La mujer tras la red de estafadores más grande por ‘call center’
La mujer tras la red de estafadores más grande por ‘call center’
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Lina Coca era propietaria de cinco ‘call center’ desde donde robaron más de 5 mil millones de pesos. Lina Coca, de 33 años, quien vive en un exclusivo sector de Manizales, fue perfilada por la policía como una mujer de gustos finos y caros: ropa de marca, joyas de diseñador y carros de alta gama. Es reconocida como una pujante empresaria.
La mujer, quien frecuentaba restaurantes y clubes exclusivos y se movía en sectores económicos importantes de la capital de Caldas, fue capturada esta semana en una operación de la Policía señalada de ser la líder de una de las redes más grandes de estafadores en Colombia, con tentáculos en el exterior.
Durante tres años, la Dijín le hizo seguimiento a 6.929 denuncias de personas que afirmaron haber sido víctimas de fraude bancario o compras no consentidas.
Esas denuncias dieron pie a que la Fiscalía documentara 2.242 procesos contra la red delictiva, los que hoy tienen privados de su libertad a Lina Coca y a 50 de sus señalados cómplices.
Lina se hizo a pulso, una mujer muy inteligente señalan sus cercanos. Muy joven ingresó a trabajar a un call center en Manizales donde ofrecía tarjetas de crédito, portafolios y créditos. Era muy hábil para enganchar clientes para las entidades bancarias.
Esa experiencia fue clave cuando se independizó – hace unos 10 años – y montó junto a Francisco Gallo, un compañero de trabajo, su propio call center para ofrecer productos bancarios.
Según la investigación, la pareja hizo los trámites legales para crear la empresa y la inscribieron en la Cámara de Comercio. Se instalaron en una pequeña oficina y con dos computadores, tres teléfonos y dos clientes (bancos) arrancaron el negocio.
En cuestión de meses ampliaron su portafolio de servicios, contrataron más personas y abrieron otra sucursal.
En menos de cinco años contaban con cinco empresas a nombre de Lina, en Bogotá, Cali, Manizales, Armenia, Pereira y Dosquebradas en Risaralda.
Falsa funcionaria practicando llamada.
Investigadores señalaron que paralelo al crecimiento empresarial, empezaron a conocerse denuncias por estafa contra Lina y Francisco, a tal punto, que este último se tuvo que trasladar a Cali, donde tomó el control del call center en esa ciudad.
Para ese momento la pareja ya estaba en el radar de las autoridades, los investigadores trataban de establecer la forma cómo se acrecentaba su patrimonio y cuál era su modus operandi.
“Empezaron a viajar con sus núcleos familiares por diferentes lugares del mundo, a gastar de forma desmedida”, dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores de la Dijín que estuvo al frente del caso y señaló que los empresarios motivaban a sus empleados con bonos por ventas, viajes y fiestas.
¿Cuál era su modus operandi?
Lina y Francisco conocían muy bien el negocio de los call center y con la complicidad de funcionarios compraron bases de datos en las que se consigna la información personal de los clientes de los bancos: nombre del titular, número de cédula, tipo de cuenta, tarjeta de crédito, fecha de expedición, de vencimiento, número de teléfono y dirección.
Los investigadores del grupo de Delitos Informáticos de la Dijín establecieron que Lina pagaba entre 20 y 30 millones de pesos por cada listado, que podía traer los datos de unos 5 mil clientes.
“Ella, utilizaba esos datos para su red y los revendía a otras redes, cobraba entre 40 y 50 millones de pesos”, dijo el encargado del caso.
Para ese momento, Andrés Mauricio Orozco, uno de los capturados, ya había entrenado al personal de los call center – con guiones – para que llamaran a cada persona que aparecía en ese listado.
“Se presentan, saludan con nombre propio a quien contesta y le dicen que son del banco tal, en asocio con tal marca de tarjeta de crédito, y que por su excelente comportamiento se han hecho acreedores de beneficios como exoneración del pago de manejo de la tarjeta, un plan funerario, un servicio de plomería, medicina prepagada para su mascota, un sin fín de servicios”, relató el investigador.
Entre las recomendaciones sobresalía hablar rápido, pero siempre con tono cortés, y si la persona decía que no estaba interesada era importante insistir. Las llamadas pueden durar entre 10 y 14 minutos, y en la misma convalidan con el cliente sus datos personales.
Esa llamada era editada. “La dejaban en dos minutos, donde supuestamente el cliente dice sí, y acepta la compra de un servicio, el cual era cargado a la tarjeta de crédito del cliente con cargo a empresas ficticias constituidas por la red”, dijo el investigador.
Cuando el cliente se acercaba al banco a reportar una compra que no había realizado o la adquisición de un servicio, al revisar las llamadas, se le presentaba la grabación que entregaba el call center validando la transacción.
El cliente terminaba pagando bienes y servicios entre 500.000 y 1’500.000 pesos que nunca adquirió, o que si los había comprado, al hacerlos efectivos, la empresa que los ofrecía, no existía.
Esta investigación se desarrolló de forma milimétrica, para ir anexando pieza por pieza, ya que los delitos informáticos suelen ser difíciles de rastrear.
El general Fernando Murillo, director de la Policía Judicial dijo a este diario que encontraron 18.470 datos financieros, de igual número de personas, a las que tuvo acceso la red.
“Esta investigación se desarrolló de forma milimétrica, para ir anexando pieza por pieza, ya que los delitos informáticos suelen ser difíciles de rastrear, son muchas las víctimas que hoy ven que se hace justicia”, aseguró el general Murillo.
Señaló que este grupo fue muy hábil en evadir los controles ya que cada call center recibe un datáfono marcado con un código único, y que con base en las quejas de los bancos se los habían bloqueado.
La red contaba con la complicidad de un funcionario, de alto nivel, Hayder Londoño, también capturado, quien era el encargado de realizar las investigaciones internas en los bancos, las cuales siempre terminaban a favor de Lina y Francisco por falta de pruebas.
“A Londoño le decían el ‘Doctor’, y era el encargado de realizar investigaciones internas para la región del eje cafetero, él recibía millonarios pagos para que los resultados de las investigaciones no avanzaran y así evitar el bloqueo de los códigos o permisos especiales”, señaló el director de la Díjin.
De igual forma, el ‘Doctor’ fue el funcionario encargado de diseñar los protocolos de atención para realizar las visitas de inspección por parte de las entidades de control a los call center, así que todo estaba manipulado a su favor.
El director de la Dijín señaló que con el material recaudado, en coordinación con la Fiscalía, a los capturados se les imputó concierto para delinquir con fines de violación de datos personales, transferencia no consentida de activos y estafa en modalidad masa.
Un juez de control de garantías los envió a la cárcel y podrían enfrentar una condena entre 4 y 16 años de prisión.
