Juez desvirtúa acusación de que fiscal Hernández amenazó a Otto Bula

Dio jalón de orejas a fiscal del caso y testigo. No ordenó detención para el investigado. Durante la audiencia en la que un magistrado del Tribunal superior de Bogotá tenía que resolver si enviaba o no a casa por cárcel al fiscal Daniel Hernández, el togado hizo serios cuestionamientos al sustento que presentó la Fiscalía y puso en duda el mismo delito imputado por supuestas amenazas a un testigo.

La Fiscalía, hace dos semanas, le imputó al funcionario, uno de los principales investigadores del caso Odebrecht, los cargos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo, los cuales en su momento no fueron aceptados por Hernández quien se declaró inocente.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Hernández supuestamente omitió darle trámite a tres órdenes de captura que él mismo había pedido en julio de 2017 en contra de personas vinculados a la multinacional Odebrecht y presuntamente habría amenazado al testigo Otto Nicolás Bula en una reunión realizada en el mes de junio.

Pero hoy en una audiencia que duró 52 minutos el magistrado sentó sus argumentos para rechazar la petición de prisión domiciliaria que hizo la Fiscalía.

El punto que mas cuestionó el magistrado fue el relacionado con la presunta intimidación a Bula.

Durante la imputación adelantada el 2 de diciembre,  la Fiscalía había señalado que Hernández intimidó al senador Bula diciéndole que «NH (Néstor Humberto Martínez) y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos» por las declaraciones que iba a entregar autoridades colombianas y estadounidenses sobre el caso.

Sin embargo el magistrado Luis Enrique Bustos consideró que esta situació, en caso de que se hubiera presentado no alcanza la tipificación de ese delito y fue más allá al señalar que el ente acusador no logró sustentar la inferencia razonable para considerar que el procesado pudo cometer ese cargo.

Es decir, para el togado, la supuesta manifestación de que había personas «preocupadas» por las declaraciones que iba a entregar el testigo no implican una amenaza ni en esa manifestación se la advertía a la supuesta víctima que habría consecuencias en su contra si efectivamente entregaba nuevas versiones sobre el caso.

«Contrario a lo que dice la Fiscalía, lo cierto es que por el contexto en el que supuestamente se dieron los hechos, por ahora, no es factible concluir que esta afirmación es constitutiva de intimidación�y menos que con ella se pretenda evitar que testifique o que lo haga de una determinada manera», señaló el magistrado.

Indicó que incluso el testigo contactó luego al fiscal «utilizando expresiones y palabras afectuosas y le dijo el lugar en el que se encontraría, circunstancias que no esperarían de quien ha sido amedrentado y teme por su seguridad».

Y añadió que lo manifestado por el fiscal Hernández en la reunión con Bula «en realidad no tiene el grado de fortaleza para intimidad».

Y en otro aparte de la decisión el magistrado insistió en su punto: «tampoco puede tomarse como conducta de hostigamiento contra el señor Bula Bula las palabras presuntamente expuestas por el imputado pues cuanto la situación de temor fue creada a partir de la subjetividad de la propia víctima y no por una concreta amenaza».

Igualmente indicó que no se advierte en las evidencias la supuesta razón o el interés del fiscal Hernández en que Bula «se abstenga de declarar o de brindar información sobre ciertas personas que no tienen ninguna relación con el doctor Hernánde o por lo menos al respecto nada dijo el ente acusador».

El magistrado sostuvo que «no existen evidencias de que se hayan materializado conductas tendientes a intimidar o amedrentar al testigo» y que la libertad de una persona no se puede justiciar para enviar mensajes a la comunidad sobre la severidad en la lucha contra la corrupción.

De hecho el magistrado cuestionó que el testigo que negoció con la Fiscalía y recibió beneficios judiciales hoy siga ofreciendo declaraciones, cuando desde el comienzo tenía que decir toda la verdad de lo que sabía.

«La conducta del señor Bula Bula tampoco resulta ser la esperada pues no se entiende como después de transcurridos varios años siga brindando información del caso Odebrecht y vinculando a posibles cómplices y autores cuando debió hacer lo propio en el primer instante que fue llamado a la justicia, teniendo en cuenta que con el pasar del tiempo resulta mas difícil rememorar los pormenores de la situación de corrupción que alarmó a todo un país», dijo el magistrado.

