Los documentos judiciales presentados el 5 de mayo mencionan dos estafas importantes, la primeraÂrelacionada con opciones binarias, que se llevó a cabo entre octubre de 2013 y noviembre de 2016, y la segunda relacionada con activos digitales, como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), que se llevó a cabo entre noviembre de 2013 y agosto de 2018.

La CFTC acusó a Tal Valariola, con sede en Israel, y a Itay Barak, de Digital Platinum Limited, de ayudar a la empresa All In Publishing (AIP), con sede en los Estados Unidos, a crear y promover numerosos planes de inversión engañosos para inversores estadounidenses y extranjeros.

A lo largo de la campaña de marketing supuestamente engañosa, unos 51,917 usuarios de noticias abrieron una cuenta de opciones binarias y depositaron una suma total de casi 13 millones de dólares. Además, 8,043 usuarios abrieron una cuenta de comercio de activos digitales, depositando un total de más de 2 millones de dólares.

Crearon historias exitosas de clientes falsos

Daniel Fingerhut de All In Publishing supuestamente se basó en historias de éxito de clientes falsos que mostraban los fastuosos estilos de vida de los inversores que hacían trading en las plataformas de socios de AIP. La CFTC afirma que DPL aceptó publicar los anuncios, a pesar de conocer la información engañosa presentada en las campañas publicitarias.

Según un correo electrónico de 2015, AIP había gastado cerca de 50,000 dólares para producir vídeos para las campañas de marketing durante la estafa de las opciones binarias.

La CFTC declaró que, durante la campaña de solicitud de activos digitales, las empresas estaban utilizando por lo menos cinco correos electrónicos de respuesta automática, cada uno con una base de datos de aproximadamente 200,000 correos electrónicos.

«Fingerhut contrató, dirigió y/o supervisó al menos a cuatro personas en Florida y una en Israel para que escribieran correos electrónicos de solicitud y los difundieran en masa a través de autocontestadores».

La CFTC está acusando a los demandados de cuatro cargos, entre ellos fraude de opciones y fraude de CTA (call to action, que es una solicitud que se realiza al usuario para que realice una acción), además de solicitar una variedad de medidas cautelares que les prohíban realizar actividades relacionadas con el comercio de productos básicos. La comisión también ha pedido al tribunal que ordene el desembolso financiero.