios Úsuga, fundador del hoy conocido Clan del Golfo, o Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño y pieza clave en su máquina de destierro.

Antes de acudir a la Unidad de Restitución, ¿los demandantes habían hecho algo?

Sí. Entre 2008 y 2009, las familias Hernández Soto y Villalba Alarcón denunciaron en la Fiscalía lo que les había pasado. Luego acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, que documentó su caso en 2015 ante el Juzgado Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó (Urabá antioqueño). Las notificaciones incluyeron al exmagistrado Pretelt, al banco Davivienda, a Corpourabá, al Incoder, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la Gobernación de Antioquia. Pretelt entró al proceso como opositor de las pretensiones de ambas familias, que era recuperar sus terrenos.

En sus denuncias, los Villalba Alarcón contaron que en sus tierras tenían cultivos de maíz, arroz, yuca, ñame, árboles, frutas, aves de corral, mulas, caballos, reses y cerdos. Los Hernández Soto, por su parte, dijeron que tenían cabezas de ganado, caballos, cerdos, gallinas y algunos cultivos. La justicia acreditó que ellos sí eran propietarios de los terrenos “para el momento de los hechos victimizantes”.

¿Qué explicaciones dio el exmagistrado Pretelt?

Jorge Pretelt le dijo a la justicia que había adquirido los predios legítimamente. Señaló que Alto Bonito se lo compró a una hija de quien ahora se lo reclamaba (Reynaldo Villalba Alarcón) y que la finca No Hay Como Dios la adquirió su familia en 1999, es decir, siete años después de que sus antiguos propietarios la hubieran abandonado, “sin que haya claridad de su salida de la región”. Pretelt añadió que el contexto de violencia que se quería atribuir a las transacciones era “totalmente fraudulento”, pues se intentaba relacionar los predios en cuestión con la finca La 35, que fue un centro de entrenamiento paramilitar de los hermanos Castaño Gil.

El exmagistrado alegó que la Unidad de Restitución se había dedicado “a transcribir libros de (el senador del Polo) Iván Cepeda y a hacer mapas sociales sin sentido”, cuando él sí había realizado una “profunda investigación”. Para esta, aseguró, recogió “entrevistas a personas de la región” que demostraban su buena fe exenta de culpa a la hora de hacerse a las tierras, sin presiones ni constreñimientos. En el proceso trató de declarar también un hombre llamado Ubaldo Villalba, quien sostenía, como Pretelt, que ese contexto de violencia debía ser desvirtuado. La justicia no lo tuvo en cuenta, al enterarse de que era empleado de Pretelt.

¿Qué dijo la Procuraduría en este caso?

El organismo de control disciplinario pidió que las tierras fueran restituidas a sus antiguos dueños, porque Pretelt “no logró desvirtuar la calidad de víctimas de los reclamantes, que estos vendieron sus tierras por los actos de violencia generalizada de la región. Los testimonios indican que ellos fueron objeto de desplazamiento forzado, que vendieron como resultado de la presión de la violencia extendida en la zona por las autodefensas o paramilitarismo, que el precio de las ventas estuvo determinado por el momento histórico del conflicto armado que controló ese comercio”. Y, además, que se ordenara implementación de proyectos productivos, tal como lo determinó el fallo.

¿Por qué demandó la Unidad de Restitución?

Porque, para la entidad, la compraventa de Alto Bonito y La Corona si se dio “en un terrible contexto de violencia”, el cual, aseguró, fue “reconocido por el opositor (Jorge Pretelt) en su interrogatorio”. El organismo explicó que no se tuvo en cuenta el origen baldío de las tierras y que quedó probada “la ausencia de consentimiento o de causa lícita; que en esta zona había una estrategia de la casa Castaño para acumular territorio y que los campesinos allí pasaron de vivir de la tierra, sembrando cultivos de pan coger, a ser empleados de los nuevos dueños, quienes se dedicaron a la ganadería extensiva.

¿Hubo violencia en el Urabá en la época que los Pretelt Patrón compraron las tierras?

Está plenamente demostrado que durante la década de los noventa y a comienzos de la siguiente, los paramilitares se tomaron esta región a sangre y fuego, luego de más de 20 años de presencia guerrillera (Farc, Eln y Epl). En el Urabá, la población lleva más de 50 años sin conocer la tranquilidad. El fallo resalta cómo esta zona ha sido “de gran importancia geoestratégica para los grupos armados al margen de la ley por su ubicación geográfica y su riqueza biológica”. En 1996, los paramilitares comenzaron a expulsar a los guerrilleros y, entre 1998 y 1999, hubo una escalada significativa del conflicto armado.

Turbo, el municipio donde están ubicados los predios que la familia Pretelt Patrón acaba de perder, no ha estado exento de esa violencia. Por allí se crearon rutas de narcotráfico, también. “La violencia regional, vale decir, aquella que en concreto ocurrió en la zona o en la colindancia donde están ubicados los predios objeto de reclamación, puede considerarse como un hecho notorio por la situación de violencia vivida en la zona del Urabá antioqueño durante varios lustros”. Por eso, resaltó el tribunal, “no requiere pruebas para tenerla como un acontecimiento cierto y veraz”.