Las tres reuniones de Emilio Tapia para concertar su negado preacuerdo

A las cómodas casas fiscales de la cárcel del Bosque de Barranquilla, donde Emilio Tapia comparte sus días con el también corrupto empresario Carlos Mattos,�han llegado no solamente el Director de la Unidad Nacional Especializada contra la Corrupción, Eduard Alirio Calderón, sino también la fiscal Andrea Muñoz y una altísima funcionaria del gobierno nacional.

La interlocutora de Tapia es la doctora Martha Lucia Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. De todos esos encuentros quedaron registros, algunos de ellos magnetofónicos. Es decir grabaciones.

Los términos de ese preacuerdo muy ventajosos para el señor Tapia y muy poco favorables para el Estado: Consisten en una rebaja de la pena, que debía ser de 14 años a 55 meses de cárcel, lo que lo pondría en la calle posiblemente el año entrante por acumulación de beneficios y la entrega por parte de Tapia de una suma inferior a 2.000 millones de pesos que además entiende como una “donación”. Además de esa propina, Tapia no delatará a nadie ni revelará nada sobre el funcionamiento de la organización ilícita.

Ustedes tuvieron la oportunidad de oírlo de labios del señor Tapia en la grabación que revelamos aquí en la W.

En reacción a la incontestable evidencia, Emilio Tapia decidió culpar de la grabación y de que se conocieran los términos del acuerdo a Angélica Monsalve, fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá. Está equivocado.

Tristemente para el señor Tapia hay grabaciones de tres sesiones distintas con diferentes funcionarios en las que él presume sobre el alcance del preacuerdo y señala además que:

1. En al menos una de las reuniones para discutir el alcance de su preacuerdo participó un delegado directo del presidente de la república.

2. Que su proceso, oigan esto, se enmarca dentro de la paz total y es parte del perdón social del que ha hablado el presidente Petro.

3. Que la devolución de una parte de la plata pública con la que se ha enriquecido es un gesto generoso de su parte, una especie de acción restaurativa.

4. Y aquí empieza lo mejor: Afirma Emilio Tapia que un familiar de una persona que desempeñó un muy alto cargo en el gobierno de Iván Duque les pidió una mordida del 7 por ciento del contrato de Centros Poblados. Es decir 70 mil millones teniendo en cuenta que el valor del contrato era de un billón de pesos.

5. Asegura a sí mismo que unos familiares de esa persona querían quedarse con su tajada convertiéndose en los proveedores de equipos para la ejecución del contrato de Centros Poblados.

Lo raro es que teniendo señalamientos y delaciones tan importantes no las incluya en su compromiso de colaboración con la justicia. ¿Será que está ahorrando para cuando necesite otro preacuerdo o principio de oportunidad para futuros negocios?

Todo esto se queda en las conversaciones que sostiene con agentes de Policía Judicial y fiscales pero no quiere oficialmente declarar sobre eso, ni sobre otros temas de corrupción que conoce –o dice conocer– y que pueden ser más grandes que Centros Poblados.

Bueno, pues El Reporte tiene copia sonora de cada una de estas afirmaciones.

No puedo publicarlas hoy por un compromiso de reserva de la fuente pero esas grabaciones se revelarán en la semana del 20 de diciembre�cuando vence el plazo solicitado por una de las fuentes de información.