La insólita demanda del expresidente de Odebrecht contra la Nación. Pide millonaria indemnización; borrón y cuenta nueva en sus antecedentes
La insólita demanda del expresidente de Odebrecht contra la Nación. Pide millonaria indemnización; borrón y cuenta nueva en sus antecedentes
Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original)
En 2021, la Procuraduría General le impuso una sanción disciplinaria y una multa de 16.756 millones de pesos. En los juzgados administrativos de Bogotá está pendiente el reparto de la demanda que radicó a finales de 2024 el empresario Eleuberto Antonio Martorelli para tumbar la sanción disciplinaria que se le impuso en su contra por los hechos de corrupción que puso en marcha la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia.
En la acción judicial, que ha dado varias vueltas, Martonelli, quien dirigió la operación de Odebrecht en Colombia a mediados de la década pasada, le pide a la Procuraduría General revocar la sanción que quedó en firme en 2021. Igualmente, por los daños y perjuicios económicos ocasionados por la sanción que le impidió ocupar cargos públicos por el término de 20 años.
Debido a las afectaciones que alega haber sufrido desde la apertura del proceso disciplinario, la defensa del empresario pide que se le devuelva lo que ha pagado sobre la multa impuesta y los gastos adicionales en medio del proceso disciplinario.
Por esto, pidió que se anulen los alcances de los fallos disciplinarios y se borren todos sus antecedentes. La defensa de Martorelli insiste en que el expresidente de Odebrecht en Colombia no podía ser sancionado por la Procuraduría, puesto que él no es funcionario público.
Algo muy diferente de lo que piensa la Procuraduría General, que manifestó en sus dos fallos disciplinarios que Martonelli manejó recursos públicos, esto teniendo en cuenta la naturaleza y objeto de las obras que iba a ejecutar Odebrecht.
Con el fin de evitar llamar la atención de las autoridades —señala el fallo de segunda instancia emitido en enero de 2021— Martonelli como miembro principal de la junta directiva de la Sociedad Concesionaria-Ruta del Sol S.A.S., en los meses de marzo y abril del año 2015, ordenó falsificar el acta de la reunión de junta directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de fecha 21 de febrero de 2014.
“Lo anterior, quedó probado con los testimonios de los señores Miguel Eduardo Vargas Hernández y Gustavo Antonio Ramírez Galindo, miembros de la junta directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., quienes manifestaron que no se discutió, el 21 de febrero de 2014, la autorización para contratar a la firma antes mencionada”, advirtió la Procuraduría.
En la sanción disciplinaria se citan los intercambios de correos electrónicos que evidencian la presión para falsificar las actas y documentos.
“Todas las pruebas apreciadas y valoradas en forma integral permiten concluir que el contrato que se dice se suscribió con la compañía antes mencionada nunca se ejecutó, porque tenía como principal objetivo apropiarse de los recursos públicos que se estaban recaudando a través de los peajes y defraudar así al Estado”, concluyó en ese momento el organismo de control disciplinario.
Por esto, pidió que se anulen los alcances de los fallos disciplinarios y se borren todos sus antecedentes. La defensa de Martorelli insiste en que el expresidente de Odebrecht en Colombia no podía ser sancionado por la Procuraduría, puesto que él no es funcionario público.
Algo muy diferente de lo que piensa la Procuraduría General, que manifestó en sus dos fallos disciplinarios que Martonelli manejó recursos públicos, esto teniendo en cuenta la naturaleza y objeto de las obras que iba a ejecutar Odebrecht.
Con el fin de evitar llamar la atención de las autoridades —señala el fallo de segunda instancia emitido en enero de 2021— Martonelli como miembro principal de la junta directiva de la Sociedad Concesionaria-Ruta del Sol S.A.S., en los meses de marzo y abril del año 2015, ordenó falsificar el acta de la reunión de junta directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de fecha 21 de febrero de 2014.
“Lo anterior, quedó probado con los testimonios de los señores Miguel Eduardo Vargas Hernández y Gustavo Antonio Ramírez Galindo, miembros de la junta directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., quienes manifestaron que no se discutió, el 21 de febrero de 2014, la autorización para contratar a la firma antes mencionada”, advirtió la Procuraduría.
En la sanción disciplinaria se citan los intercambios de correos electrónicos que evidencian la presión para falsificar las actas y documentos.
“Todas las pruebas apreciadas y valoradas en forma integral permiten concluir que el contrato que se dice se suscribió con la compañía antes mencionada nunca se ejecutó, porque tenía como principal objetivo apropiarse de los recursos públicos que se estaban recaudando a través de los peajes y defraudar así al Estado”, concluyó en ese momento el organismo de control disciplinario.
