“Javier Piedrahíta, el narcotraficante de Yarumal que armó el paramilitarismo en sus inicios en el sur de Córdoba y Sucre (…). Hoy entrego la hacienda del narcotraficante al pueblo campesino de Sucre”, dijo el mandatario en presencia de la entonces consejera para las Regiones Sandra Ortiz; Felipe Harman, de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y el jefe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, hoy ministro de Educación.

Pero el predio no lo tienen los campesinos y lo que hay es la versión de que se están perdiendo hectáreas.

Simba y el senador

EL TIEMPO investigó y estableció que la hacienda le fue incautada a Luis Fernando Castaño, ‘Botija’, acribillado en Medellín, en enero de 2018. Desde 2022, el senador Antonio Correa (de ‘la U’) no solo ha pedido que se verifique los depositarios a los que la SAE les ha asignado ese y otros bienes. También, si es cierto el asunto de las hectáreas.

“Lo que se dice en terreno es que los predios han sido manejados por Benjamín Sarta Ojeda, a quien vinculan con Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro”, dijo Correa.

El acta de la SAE

EL TIEMPO conoció el acta que la SAE y la ANT suscribieron con comunidades de Sucre para la entrega de Simba. Allí se asegura que son 661 hectáreas de ese predio y 142 hectáreas de otro: La Laguna. Pero, según registros en poder de este diario, esos predios tienen 850 hectáreas y 145 hectáreas.

El caso, que se ventiló incluso en un debate de control político al que Correa citó a Daniel Rojas, se sigue moviendo en las redes del activista político Santiago Alvarán.

EL TIEMPO ubicó a Benjamín Sarta Ojeda, quien empezó por aclarar que no tiene nexo con la nuera del Presidente: “Es falso que sea primo de Laura Ojeda. No la conozco. La sigo en redes porque es reconocida y me gusta ver lo que publica”. Y agregó: “Por el apellido me han querido vincular con ella diciendo que se quieren robar los predios. Dejé de ser depositario de Simba desde mayo de 2022 y fui removido de la SAE en enero de ese año, en la administración Duque”.

Además dijo que si se están perdiendo hectáreas, “debe ser por las personas a las que la SAE los entregó después”. También señaló que cuando los tuvo en sus manos los arrendó a una cooperativa ganadera que pagaba unos 18 millones de pesos al mes.

Contradicción en Gobierno

Felipe Harman, de la ANT, dijo que los predios siguen en la SAE. Pero allí dicen que se entregaron a la ANT, lo que concluye su responsabilidad. Además, que preparan una respuesta sobre la supuesta pérdida de hectáreas. Y que los contratos de arrendamiento de Simba y La Laguna, que iban hasta el 2026, se cancelaron desde abril de 2024.

Pero admiten que se han sostenido reuniones para zanjar disputas sobre millonarias mejoras no autorizadas que hicieron los arrendatarios.

¿Quién tiene la razón?