La pelea por la mina de plata que dejaron los Rodríguez Orejuela

La vieja cadena de farmacias fundada por los capos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela en los 80 es hoy una de las cien empresas más grandes del país.

Drogas La Rebaja supera los ingresos de Cerromatoso y de Incauca y cuenta con 872 locales, en 197 municipios, el doble de los que funcionaban en el 2005, cuando fue intervenida por el Gobierno, pues Estados Unidos la acusó de lavarles plata a los herederos del clan mafioso.

Según sus balances, la otra joya de la corona del cartel de Cali, conocida como Copservir, pasó de tener utilidades por 460.000 millones de pesos a 1,2 billones de pesos en el 2016, generando 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos.

Pero la próspera cadena de droguerías está en medio de una disputa que ya llegó hasta el despacho del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

EL TIEMPO estableció que entre directivos y asociados no cayó bien la decisión de la Superintendencia de Economía Solidaria de relevar del cargo de agente especial interventor o administrador a Andrés Hernández Böhomer, quien completaba ya 12 años al frente de la empresa con esos resultados.

Su relevo, el pasado 31 de julio, lo ordenó Héctor Raúl Ruiz, el recién nombrado superintendente, quien designó de inmediato a la profesional caleña Martha Cecilia Caracas Montaño, a quien le atribuyen cierta cercanía con el grupo de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Caracas entró a ganar unos 22 millones de pesos por concepto de honorarios.

En el Ministerio de Hacienda dijeron que, tras ese cambio, empezó a circular una carta en la que Hernández Böhomer pide que se le aclare por qué fue sacado.

No obstante la fulminante decisión, el exfuncionario continúa como depositario en la Sociedad de Activos especiales (SAE), que también depende del Ministerio de Hacienda.

Según dice Hernández Böhomer, si bien es una decisión discrecional, está seguro de que su salida tiene que ver con un concepto que rindió días antes. En este asegura que, legalmente, ya fueron superadas las causales de la intervención de Copservir, que vence el 3 de noviembre próximo.

Eso significaría que la mina de plata que dejaron los Rodríguez volvería a manos de sus asociados, proceso del que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está pendiente.

“Queremos estar seguros de que Copservir ya no lava plata de la mafia o de los herederos de los Rodríguez, condenados en Estados Unidos”, explicó una fuente federal.

Y aunque Hernández se negó a hablar con EL TIEMPO, en la ‘Súper’ confirmaron que este rindió un informe en el que justifica por qué debe cesar la intervención sobre La Rebaja, que, incluso, ya fue sacada de la Lista Clinton.

De hecho, dicen que se acordó con el superintendente Ruiz establecer un cronograma para el desmonte de la intervención estatal. Pero los planes cambiaron.

Al respecto, Ruiz le dijo a EL TIEMPO que la ley lo faculta para remover agentes especiales y que nombró a una profesional idónea. Además, que evaluará la situación de La Rebaja para establecer si cesa o no la intervención en un mes.

‘La nueva agente cumple todos los requisitos’

El superintendente de Economía Solidaria, Héctor Raúl Ruiz, le aseguró a EL TIEMPO que la remoción de Andrés Hernández de Copservir se hizo en uso de la facultad legal que le otorga el Decreto 663 de 1993. No obstante, descartó que se hubiera encontrado alguna conducta que ameritara ser investigada por la Fiscalía.�También advirtió que su entidad evaluará si persisten las causales para seguir con la intervención de Copservir.

“Aunque hay un fallo de primera instancia en el proceso de extinción contra los establecimientos de propiedad de Copservir, no está ejecutoriado, toda vez que será resuelto en el efecto suspensivo por el Tribunal Superior de Bogotá” explicó Ruiz.

Y advirtió que la prórroga de la medida de intervención compete exclusivamente al Gobierno Nacional, de conformidad con el Decreto 2555 de 2010. Y sobre el nombramiento de la nueva agente, Martha Cecilia Caracas, y su supuesta cercanía con la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, dijo que su designación se realizó porque cumple los requisitos establecidos para ser inscrita en la base de datos de agentes especiales de la Supersolidaria.

“En cuanto a la relación personal o profesional que exista o haya existido entre la doctora Caracas y la actual gobernadora del Valle, esta es desconocida por la Superintendencia y en nada interfiere en las decisiones de este órgano de supervisión”, puntualizó el funcionario.