La estafadora con las ventas de carros que intentó salir libre en JEP

La mujer se comprometió a darle el carro 10 días después, fecha en la que, el comprador le entregaría el dinero faltante. Pero contrario a lo que quedó pactado en el contrato, Jiménez no volvió a contestar llamadas ni mensajes y desapareció.

El siguiente golpe lo dio en el 2009, cuando -una vez más con su socia- le ofrecieron una buseta por 115 millones de pesos a un hombre que estaba afiliado a la empresa de transportes La Sabana. La propuesta incluía la posibilidad de que él pagara una cuota inicial y ellas le ayudarían a obtener un crédito bancario, por las supuestas conexiones que tenían con la banca para lograr ese tipo de préstamos.

Lo mismo le ocurrió a otra víctima que le entregó a Jiménez Carranza 30 millones de pesos como cuota inicial para adquirir una busetamarca Daihatsu Delta, modelo 2006, afiliada a la empresa Expreso La Sabana. Jiménez se había comprometido a tramitar a nombre del comprador un préstamo por 75 millones de pesos pero, pasado un tiempo, le dijo que no le habían aprobado el crédito y, una vez más, se negó a devolver el dinero de la cuota inicial que le habían entregado.

Tiempo después la víctima se enteró que Jiménez no era la propietaria de la buseta que, en cualquier caso, ya había sido vendida a otra persona.

En junio del 2009 Jiménez volvió a conseguir una víctima a la que supuestamente le iba a vender un automotor, tipo colectivo, modelo 2006, que también estaba adscrito a la empresa transporte Expreso La Sabana. Al comprador le pidieron 60 millones de pesos y le ofrecieron, como era su costumbre, un préstamo para pagar el resto del dinero.

La víctima les entregó 5 millones de pesos y les dijo que les daría su casa, avaluada en unos 35 millones. Sin embargo, al cabo de un tiempo, Jiménez y su socia desaparecieron con el dinero.

Medio año después, el 29 de enero del 2010, un hombre le entregó a Jiménez un carro marca Volkswagen, modelo 1995,�a cambio de que ella le diera 8 millones de pesos. La mujer le dio 5 millones y un cheque del banco BBVA que resultó sin fondos.

Tuvieron que pasar cinco años para que Jiménez fuera capturada. En el 2015 la enviaron a la cárcel de mujeres El Buen Pastor y el 10 de diciembre de ese año se inició el juicio en su contra. El pasado 29 de enero la Corte Suprema de Justicia dejó en firme su condena al negar un recurso de casación con el que la mujer había intentado tumbar el fallo de 10 años al que fue condenada.�

La Corte no le dio la razón a Magda Milena Jiménez pues dijo que en el proceso se le dio plena credibilidad a lo que contaron las víctimas, quienes fueron inducidas al error por la mujer que, «con el pretexto de vender y comprar automotores a bajos precios, se apoderó de considerables sumas de dinero en perjuicio de sus patrimonios».

¿Hizo parte de las Farc?�

Aunque en los expedientes que reposan en los juzgados no hay información que permita relacionarla con algún grupo armado ilegal como las Farc, en el 2018 Magda Milena Jiménez intentó pedirle su libertad a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) afirmando que había sido una integrante de la exguerrilla como parte de su red urbana.

La JEP recibió el caso en julio del 2018, luego de que la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia le remitió el caso, afirmando que, según las declaraciones que había hecho Jiménez, ella decía hacer parte de los listados de desmovilizados de las Farc y aseguraba que había sido reconocido por el exjefe de esa guerrilla, Pablo Catatumbo. La mujer también aseguró que había sido reconocida por Jhon Alberto Bolaños Galindo, alias ‘el Boyaco’.

Como supuesta exintegrante de las Farc, Jiménez le dijo a la JEP que tenía derecho a la libertad. Pero en agosto del 2018 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aseguró que su nombre no estaba relacionado en los listados «recibidos y aceptados de buena fe y bajo el principio de confianza legítima», por lo que no estaba acreditada como integrante de las extintas Farc.

En la JEP encontraron que la mujer tenía pendientes en la justicia ordinaria procesos por receptación agravada y falsedad marcaria, hechos adicionales a los que fue condenada por la Corte Suprema de Justica por estafa.

Esos hechos se remontan al 2009. Un día, cuando Jiménez se encontraba en la vía pública, un policía encontró a simple vista que la placa de su vehículo tenía inconsistencias. Al pedirle los papeles y hacer las verificaciones de la placa, los policías hallaron que el carro que ella conducía había sido robado en el 2009. Aunque la placa había sido cambiada y el chasis y la serie estaban borradas, el número del motor coincidía con el vehículo hurtado en el 2009.

Con esos antecedentes, la JEP le negó la libertad afirmando que su caso «no tiene relación alguno o participación con el conflicto armado interno.�Más bien resulta bastante claro y obvio que es un delito común, pues recuérdese que la interna fue capturada cuando conducía un vehículo el cual había sido objeto de hurto bajo la modalidad de atraco y que para burlar las autoridades fueron alterados algunos de sus números de identificación, lo que de contera también significa que los fines que se perseguía era de orden personal, más no propios del conflicto armado del país”, dice el expediente.

La JEP también le dijo a Jiménez que el hecho de que ella «afirme ser reconocida por el señor Pablo Catatumbo como exmiembro de las Farc, no es conducente ni idóneopara demostrar su pertenencia o colaboración con la extinta organización guerrillera», ya que para acreditar esa pertenencia debía estar en los listados acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y tener una condena relacionada con hechos del conflicto armado.

Ante la decisión que rechazó la libertad condicionada de Jiménez, la magistrada Sandra Gamboa Rubiano, del tribunal de paz, aclaró su voto, pues dijo que en este caso no se valoraron todas las pruebas para establecer si, más allá de lo que dijeran los procesos judiciales en su contra -en donde ella pudo nunca haber dicho que hizo parte de las Farc-, Jiménez realmente pertenecía o no a esa exguerrilla.

La magistrada les dijo a sus compañeros que no es cierto que Jiménez no hubiera aportado ninguna prueba de su calidad de colaboradora con las extintas Farc, pues entregó la declaración de una persona que dice ser agricultor, y que asegura que por un espacio de tiempo ella fue «colaboradora de la red urbana del Bloque Oriental de las Farc».�

En todo caso, aseguró la magistrada, como el testimonio del supuesto agricultor no pudo ser validado, ni tampoco el lapso en el que dijo conocer a Jiménez, ni quién es el testigo, estuvo de acuerdo con que se rechazara la libertad de la mujer condenada por estafa.

Pero la magistrada hizo un llamado para que ante delitos como este la JEP evalúe todas las pruebas ya que, aunque se deben mantener los controles para evitar que quienes no hicieron parte del conflicto armado se beneficien de la justicia transicional, también es cierto que indagar más sobre este tipo de casos podrían llevar a contribuir a la verdad sobre hechos menos explorados, como qué tantos colaboradores y con qué tipo de redes delinquieron las Farc en las ciudades. �