Los caballos y relojes perdidos de un narco que empapeló a la SAE

En un informe de 308 páginas, el organismo de control expuso “hallazgos fiscales por valor de $28.056’865.126, cuatro con presunta incidencia penal, 30 que conllevan presunto alcance disciplinario, dos con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio y uno con otra incidencia”, según el comunicado oficial.

Las presuntas irregularidades abarcan procesos desarrollados en los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, pero en el listado hay un hecho que sobresale, por la paradoja que implica el riesgo de una demanda millonaria por parte de un consabido narco.

Se trata de Carlos Felipe Toro Sánchez, conocido en el bajo mundo como “Pipe Montoya”. En el pasado fue jefe de sicarios de su primo Diego Montoya Sánchez (“don Diego”), capo del cartel del Norte del Valle; en 2003 fue capturado y posteriormente extraditado a EE.UU., donde recibió una sentencia de 19 años de cárcel por narcotráfico.

Gracias a delaciones y cooperación con la justicia extranjera, apenas estuvo preso nueve años y regresó a Colombia en 2012.

Con la fortuna que logró conservar, construyó en 2015 el Criadero Nuevo Amanecer S.A.S., cuya sede principal está en Tenjo (Cundinamarca), el cual llegó a ser uno de los más importantes del país.

Según el expediente de la Fiscalía, junto a su esposa María Fernanda Ángel Muñoz (“Nana”) regentaba una lucrativa red de lavado de activos.

Fue por eso que el ente acusador y la Dijín de la Policía los capturaron en diciembre de 2019 y les allanaron todas sus propiedades. La diligencia incluyó el embargo de 68 inmuebles, con valor cercano a los $1.2 billones de pesos.

El informe oficial consignó que entre esos bienes habían 48 caballos de genética superior, 69 relojes de colección y 10 placas de metal con baño dorado.

Los bienes quedaron a disposición de la SAE, mientras continuaba el proceso de extinción de dominio, pero tres años después los embargados denunciaron que los relojes y las placas, valorados en $1.302’873.969, se embolataron en poder del Estado.

Las presuntas irregularidades

“El 2 de marzo de 2020 la Fiscalía 74 Especializada de Extinción de Dominio se los entregó a la SAE para su custodia y cuidado. Estos bienes estuvieron en administración de la SAE mediante la figura de depósito provisional a partir de la fecha mencionada (…)”, recalcó la Contraloría en su reciente auditoría.

Y añadió: “Se observa un incumplimiento al deber legal de vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados, situación ocasionada por posibles deficiencias en el control y seguimiento”, aunado al hecho de que existe un proceso penal en contra de la SAE que, de perderse en los estrados, le generaría un daño a las finanzas del Estado por el pago de los objetos perdidos.

La otra presunta irregularidad sucedió con los equinos incautados a “Pipe Montoya”. Durante los allanamientos, la Fiscalía advirtió que “no se ha establecido el valor real de cada uno de los caballos, a la espera de un peritaje”; sin embargo, indicó que en las interceptaciones a los implicados se hablaba de ventas cercanas a los US$2 millones de dólares.

Pese a esto, la Contraloría informó que el avalúo lo hizo un veterinario que “no cuenta con los cinco años de experiencia valorando ejemplares de competencia” y los valoró en menos de $26 millones, es decir, una ínfima parte del precio comercial.

Y para rematar, fueron subastados por la SAE por un valor inferior. Por ejemplo, el caballo de paso fino “Viajera de Yarumalito”, tasado por el cuestionado veterinario en $25’210.084, fue vendido por $17 millones; y la burra “María Antonieta”, de $3’361.345, se subastó en $1 millón.

El mal negocio de los caballos dejó un supuesto detrimento cercano a los $100 millones, según los hallazgos de la Contraloría.

Ahora lo que sigue es determinar si estas sospechas terminan en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales, en los que no es el narco quien responderá ante la justicia, sino los servidores públicos.

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