Sobre la posible motivación que tendría Bula Bula para seguir declarando contra personas que supuestamente habrían cometido irregularidades ya se había pronunciado la defensa en una audiencia anterior. En su momento, recordó la defensa, que en el mes de marzo el Departamento de Justicia ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información para judicializar a nuevos implicados en el caso de soborno.

«@TheJusticeDept y @FBI buscan información vinculada a destinatarios de sobornos pagados por Odebrecht S.A. y Braskem S.A. Podría recibir una recompensa de hasta $5 millones de dólares. Conozca más sobre el programa de @USTreasury para recuperar activos de la cleptocracia». publicó en su momento en su cuenta de Twitter el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

‘No es un peligro para la sociedad’

El magistrado Bustos durante la audiencia igualmente se refirió al no trámite de las órdenes de captura contra implicados en el caso de pago de sobornos que se habría registrado en 2017 y señaló que esos hechos no validan el señalamiento de que Hernández intentó favorecer al grupo Odebrecht.

El magistrado consideró además que el fiscal Hernández no es un peligro para la sociedad y su libertad no pone en riesgo la investigación.

El togado afirmó que es cierto que el imputado sigue siendo fiscal «pero de eso no se puede inferir que su propósito sea entorpecer la administración de justicia o las funciones de investigación que competen al ente acusador» y que es altamente preocupante «que la entidad no pueda implementar medidas eficaces para evitar que eventualmente el procesado pueda intervenir en esta u otras actuaciones».​

En la diligencia el magistrado insistió durante su argumentación que hay una directiva de la misma Fiscalía que establece los requisitos que se deben cumplir para solicitar una medida de aseguramiento contra una persona imputada y que en este caso no se cumplían.

La advertencia de inconsistencias

En la audiencia anterior en la que la defensa sustentó las razones por las que no tenía que accederse a la petición de la Fiscalía se señaló la existencia de incongruencias en las declaraciones de la supuesta víctima

Bula Bula en entrevistas con investigadores judiciales afirmó que en una reunión realizada el 22 de junio de este año, en la sede principal de la Fiscalía en Bogotá, el fiscal Hernández supuestamente lo intimidó.

El fiscal que acusa a Hernández señaló: “Usted amenazó a Otto Nicolás Bula al advertirle que Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos» por las declaraciones que iba a entregar autoridades colombianas y estadounidenses sobre el caso.

En una de las primeras inconsistencias Bula señala que fue citado a una diligencia en el sótano de la Fiscalía, pero en realidad, según el expediente, la declaración fue prevista desde el comienzo por videoconferencia por lo que este no tenía que ir de forma presencial al búnker. El testigo, se dijo durante la audiencia, fue quien decidió ir personalmente a la diligencia que estaba prevista de forma virtual.

En un primer momento el testigo señaló que saliendo de la mencionada diligencia se encontró con Hernández y que este le dijo que si podía ir a su oficina y luego, en otra versión, dijo que saliendo de su cita fue a la oficina de Hernández y lo esperó sentado hasta que el funcionario se desocupó para recibirlo.

En el expediente están las declaraciones de varios funcionarios de la Fiscalía que afirman que fue el testigo quien solicitó ir a saludar a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt y que el fiscal Mario Hernán Barahona, quien lo había citado, autorizó el encuentro. El testigo se desplazó entonces desde el segundo piso hasta el sótano en donde están las oficinas de los funcionarios a los que dijo iba a saludar.

Aunque en la audiencia el fiscal del caso señaló que no había otras personas en la reunión, la defensa de Hernández afirmó que al encuentro asistieron por momentos otras personas como el fiscal Álvaro Betancourt. La defensa aportó cuatro declaraciones de funcionarios que ratifican esa segunda versión.

El fiscal Hernández mostró además la entrevista que dio al ente acusador Bula el 5 de octubre, la cual se registró casi cuatro meses después de la supuesta amenaza que recibió, y en la que el testigo responde que no tiene conocimiento de un supuesto interés ilícito de Hernández en el caso Odebrecht.

Ninguna de las partes interpuso recurso de reposición sobre la decisión del juez por lo que esta quedó en firme. Ahora con la decisión del juez el fiscal Hernández se defenderá en libertad de los dos cargos imputados en un juicio que se adelantará ante la Corte Suprema de Justicia.