“Les compré oro a mineros informales, no ilegales”, dice el congresista Jimmy Díaz

En la cárcel La Picota de Bogotá está uno de los brotes de COVID-19 que existen en algunas cárceles del país. Ya se han identificado cinco casos, así que la población carcelaria vive con la angustia de ser contagiada y que la situación termine saliéndose de control, como en la cárcel de Villavicencio, donde hay 866 contagiados. En el centro de reclusión de la capital está Jimmy Díaz, representante a la Cámara, desde septiembre de 2019, cuando fue capturado a la salida del Congreso por una investigación que adelanta la Corte Suprema en su contra por colaborar, presuntamente, con una organización dedicada a la minería ilegal.

En marzo pasado, el alto tribunal llamó a juicio al barón político del sur del país, porque, mientras fue gobernador de Putumayo (entre 2012 y 2015), al parecer colaboró activamente con un grupo ilegal que extraía oro. La Corte lo juzgará por concierto para delinquir, contaminación ambiental y peculado por apropiación en favor de terceros, entre otros. El congresista respondió a un cuestionario que El Espectador le envió y dijo, entre otras cosas, que la compra del metal precioso que hizo y el contrato que benefició a una asociación minera fueron legales. También hace una llamada al Gobierno para que garantice la salud de los presos en medio de la pandemia.

Primero que todo, ¿cómo está de salud y cuál es la situación en la cárcel?

Hay una gran expectativa por parte de la población privada de la libertad a raíz del decreto que declaró la emergencia carcelaria. Es muy poco o nada lo que se refleja en los centros carcelarios, como La Picota, de los resultados de esta medida del Gobierno nacional. Las personas infectadas cada día aumentan en los centros carcelarios. Un primer campanazo es el de la cárcel de Villavicencio. Ojalá esta situación se pueda controlar y no se salga de las manos. Seguimos esperando los gestos por parte del Gobierno para que se garantice la salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad. En cuanto a mi situación, ha sido difícil, como lo sería para cualquier persona privada de su libertad. Son días de angustia, noches que se vuelven eternas. Hago todos los esfuerzos para que se aclare la investigación que hoy nos ocupa.

En cuanto a su proceso penal, ¿cuéntenos cómo conoció a alias “Barbas”, la persona que le habría vendido el oro ilegal y testigo en su contra en la Corte?

Alias Barbas es el presidente de los mineros en Puerto Leguízamo Asomicuap, en Putumayo. Él viajó hasta Mocoa (capital del departamento) el 9 de septiembre de 2015 para hacer visible sus preocupaciones como asociación y es ahí donde entablamos una relación interinstitucional.

La Corte dice que usted conoció a “Barbas” a través de alias “Yeyo”, ¿Quién es este último?

Yeyo es un comerciante de Puerto Leguízamo y lo conozco a raíz de la política. Para ser gobernador del Putumayo me tuve que lanzar en dos oportunidades. La primera vez me ganó el candidato de la captadora ilegal de dinero DMG. En una campaña política tan extensa uno entabla varias amistades. Él tenía una hotel en ese municipio del Putumayo. No tengo muy claro si él tiene alguna relación con Asomicuap. Con él sí puedo decir que lo conocía de antes, no como a Ramírez Leal (Barbas). No es verdad que yo le comprara oro a Yeyo.

El alto tribunal le reprocha a usted dos compras de oro a alias “Barbas”. ¿Usted por qué le compraba oro?

La primera vez fue de manera casual, a plena luz del día, delante de mucha gente y de algunas autoridades. Lo hice porque en mi casa, en mi familia, tenían minas de oro. Más precisamente mi madre. Incluso ella tenía un joyero propio. Cuando me lo mostraron me causó curiosidad. En la indagatoria que hice ante a la Corte, incluso, le dije al magistrado que podían ir a la casa de mi mamá a verificar que ese oro se encontraba aún allí. Lastimosamente, la Corte no consideró mi petición. Esto no tenía propósitos comerciales.

Pero fueron compras por $50 millones…

Es para guardar. Hay gente en todo Colombia que lo compra como un método de ahorro. En el caso de mi mamá, es como una joya, por eso yo insistía en que se hiciera una inspección en su casa para verificar lo que decía. Las compras que hacía mi madre a los mineros eran esporádicas y por muy pocas cantidades. Incluso, cuando fui candidato a la Alcaldía de Mocoa grupos armados me secuestraron y mi mamá pagó el rescate con oro. Hacer política en el Putumayo es un asunto bastante complejo. Por eso yo soy uno de los que aboga porque se reanude la mesa de diálogo con el Eln y por eso voté no a las objeciones del presidente Duque a la JEP.

¿Por qué hizo negocios con esta asociación que no cumplía con los requerimientos de ley para operar?

