Las dudas que sanción de EE. UU. a Clan del Golfo, abre en diálogos de paz con Petro

Aunque los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan de Golfo aún no se inician de manera formal, en las últimas horas se conoció una decisión que pone de relieve algunos desafíos a los que el Estado colombiano debería adelantarse de cara a una posible negociación con este grupo ilegal, considerado el más poderoso del país.

Se trata de una sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra cinco cabecillas del Clan (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC), quienes están bajo la lupa de ese país por actividades relacionadas con el envío de cocaína y el tráfico de migrantes.

Entre los sancionados -que ahora forman parte de la llamada Lista Clinton o lista de Nacionales Especialmente Designados- aparecen José Gonzalo Sánchez Sánchez (Gonzalito), quien es considerado el segundo en la línea de mando de esa organización; José Miguel Demoya Hernández (conocido como Chirimoya), Alexander Celis Durango (Bayron), José Emilson Córdoba Quinto (Negro Perea) y Wilder de Jesús Alcaraz Morales (El Indio).

En agosto pasado, tanto Sánchez como Demoya fueron reconocidos por el Gobierno Petro como miembros representantes del Clan en el espacio de diálogo sociojurídico�que, en teoría, se instalaría en las próximas semanas.

Ese rol asignado a ambos criminales, a quienes el gobierno norteamericano tiene bajo el rótulo de prófugos, les da estatus para negociar al nombre del grupo ilegal en la mesa de conversaciones, en la que también participaría Jobanis de Jesús Avila Villadiego, conocido como Chiquito Malo,�máximo jefe de esa organización criminal.

Las inquietudes de la sanción de Estados Unidos de cara a un proceso de negociación

De entrada, la inclusión de los cinco cabecillas del Clan del Golfo en la Lista Clinton implica que todos sus bienes que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses queden bloqueados.

Pero si se aterriza ese tema en una negociación como la que pretende ese grupo ilegal (en la que se ha mencionado la posibilidad de conservar parte de la fortuna�que han amasado producto de sus actividades criminales), el tema se vuelve complejo.

“Esto muestra que Colombia no ha coordinado eficientemente algunos procesos con países aliados”, le dijo a Colombia+20 Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group.

La experta asegura que estas sanciones “siempre complican los procesos de paz porque se suman a las exigencias por parte del grupo en la mesa de negociaciones”.

Sin ir tan lejos, en los últimos meses un caso relacionado detonó la primera tensión en el proceso de paz con la Segunda Marquetalia, luego de que los negociadores de esa disidencia de las FARC le exigieron al Gobierno retirar la orden de captura con fines de extradición de Iván Márquez, el máximo comandante de esa organización.

Dickinson también pone como ejemplo lo que ocurrió durante los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las FARC: “La petición de sacar a ese grupo del listado de organizaciones terroristas de Estados Unidos costó varios años, y fue un tema supremamente sensible en la mesa de negociación, pero además complica la vida en el proceso reincorporación”.

¿Se necesita un canal de comunicación con Estados Unidos?

Con esos antecedentes, y considerando que varios cabecillas de los grupos ilegales con los que el Gobierno Petro conversa están en la mira de las autoridades extranjeras, resulta clave que el Ejecutivo adelante las gestiones diplomáticas para dar respuesta a eventuales peticiones en las mesas de diálogo.

“Es importante que Colombia abra un canal desde ahora sobre cómo van a tratar tales temas. Por ejemplo: cómo se puede pensar la extradición, cómo se puede contemplar penas reducidas�si las personas realmente demuestran una voluntad de de paz”, plantea la investigadora del International Crisis Group.

Dickinson agrega que ese canal es crucial “porque el interés de Estados Unidos claramente son los procesos judiciales, pero el interés de Colombia es la paz, volver a tener una tranquilidad en terreno, y por eso se debe tener la voz de Estados Unidos para saber al menos qué tanta flexibilidad hay para negociar”.