La urgencia manifiesta permitía si se quería a dedo contratar el PAE en Atlántico

Acotaron que “la necesidad” de prestar un servicio de interés general permitió la urgencia para “aligerar” y “flexibilizar” esos requerimientos para solucionar de inmediato el suministro de la alimentación.

“La urgencia permitía, si se quería a dedo, contratar a quien podía prestar el servicio de manera inmediata, porque así lo permitía el acto administrativo”, dijo la defensa de Barraza y agregó que “no había obligación” de un comité evaluador.

Durante la diligencia, la defensa señaló que se cotizaron las raciones de almuerzos y meriendas  “para buscar los mejores precios” en beneficio de los recursos públicos.

“La Fiscalía pretende obligar a mi defendido hacer lo que la ley no lo obliga. Cuestiona que no se esperó el resultado de un comité evaluador para adjudicar el contrato”, dijo la defensa.

Añadió la defensa que las empresas contratadas “se encuentran sin sanciones y sin inhabilidades ante la Cámara de Comercio”.

Sobre los informes de 2015 nombrados por la Fiscalía, la defensa señaló que su defendido “no hacía parte de la Gobernación del Atlántico”.

“Barraza no tenía la obligación de cumplir con funciones de supervisión e interventoria. Él no es quien paga porque no es el ordenador del gasto”, dijo la defensa.

Un decreto. La defensa presentó en la audiencia el decreto por el cual se delegan facultades al secretario para celebrar el contrato por tanto “no hay celebración indebida de contrato”.

“El documento está foliado y que hace parte del acervo probatorio del proceso y que la fiscalía omitió en su imputación. Para los cargos de abuso de la función pública y celebración indebida en la fase de liquidación”, dijo la defensa.

En la diligencia la defensa de Barraza, señaló que la Fiscalía hizo acopio de una información de prensa con relación a Alejandro Hernández, el ‘zar’ del PAE en la costa Caribe,  y  “esas justificaciones” se quieren demostrar en contra de Barraza.

Por su parte, Camilo Ahumada, defensa de Uriel Reyes señaló que la fiscalía se refirió al imputado como el “facilitador” de los delitos imputados a todos por la venta de los derechos de la fundación Rey de Reyes.

“Fue un acto de comercio. El contrato de compraventa tiene causa u objeto lícito. Por lo que el motivo de esa venta no se le puede tildar de facilitador de los delitos imputados”, dijo la defensa de Reyes que señaló que “el cobro de los cheques es insuficiente para inferir razonablemente el delito por peculado”.

Los abogados señalaron que Uriel reyes “presentó denuncia” en la Fiscalía por presuntas irregularidades en propuesta de los oferentes, pero no se dice contra quien.

Ministerio Público

Durante la audiencia, en horas de la mañana, la Procuraduría General de la Nación apoyó la solicitud de la Fiscalía de imponer detención preventiva en centro carcelario en contra del Secretario de Educación Departamental y dos contratistas.

Sin embargo contra el jefe de cobertura de la Secretaría, también capturado, el representante del ministerio público solicitó detención domiciliaria.

Para hoy a las 8 de la mañana se espera la intervención de los abogados del funcionario público Emil Armando Pacheco y del contratista Félix Enrique Barrios.