El Espectador conoció el expediente que tiene en apuros al exfiscal Prada y que hoy está en el despacho de Jorge Emilio Caldas, magistrado de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. El origen del caso se remonta a 2008, cuando el excongresista Julio César Caicedo Zamorano, esposo de Dilian Francisca Toro —expresidenta del Congreso y actual directora del Partido de la U—, denunció que estaba recibiendo amenazas telefónicas y visitas de supuestos emisarios de la mafia a su hacienda San Miguel, en Palmira (Valle). De acuerdo con la denuncia, un hombre identificado como Óscar que decía actuar en nombre del narcotraficante Víctor Patiño Fómeque y de su madre, Deisy Fómeque Campo, le exigió a Caicedo Zamorano la devolución inmediata de esa finca, pues aseguraba que ellos eran los dueños reales del predio.
Según el proceso, Julio Caicedo Zamorano había adquirido la hacienda San Miguel tres años antes a través de su compañía Ceiba Verde a unos empresarios. No obstante, los Patiño Fómeque la reclamaban como suya. El constreñimiento consistía en que si no devolvían la finca le harían un escándalo en medios de comunicación anunciando que tenía relaciones con el narcotráfico y que había canalizado recursos ilícitos para financiar la campaña al Senado de su esposa. El 21 de julio de 2008, Caicedo Zamorano denunció la extorsión ante la Fiscalía. Y tres meses después, el 17 de octubre de ese año, fueron capturados en flagrancia Alexánder Montoya Herrera, Eduard René Montoya Herrera, Wilmar Andrés Ramírez Montoya, José Albeiro Cubides Guerrero y Fernando Antonio Lozano.
Los cinco llegaron ese día a la hacienda San Miguel exigiéndole al mayordomo José Ulpía el nombre del dueño del predio y afirmando que ellos eran hermanos de Hélmer Pacho Herrera, exjefe del cartel de Cali, quien los había mandado a reclamar la finca. Todos resultaron detenidos, pero un juez de Palmira los dejó en libertad al día siguiente por errores en el procedimiento. El caso le correspondió entonces al fiscal Elox Gabriel Prada. Después de las primeras pesquisas, los investigadores lograron establecer que alias Óscar, quien hizo las llamadas extorsivas, era Christian Danilo Marín Illeras. En abril de 2009, este sujeto fue capturado por la Fiscalía y en junio de 2010, en virtud de un preacuerdo, fue condenado por un juzgado de Buga (Valle) a 25 meses de prisión. El caso contra los Patiño Fómeque y los demás reclamantes de la finca continuó.
Hasta ahí, nada anormal. Pero casi dos años después, el 15 de febrero de 2012, Elox Gabriel Prada, entonces fiscal adscrito al Gaula, archivó el caso en favor de Víctor Patiño Fómeque y su madre, Deisy Fómeque Campo; además, “omitió deliberadamente”, según la Fiscalía, pronunciarse sobre la situación judicial de los supuestos familiares de Hélmer Pacho Herrera, que también reclamaban la hacienda San Miguel y fueron capturados en su momento. Prada justificó su decisión alegando que no había encontrado pruebas contra todos ellos y que, además, Christian Danilo Marín le había confesado que el plan criminal lo había ejecutado él solo, porque tenía problemas económicos. El lío es que, años después, la Fiscalía documentó que esa versión estaba llena de inconsistencias y que había prueba suficiente de los nexos entre Marín y los Patiño Fómeque en varios negocios.
Dicho de otro modo, según la Fiscalía, al parecer, el exfiscal Prada favoreció irregularmente al narcotraficante Patiño Fómeque y a su madre, pues no llegó hasta el fondo en un caso en el que a todas luces Christian Danilo Marín oficiaba como su emisario en la extorsión contra la entonces senadora Dilian Francisca Toro y su esposo Julio César Caicedo. En el auto de archivo del proceso de 2012, el exfiscal Prada sustentó que durante las llamadas extorsivas las víctimas hablaron con una persona que, al parecer, desde Estados Unidos, reclamaba la titularidad de la hacienda San Miguel. El número celular usado para ejercer estas presiones correspondía a Joaquín Patiño, padre de Víctor Patiño Fómeque. Aún más, desde ese celular se hicieron llamadas a otros miembros de esa familia en Medellín; por ejemplo, a Gabriel José Gallego Patiño.
En síntesis, había indicios claros de que los Patiño Fómeque sí estaban detrás de esta operación criminal para recuperar el predio San Miguel que, aseguraban, era suyo. A pesar de estas evidencias, el entonces fiscal Prada archivó el caso y “compró” la peregrina explicación de que Christian Danilo Marín Illeras hizo todo solo. Con una gravedad: la Fiscalía descubrió que Marín era un hombre de toda la confianza de esa casa mafiosa, actuaba bajo sus órdenes y hasta les manejaba negocios de propiedad raíz. Así lo documentó un detallado informe de policía judicial elaborado por dos investigadores, en marzo de 2009. Por ejemplo, en esa época Marín Illeras tenía una propiedad a su nombre que antes había sido de Joaquín Gustavo Patiño Naranjo, padre del narcotraficante extraditado.
