La dictadura chavista ordenó allanar la casa de Roberto Deniz, periodista perseguido por sus investigaciones sobre Alex Saab
La dictadura chavista ordenó allanar la casa de Roberto Deniz, periodista perseguido por sus investigaciones sobre Alex Saab.
Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)
El reportero venezolano, quien se exilió tras haber recibido amenazas por sus publicaciones sobre el testaferro de Nicolás Maduro, anunció que el régimen mandó a las fuerzas de seguridad a irrumpir en la vivienda de su familia en Caracas.
El periodista venezolano Roberto Deniz, del portal Armando Info -que ha publicado diversas investigaciones sobre el empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del dictador Nicolás Maduro-, denunció este miércoles que hay una orden de allanamiento contra la vivienda de su familia en Caracas.
“Recibo información de que hay una orden de allanamiento contra vivienda de mi familia en Caracas. Es público que desde 2018 no estoy en Venezuela, no tengo bienes, ni siquiera carro. Desde inicios de 2020, tanto yo como mi familia tenemos medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó el periodista en su cuenta de Twitter.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) agregó que Deniz se encuentra fuera del país por haber recibido amenazas tras su investigación sobre los negocios de Saab.
“Él y su familia tienen medidas de protección dadas por la CIDH. El SNTP insiste en el llamado a respetar a medios y periodistas, pero sobre todo, denuncia la utilización de la justicia como medida para imponer la censura”, advirtió la agrupación gremial.
En 2018, Deniz y los editores Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszukfueron demandados por Saab por el presunto delito de “difamación” e “injuria” agravadas, que conllevan penas de entre uno y seis años de cárcel.
Armando Info publicó en abril y septiembre de 2017 dos reportajes que vinculan a Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al régimen de Maduro de alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios pobres.
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De acuerdo con la investigación, la dictadura chavista benefició a la compañía con un contrato multimillonario para adquirir suministros de alimentos subsidiados.
En ese momento, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la demanda y denunció que el régimen venezolano usa leyes de difamación y procesos judiciales para intimidar a la prensa.
Los periodistas abandonaron el país tras ser demandados.
A finales de 2019, Armando Info publicó otra investigación donde se reveló que ex diputados del Parlamento venezolano emitían “cartas de buena conducta” para que organismos de distintos países absolvieran o dejaran de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido.
Esta denuncia de Deniz tiene lugar horas después del fallecimiento de Raúl Baduel, el militar venezolano de más alto rango encarcelado por el chavismo.
La opositora Delsa Solórzano pidió este miércoles la acción de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela para investigar la muerte en prisión del general y ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, quien, según la Fiscalía, sufrió un paro cardiorrespiratorio a causa de la COVID-19.
“Hoy cada familiar de cada preso político venezolano se encuentra con más miedo y desconcierto, temiendo por la vida de quienes se mantienen secuestrados por la dictadura. No bastan los comunicados de algunos organismos internacionales, es hora de actuar @IntlCrimCourt (Corte Penal Internacional)”, dijo Solórzano en Twitter.
La CPI abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
La ex fiscal Fatou Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existían “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Bensouda dejó su cargo como fiscal en la CPI el 15 de junio de este año y en su último informe señaló que existe “una base razonable” para creer que en Venezuela se cometieron “crímenes de la competencia de la Corte al menos desde el 2017″.
El caso continúa en manos del ahora fiscal Karim Khan.
La oposición venezolana ha pedido en diversas oportunidades que se acelere el proceso, pues denuncia constantes violaciones de derechos humanos, en especial a los denominados presos políticos.
El general Baduel era considerado un preso políticopor la oposición venezolana.
La familia del que también fuera ministro de Defensa de Chávez acusó a la dictadura de Maduro de asesinarlo. Según el abogado de la familia, Omar Mora Tosta, el ex ministro “venía quejándose” de “muchas consecuencias de ese encierro injusto, de ese aislamiento y tortura blanca” en un calabozo del Servicio de Inteligencia denominado como “La Tumba”.
