La defensa del contralor Carlos Felipe Córdoba ante el Consejo de Estado

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, se juega su futuro en dicho cargo en el Consejo de Estado. El alto tribunal estudia una demanda en contra de su elección para el periodo 2018-2022 que alega la existencia de irregularidades y vicios de trámite en el proceso que adelantó el Congreso y que terminó con su designación con 203 votos, de 248 posibles. El primer ‘round’ para Córdoba será el primero de febrero próximo, fecha a la que fueron citadas las partes en esa Corporación.

El Espectador conoció el escrito de la defensa de Córdoba, en el que responde a los supuestos vicios que se habrían presentado en su elección y que fueron expuestos en la demanda del abogado Wilton José Molina, que fue aceptada en noviembre pasado en el despacho del magistrado de la Sección Quinta, Carlos Enrique Moreno. Molina asegura que la convocatoria habría sido prácticamente secreta por falta de publicidad de la misma. Además, se habría expedido irregularmente la lista con diez aspirantes definitiva, al incluir personas que -supuestamente- tenían menores calificaciones que otros, como el candidato Wilson Herrera Moreno.  Y, por último, se asegura que el Congreso habría modificado la resolución que fijaba el puntaje de la prueba de conocimiento que enfrentaron los candidatos.

En un documento de 41 páginas, la defensa de Córdoba asegura que la convocatoria sí tuvo la debida publicidad ya que en la misma se inscribieron 111 personas, de los cuales 100 fueron habilitados por el Congreso. «De estos candidatos, como se deriva del informe final presentado por la Universidad Industrial de Santander -instituto educativo seleccionado para el diseño, implementación y calificación de las pruebas-, 87 presentaron la prueba de conocimientos que tenía carácter eliminatorio, aunque solo 59 de ellos la aprobaron «, dice el documento.

Para la defensa de Córdoba, entonces, no es cierto que sólo la hayan conocido algunos candidatos. «Los improperios y denuncias sobre las recomendaciones de parlamentarios sobre candidatos, se trata de cuestiones que debe probar el demandante», dice el documento. En el documento también se responde a los señalamientos sobre que la elección de Córdoba como contralor «ya estaba cantada».

El contralor se defendió ante el Consejo de Estado asegurando que se trata de una afirmación «ligera, falsa, precaria y a todas luces irresponsable. ¿A qué compromisos se refiere y por qué dice que se trata de compromisos ilegales? Lo mismo ocurre con la frase del actor según la cual el procedimiento electoral con el que el contralor Córdoba fue elegido, se trató de una mera fachada pues se hizo con «la sola intención de elegir a un aspirante de un grupo político mayoritario». ¿Cuál es el fundamento de esta afirmación?», agrega el texto. La palabra la tiene el Consejo de Estado.