Para la Fiscalía es completamente evidente que Marín Illeras oficiaba como un hombre de toda la confianza de la familia Patiño y que estaba bajo sus órdenes, por lo cual resulta muy difícil de creer que hubiera actuado solo en el episodio de la hacienda San Miguel, como concluyó hace una década el entonces fiscal Elox Gabriel Prada. Es más, el propio Marín Illeras le confirmó a la justicia en su momento que conocía a la mamá del capo, Deisy Fómeque Campo, porque le estaba ayudando a vender un inmueble en Cali y que solía comunicarse con ella en Estados Unidos al mismo número de teléfono celular que fue usado para ejecutar las llamadas amenazantes contra el esposo de la dirigente política Dilian Francisca Toro. Coincidencialmente, en esa época Patiño Fómeque estaba en una cárcel federal de ese país purgando su pena por narcotráfico.
Hace doce años al despacho del fiscal Prada llegó una supuesta comunicación de Patiño Fómeque en la que negaba conocer a Christian Danilo Marín Illeras o a las víctimas de la supuesta extorsión; es decir, es Caicedo y Toro. El problema es que jamás se pudo probar que ese documento fuera auténtico. La única comunicación oficial que sí fue tramitada por los medios diplomáticos correspondientes fue la que remitió, en septiembre de 2009, Mary Ellen Warlow, directora de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dando cuenta de que ni Patiño Fómeque ni su mamá deseaban participar como testigos en el proceso contra Marín Illeras. “Téngase en cuenta que es la única comunicación oficial y en la que no desmienten relación, sino que señalan no tener interés en participar en la investigación”, dijo el fiscal Salcedo.
A pesar de estas sombras en el expediente, o de la supuesta comunicación de Patiño Fómeque allegada al proceso por medios no oficiales, el fiscal Elox Gabriel Prada la tuvo en cuenta en su decisión de archivo. Por eso, para el fiscal Víctor Salcedo es evidente el favorecimiento ilegal que tuvo su excolega con el capo del cartel del norte del Valle y su madre. “Es claro que esta situación documentada en la indagación y ante la imposibilidad de acceder al señor Víctor Patiño Fómeque o Deisy Fómeque Campo por los medios judiciales y diplomáticos adecuados, la valoración única del documento de septiembre de 2010 no era suficiente para descartar la relación entre Cristian Danilo Marín y los Patiño Fómeque”, sentenció. Para él, existían todas las pruebas para demostrar que fueron ellos quienes estuvieron detrás de la extorsión a la familia Caicedo Toro.
Y añadió el fiscal Salcedo: “Se infiere entonces que la apreciación probatoria llevada a cabo por el doctor Elox Gabriel Prada fue amañada y parcializada, que eludió verificar el verdadero efecto demostrativo del conjunto probatorio, permitiendo falsear la realidad para aparentar justificada una conclusión como el archivo de una indagación para favorecer al exnarcotraficante Víctor Patiño Fómeque y a Deisy Fómeque Campo”. Según su criterio, el entonces fiscal Prada, quien hoy es procurador, no podía sencillamente archivar esa investigación porque no tenía facultades para ello, sino que debía solicitarle a un juez que lo hiciera. Con base en estas pruebas, la Fiscalía acusó a Prada ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de prevaricato por acción y omisión. El exfiscal se declaró inocente y su juicio deberá empezar en el alto tribunal en 2023.
El Espectador trató de comunicarse con Prada y su defensa para conocer su versión sobre estos hechos, pero al cierre de esta edición no había sido posible obtener una respuesta. Más allá de este caso en particular, lo cierto es que desde hace años la hacienda San Miguel ha sido relacionada con la mafia. En 2009, por ejemplo, Humberto Domínguez, abogado de Patiño Fómeque, le dijo a la W Radio que sabía que esa finca era de un hermano de su cliente, pero que desconocía quién se la había vendido al exsenador Julio César Caicedo. A su turno un artículo de la revista Semana de 2012 reportó que en el pasado la propiedad les perteneció a dos narcotraficantes: Phanor Arizabaleta e Ignacio Álvarez Meyendorff, pero que ellos después se la vendieron a unas empresas que tenían en común el mismo contador que había trabajado para Víctor Patiño.
En todo caso, fue tanto el ruido por esta transacción que en su momento Dilian Francisca Toro y su esposo Julio César Caicedo fueron investigados por la justicia. “Se logró comprobar que esa finca jamás tuvo vínculos con Arizabaleta o con Patiño Fómeque, y así se acreditó en el expediente, a pesar de los rumores. Además, Julio César Caicedo, en calidad de representante legal de Ceiba Verde, mostró toda la trazabilidad de esta compra, los pagos que se hicieron, el estudio de títulos y el respaldo financiero. Por eso tanto a Dilian como a Julio la Corte Suprema y la Fiscalía les archivó sus procesos”, le dijo a El Espectador el abogado Iván Cancino. Tras su deportación a Colombia, hace casi una década, poco se ha vuelto a saber de Patiño Fómeque, salvo que ha estado en el radar de las agencias de inteligencia por las maniobras que habría hecho para recuperar su fortuna.
