Un lío más para Alberto Rojas Ríos
Un lío más para Alberto Rojas Ríos
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
Además de tener un proceso en firme en su contra por cuenta de supuestas irregularidades en su elección, ahora es el cuarto magistrado en ser mencionado dentro del escándalo de corrupción judicial en el Meta. Dentro de 15 días. la Corte Constitucional empezaría a estudiar la ponencia que determinará si sigue o no en su cargo.
El magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, pasó a ser el cuarto magistrado mencionado en medio del escándalo por el supuesto entramado criminal en el Tribunal Superior de Villavicencio, en el cual por lo menos 20 funcionarios judiciales habrían beneficiado a miembros de grupos al margen de la ley y a mafiosos. El nombre de Rojas Ríos apareció a raíz de una insistencia que le envió a la Sala de Selección de la Corte en abril del año pasado, para que revisara una tutela de Marbelly Sofía Jiménez, entonces condenada a 29 años de prisión por el asesinato de su hijastro, Óscar Parrado. Ella, asegura la Fiscalía, sobornó a magistrados del Tribunal Superior del Meta para no ir a prisión.
La permanencia de Rojas Ríos en la Corte Constitucional ha sido fuertemente cuestionada desde 2015, cuando, después de varias peleas jurídicas, el Consejo de Estado le permitió regresar a este alto tribunal, a pesar de que en 2014 esa misma entidad había anulado su elección como magistrado. El Espectador conoció que, en 15 días, la Sala Plena de la Corte Constitucional empezará a estudiar, por fin, la tutela que se presentó contra la elección de Rojas Ríos, recurso que lleva dos años a la espera de una decisión de fondo. Luego de dar muchas vueltas por varios despachos, la ponencia le tocó a la magistrada Gloria Stella Ortiz.
En diálogo con BluRadio, el magistrado Rojas Ríos explicó que no conoce a Marbelly Sofía Jiménez ni a nadie vinculado con ese proceso; que es, simplemente, “uno de los miles de casos” que llegan hasta su despacho y que su intención era proteger los derechos de tres menores de edad que se iban a ver perjudicados si su mamá era enviada a la cárcel. Hasta ese momento, y tal como lo aseveró la Fiscalía, a Jiménez le habrían ayudado algunos magistrados del Tribunal Superior del Meta para no ir a la cárcel por el asesinato de su marido, Óscar William Parrado, uno de los dueños de la empresa Autorrolings en el Meta; de su hijastro, Óscar Steven Parrado, y de dos personas más.
Los magistrados del Tribunal Superior del Meta envueltos en este escándalo de corrupción son Fausto Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Trejos Londoño, quienes fueron capturados junto a 20 funcionarios judiciales más. Según la Fiscalía, los jueces habrían recibido por lo menos $3.000 millones para beneficiar a exparamilitares como Smith Bayardo Parra, alias Monopicha, exesposo de Marbelly Sofía Jiménez, quien además fue condenada por el asesinato de Óscar William Parrado. A los exmagistrados Díaz, Vargas y Trejos ya les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar u ofrecer y prevaricato por acción.
En el caso de Marbelly Sofía Jiménez, la Fiscalía señaló que la mujer les habría ofrecido al menos $150 millones a los magistrados para evitar que fuera enviada a la cárcel por los homicidios de su esposo; del hijo de este, Óscar Steven Parrado; de Iván Rodrigo Parrado Aquine, de Jorge Enrique Mora Clavijo y la tentativa de homicidio de Freddy Ricardo Iregui. El ente investigador rastreó las cuentas de los magistrados y encontró que, entre 2010 y 2015, el magistrado Fausto Díaz registró movimientos en sus cuentas bancarias por $927 millones y que Joel Trejos Londoño recibió consignaciones por $255 millones. En el caso del Alcibíades Vargas, la cifra se acerca a los $244 millones.
De acuerdo con los argumentos que ha presentado el ente investigador, los casos que llegaron al despacho del magistrado Alcibiades Vargas, desde su toma de posesión en 2008, no fueron resueltos en orden cronológico, sino de “manera arbitraria”. La Fiscalía cuenta además con la declaración de un familiar de las víctimas del exparamilitar, quien asegura haber tenido una conversación con el propio Monopicha sobre la corrupción de los magistrados. Tras los “buenos resultados” en el proceso penal de Monopicha, explicaron los investigadores, los magistrados habrían sido contactados por varios integrantes de grupos al margen de la ley, quienes les ofrecían estadías en balnearios con todos los gastos pagos y licor ilimitado.
La mención de cuatro magistrados de la Rama Judicial, entre ellos uno de la Corte Constitucional, dentro del escándalo judicial en el Meta, se suma a la ya larga lista negras de escándalos de corrupción en el país. Un inventario que se va engordando tras la captura del jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, por la evidencia que tiene la DEA de que le habría pedido un soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para beneficiarlo en sus procesos penales, solo por mencionar un ejemplo. El martes pasado —un día después de que hubieran empezado a conocerse los detalles del caso del Meta—, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, le pidió al país que confíe en su Rama Judicial. Los hechos, sin embargo, indican que por ahora esa confianza no es posible.
