La dictadura venezolana arrestó a tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas por corrupción
La dictadura venezolana arrestó a tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas por corrupción
Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original)
La Fiscalía del régimen chavista acusó a Karen Rondón, Anthony Carreño y Milexi Torres de haber sustraído “altas sumas de dinero de este ente, así como del Fondo de Desarrollo Nacional”
Tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas venezolano fueron detenidos por sustraer “altas sumas de dinero” del ente y del Fondo de Desarrollo Nacionalen un caso por el que también fueron apresados otros cinco ciudadanos, informó este miércoles el fiscal general de la dictadura chavista, Tarek William Saab.
“Han sido ya detenidas ocho personas, entre ellas tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, por la sustracción de altas sumas de dinero de este ente, así como del Fondo de Desarrollo Nacional”, señaló el funcionario chavista en declaraciones a la televisión pública VTV.
Saab explicó que los funcionarios realizaban “transferencias bancarias desde cuentas del ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional hacia cuentas jurídicas y/o naturales que pedían prestado y luego desviaban el dinero recibido a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal”.
En ese sentido, el fiscal dijo que fueron detenidos los ciudadanos “Kerlin Zerpa, Edinson Pérez, Wilker Suárez, Reinaldo Civira y Abraham Sánchez”.Además, está pendiente la detención del ex funcionario del Ministerio de Economía Jonathan José Flores Estrada, quien, según Saab, se encuentra en España, país al que le solicitará la extradición.
Los detenidos están imputados por los delitos de “legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación”, agregó el fiscal general chavista, quien aclaró que los tres funcionarios detenidos se les acusó también por “peculado doloso propio y uso indebido de la información”.
“Esta trama podría repetirse en otros ministerios o entes privados.Hago la alerta porque estos delitos mutan. No estamos hablando de rateros comunes. Se utiliza la tecnología para desarrollar graves acciones delictivas en contra del patrimonio nacional”, apuntó.
El lunes pasado, William Saab informó que entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) un cuarto informe que actualiza casos de “sanción ejemplar” a violaciones de derechos humanos”, a propósito del examen preliminar del que la dictadura de Venezuela es objeto. El fiscal informó, además, que “continúa suministrando información sin saber cuáles son los parámetros de actuación de dicho ente en este caso, cuestión que ha sido reclamada de forma reiterada”.
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto al régimen de Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde, al menos, abril de 2017.
Las autoridades venezolanas ya habían entregado el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI, en la que se quejaron de trato “discriminatorio” y “desigual” respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal.
Ante el reclamo, la ex fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, negó, durante una entrevista con la agencia EFE, que ignorase la reclamación y presentó una respuesta incluyendo ejemplos y estadísticas de su “compromiso” con Venezuela desde que comenzó el examen.
“Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, aseveró la fiscal jefa del tribunal de La Haya.
Aunque la nación suramericana anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces y el plazo que necesitan para el análisis correspondiente.
Bensouda, que termina sus funciones al frente de la Fiscalía de la CPI este martes, dijo la semana pasada que espera anunciar si abre o no una investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño.
