La verdad de Mancuso y la ficha con que ‘exparas’ podrían llegar a JEP

Artículo de Ley de Justicia y Paz contempla que miembros de las Auc se acojan a otros sistemas.Hace exactamente un año, la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General, Ana Fabiola Castro, envió una carta en la que señalaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había confirmado que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez –quien cumplía una condena por narcotráfico en ese país– quedaría en libertad a partir del 27 de marzo de 2020.

Aunque se empezaron a disponer los trámites para que, a su regreso, el otrora comandante de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) siguiera saldando sus deudas con nuestra justicia, el traslado al país no se ha materializado.

Y, de hecho, el trámite se fue postergando hasta el punto de que Mancuso sigue en suelo norteamericano, a la espera de que se defina si es trasladado a Colombia o a Italia, país del que también es ciudadano y en donde, señalan sus defensores, no tiene cuentas pendientes.

La sola posibilidad de que el exjefe paramilitar llegara a tierra europea encendió las alarmas del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que aseguró que Mancuso solo fue condenado por 1.500 de los más de 75.000 crímenes asociados a su comandancia�de las autodefensas.

Pero, en el fondo, uno de los temas que más les preocupa a las víctimas de estos hechos es que no se revelen todas las verdades que el excomandante conoce.

Deudas pendientes

Para Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), “en relación con los paramilitares hay muchas verdades que descubrir y conocer. Por ejemplo, quiénes los financiaron, promovieron y respaldaron”.

Aunque Gallón reconoce que se han hecho avances, en parte por las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre la parapolítica, asegura que “se percibe que hubo sectores que están hoy en día activos en el país, que tienen intereses muy fuertes en la política y la economía, y que muy probablemente estuvieron vinculados” a dichos grupos armados.

Sobre el caso de Mancuso, Yessika Hoyos, abogada del colectivo José Alvear Restrepo (Cajar) y miembro del Movice, contó que muchos de los hechos que el excomandante empezó a destapar en sus versiones ante Justicia y Paz quedaron interrumpidos.

Entre estos, el funcionamiento del Bloque Capital de las Auc, la contribución de terratenientes de la región Caribe al paramilitarismo, la trama de las cooperativas que se crearon para desviar recursos de la salud, la relación con altos funcionarios de universidades para cometer violaciones de derechos humanos (incluyendo asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y secuestros) contra la comunidad estudiantil y miembros de sindicatos, entre un sinnúmero de homicidios.

Aunque durante su reclusión en Estados Unidos el ‘expara’ ha rendido algunas declaraciones, se espera que, de volver a Colombia, mantenga encendido el ventilador.�De hecho, bajo el sistema transicional al que se acogieron los paramilitares, Mancuso tendría un periodo de cuatro años para colaborar con todos los requerimientos judiciales que se le exijan.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso participó este 15 de enero en una audiencia virtual desde una prisión en EE. UU.

Según el abogado de Mancuso, Jaime Paeres, el exjefe de las Auc tiene voluntad de cumplir con ese compromiso y aportar verdad y reparación. Sin embargo, la apuesta de la defensa es que el exparamilitar no sea privado de la libertad al volver al país.

Paeres le dijo a este diario que su cliente ya pagó más de 12 años de prisión en Estados Unidos, que exceden los 8 años que la Ley de Justicia y Paz contempló como condena máxima para quienes se acogieran a esta. Sin embargo, aunque el abogado elevó la solicitud de sustitución de medida el viernes pasado, en una audiencia ante el magistrado Manuel Bernal Parra, le fue negada.

La razón principal para no otorgarle el beneficio es Mancuso tiene un proceso abierto en la justicia ordinaria por lavado de activos, que habría cometido después de su desmovilización. Ese caso también involucra a Enilce López, la ‘Gata’, parte de su familia y otras personas.

¿Una puerta para entrar a la JEP?

En una decisión de primera instancia, la JEP negó el sometimiento de Mancuso, al considerar que fue miembro orgánico de las Autodefensas, grupo que no hace parte de la competencia de esta jurisdicción. Pero hay un artículo que podría cambiar la ecuación.

La posibilidad de una “ley futura más favorable”, establecida en el Artículo 63 de la Ley 975 de 2005 (o Ley de Justicia y Paz), señala que “si con posterioridad a la promulgación de la presente ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes�posteriores”.

Por supuesto, esa prerrogativa riñe con los fundamentos del propio acuerdo de paz con las Farc, que “establecen que se aplicará en relación a excombatientes de las Farc y grupos insurgentes que celebren acuerdos con el Gobierno con posterioridad”, como explica Gustavo Gallón, cuya organización le puso la lupa a la desmovilización de los ‘paras’ y, en su momento, denunció con vigor sus irregularidades.

No obstante, Gallón considera que el Artículo 63 “no ha sido objeto de interpretación y de aplicación. Algunos pueden considerar que fue inconstitucional. Su aplicación es algo que los jueces tienen que considerar, pero, al haber sido tan oscura la negociación con los paramilitares, no se sabe hasta qué punto ese artículo resista un análisis de validez. Pero, gústenos o no, el artículo dice lo que dice”.

Adicional a esto, explica el director de la CCJ, hay otro elemento: el Sistema Integral de Verdad creado por el acuerdo de paz está basado en los derechos de las víctimas, por lo cual “la interpretación de qué sería lo más favorable para las víctimas tendrá que ser tenido en cuenta”.

Eso, sin embargo, tendrá que definirlo la JEP. Lo que sí advierte Gallón es que, en caso de que se abra la puerta de esa jurisdicción a los paramilitares, sea como comparecientes o en otros espacios, el reto está en garantizar que ellos tengan una voluntad genuina de decir la verdad y cumplan con ese compromiso a cabalidad.
El terreno, por ahora, es pantanoso. Y mientras tanto, la defensa de Mancuso insiste en que su caso llegue a esta justicia especial.

El abogado penalista Pedro Nel Escorcia señaló que, por la línea que ha tomado la JEP en sus decisiones sobre las intenciones de exparamilitares de ir a esa jurisdicción, no sería fácil que pudieran entrar usando ese artículo.

Pese a esto, señaló que ante la negativa de la JEP las peticiones serían resultas en la Corte Suprema.

De otro lado, aunque en el Congreso se presentó una iniciativa para que los exparamilitares puedan ser aceptados, el Gobierno no apoya esa idea.

El presidente Iván Duque dijo en noviembre ante los presidentes de las cortes y la Fiscalía que los ‘exparas’ que fueron extraditados deben ser castigados: “Que no pretendan con artilugios que van a llegar al territorio nacional a vincularse a esquemas de transicionalidad para que no tengan ni sanción carcelaria ni tampoco puedan ser extraditados nuevamente”, advirtió.

Lo que le espera a depredador sexual

En los próximos días regresará al país el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias el Patrón, quien cumplió su pena por narcotráfico en Estados Unidos.

El ‘expara’ –considerado uno de los mayores depredadores sexuales– tiene en su contra una condena por 851 hechos con 3.042 víctimas directas y 10.741 víctimas de delitos como desaparición forzada (148), homicidio en personas protegida (405), desplazamiento forzado (88 casos con 3.288 víctimas) y reclutamiento ilícito (56), entre otros. En Justicia y Paz tiene tres medidas de aseguramiento privativas de la libertad y además tiene otras dos sentencias en la justicia ordinaria.

En sentencias en su contra se cuestiona que fue uno de los exparamilitares que más se ensañaron contra niñas y mujeres. Se le imputan violaciones, abortos y embarazos forzados, prostitución forzada, esclavitud sexual, entre otros delitos.