Si bien Asomicuap no era legal, tampoco era ilegal. Eran mineros informales. La ley de la minería, hasta 2018, permitía a los mineros tradicionales operar con el solo hecho de presentar la licencia de minería. Hay un vacío jurídico y legal muy grande en la Agencia Nacional de Minería. Lastimosamente no se sabe diferenciar la minería artesanal y la ilegal. El gobierno de Juan Manuel Santos, en su Plan Nacional de Desarrollo, decía que los gobiernos locales y regionales deben invertir en la formalización de los mineros. Si es así, muchos funcionarios de la AGM y del Ministerio de Minas tienen que ir a la cárcel, porque ellos también invirtieron muchos recursos en los mineros informales. En ningún momento se compró a mineros ilegales.

Con seguridad le puedo decir que en el Putumayo no hay dragas como las hay en Chocó, Antioquia y otras regiones del país. Quizá le habrían incautado balsas. Pero, la Armada dice que le incautó doce artefactos de estos y lo consideran “el capo de las dragas”…

No sé cuál sea la apreciación que tengan de él, pero yo jamás conocí los lugares de donde extraían el oro y en donde yo pudiera conocer el método de extracción. Lo que sí sé es que son tradicionales; que la minería es un renglón clave de las familias en el Putumayo, que el departamento fue declarado como distrito minero y que desde 1997 Asomicuap venía desarrollando la minería y no había tenido ningún problema. Ellos acreditaron siempre ante la Gobernación ser mineros artesanales. Contaban con autorización del Ministerio de Justicia para manejar sustancias y productos químicos controlados de uso masivo. Si ellos fueran ilegales no les darían ese permiso.

Usted, siendo el gobernador de Putumayo en ese momento, era una de las personas mejor informadas del departamento. ¿Falló en no indagar quién era “Barbas” antes de comprarle ese oro?

Lo mínimo que debió hacer la Armada o la Policía de Puerto Leguízamo era decirme: “Gobernador, mucho cuidado con ese señor”, y más cuando yo llegaba a ese municipio y me quedaba en las casas fiscales de la fuerza pública. Ahora, Asomicuap es una organización que tiene cámara de comercio y personería jurídica. También hay que tener en cuenta que “Barbas” tiene muchas incongruencias en sus declaraciones. Por ejemplo, dice que me conoció en 2016 y yo en ese momento ya no era gobernador. Incluso, yo soy el que le dije a la Corte que lo conocí en 2015.

En agosto de 2015 se aprueba un proyecto de apoyo a los mineros de Asomicuap. Se definen los equipos que se van a comprar. Yo conozco a Barbas un mes después, cuando ya había pasado el proceso precontractual. Además, los funcionarios de la administración que me siguió y que le hicieron seguimiento al contrato dicen que no direccioné esa compra. No entiendo por qué me dictan una medida de aseguramiento y luego se recaudan las pruebas. De los testimonios que se recogieron todos hablan a favor de mí.

El 28 de diciembre de 2015, tres días antes de que se acabe su gobernación, se firmó el contrato entre la Gobernación y la Fundación Victoria Regia por $82 millones. Según la Corte, la fundación ejerció como falsa intermediaria, pues la maquinaria, en realidad, habría sido negociada con el propio “Barbas”. ¿Cómo se explica eso?

Eso es un aporte que se hacía a los mineros de Puerto Leguízamo. Era un aspecto apenas normal que estas máquinas se quedaran allí. Si eso hubiera tenido un tache de ilegalidad, pues la Gobernación y la Secretaría de Productividad y Competitividad, que hicieron la supervisión del contrato, lo hubieran objetado, porque eso se hizo seis meses después de que yo hubiera salido del cargo. El ingeniero Botina era representante legal de otra fundación ambiental del Putumayo y él participó en la puja por ese contrato. Él mismo le dice a la Corte que el proceso fue transparente.

Lo que se hizo fue una sugerencia respetuosa, porque los mineros del municipio se quejaban de que la fuerza pública no les dejaba transportar su gasolina y el ACPM para los motores de sus balsas. Como gobernador, eso era apenas normal decirle al comandante que les ayudara a los mineros artesanales con eso y no tuvieran tropiezos. El tema no pasó de ahí. Mi relación con los uniformados durante mi administración fue de las mejores e incluso fui condecorado por ellos por el respaldo que se les dio durante esos años a los uniformados.

En septiembre de 2019, la Fundación Paz y Reconciliación lo ligó a usted con el crimen organizado del Putumayo. ¿Qué dice usted al respecto?

Mi candidato a la gobernación iba a ganar hasta que empezó esa guerra sucia ante los medios. Me mostraron como si yo fuera el jefe de una banda de paramilitares. Cuando fui gobernador, Gloria Ortiz fue diputada a la asamblea del departamento (por el Partido Conservador). Ella tiene dos hijas y una de ellas está casada con alias Gárgola y eso bastó para ligarme a ellos. Yo creo que Gloria no puede responder por las conductas de sus hijos y mucho menos por lo que hagan sus yernos. Pienso que esa nota sucia y cruel que apareció por televisión fue la que precipitó al magistrado a tomar la decisión de privarme de la libertad.