Los casos de financiadores de la guerra, en el radar de la CPI
Los casos de financiadores de la guerra, en el radar de la CPI
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
En carta conocida por EL TIEMPO, la Fiscalía de Colombia reporta datos sobre empresas investigadas. La Corte Penal Internacional (CPI), que desde 2004 tiene en observación a Colombia por posibles casos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en medio del conflicto armado, ha manifestado en sus últimos requerimientos a las autoridades nacionales un mayor interés sobre quienes financiaron y promocionaron las actividades de los grupos ilegales.
Así lo evidencia un informe de la Fiscalía General de la Nación que tiene como destino final la Fiscalía de la CPI, que en su última visita a Colombia, a comienzos de este año, planteó varias inquietudes sobre los avances de las investigaciones contra los financiadores de la guerra en el país.
La misión de la Fiscalía de la CPI se reunió con autoridades, funcionarios del Gobierno y organizaciones defensoras de derechos humanos, y centró su interés en temas puntuales como “los procedimientos nacionales que abordan la promoción y expansión de los grupos paramilitares; desplazamiento forzoso; delitos sexuales y de género, y los homicidios conocidos como ‘falsos positivos’”.
En el documento del 10 de marzo que la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación le envió a la Dirección de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido por EL TIEMPO, el ente acusador relaciona “29 casos representativos que involucran a 70 terceros civiles y agentes del Estado vinculados con los grupos armados ilegales” en hechos entre 1992 y enero de 2018.
Añade ese informe que de los 29 casos priorizados, 10 están en investigación preliminar; 14, en instrucción y 5, en etapa de juicio; y que el 65 por ciento de los casos tienen avances en las investigaciones.
El ente acusador asegura que entre los casos por priorizar se han tenido en cuenta las investigaciones contra los promotores y financiadores del conflicto y los agentes del Estado.
Esto coincide con las denuncias que han hecho los representantes de las víctimas de los paramilitares en las que se han quejado de los avances de las investigaciones contra quienes promovieron las actividades de grupos ilegales y de los llamados que han hecho los tribunales de Justicia y Paz sobre las compulsasde copias que se han realizado tras las confesiones de exparamilitares.
Soraya Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo que en esto ha habido impunidad, pues “a pesar de que ha habido más de 16.700 compulsas de copias que comprometían a 2.300 empresarios, comerciantes y civiles, y más de 1.800 políticos, los resultados de las investigaciones penales en la justicia ordinaria son mínimos”.
A pesar de que ha habido más de 16.700 compulsas de copias que comprometían empresarios, comerciantes, civiles, y políticos, los resultados de las investigaciones en la justicia ordinaria son mínimosector de la Comisión Colombiana de Juristas, consideró que esa impunidad abre “una posibilidad grande” de que la CPI pase de monitorear la situación del país a investigarla.
En el documento del ente acusador, que irá a análisis de la CPI junto con otros informes pedidos a otras entidades estatales, se referencia la investigación contra la multinacional Chiquita Brands y se señala que “en agosto de 2018 se profirió resolución de acusación en contra de 13 personas, entre directivos y empleados de las filiales Banadex y Banacol, por el delito de concierto para delinquir para el presunto financiamiento del frente ‘Arlex Hurtado’, al mando de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito.
Igualmente se menciona que el 17 de septiembre de 2019, el despacho del entonces vicefiscal general resolvió una apelación del caso y “confirmó la decisión, contra 10 de las 13 personas, por el delito de concierto para delinquir agravado, así como la declaratoria de lesa humanidad”. En la actualidad, el proceso está pendiente de inicio de juicio y se sigue investigando a dos empleados de Banacol y uno de Banadex.
Más de 700 terceros civiles han pedido cupo en la JEP.
Este es uno de los pocos casos de financiación de grupos ilegales que han avanzado y que enreda a funcionarios de una empresa de ese tamaño. De hecho, la Fiscalía ha señalado en la investigación que “las pruebas aportadas demostrarían la participación de directivos y algunos empleados de estas sociedades” en la entrega de dinero al grupo ilegal que delinquía en zonas de Urabá y Santa Marta.
El informe de la Fiscalía también habla de la financiación del frente ‘Alex Hurtado’, que delinquía en el Magdalena y estaba adscrito al bloque Bananero de las Auc; y de pagos al bloque Calima, el cual, según informes de Memoria Histórica, perpetró entre 1999 y 2004 6.918 asesinatos, 119 masacres y 3.400 desplazamientos.
Sobre esto, la Fiscalía afirma que en el proceso conocido como ‘comerciantes del Valle del Cauca que habrían financiado las actividades ilícitas del bloque Calima’ hay una investigación por concierto para delinquir a cargo del Fiscal 132 Especializado, que el 15 de noviembre de 2019 ordenó el cierre parcial de la investigación a tres sindicados y el 2 de diciembre del mismo año vinculó a otras tres personas a esta.
Frente a la financiación del ‘Alex Hurtado’, dice la Fiscalía que hay una investigación por concierto para delinquir en la que se han escuchado versiones de personas relacionadas con empresas, entre trabajadores y propietarios, dedicadas a la comercialización de frutas entre 1996 y 2006. Así mismo se han identificado bienes de estas personas para “determinar un perfil financiero para establecer los incrementos patrimoniales durante el referido periodo”.
La Fiscalía había reportado un total de 2.047 casos contra civiles o agentes del Estado que no eran miembros de las fuerzas públicas por promoción, apoyo o financiamiento de grupos armados ilegales
Llama la atención que el año pasado, la CPI ya había recibido información de estos casos puntuales y había pedido algunas aclaraciones sobre la financiación del bloque Calima, que habían terminado con una respuesta de la Fiscalía de Colombia señalando que la investigación “se centra principalmente en la responsabilidad penal de algunos empresarios del Valle del Cauca”.
Así consta en el informe de actividades de la CPI en el 2019, que menciona que la Fiscalía había reportado “un total de 2.047 casos contra civiles o agentes del Estado que no eran miembros de las fuerzas públicas por delitos relacionados con la promoción, apoyo o financiamiento de grupos armados ilegales. De ellos, se informa que 1.253 casos se relacionan con delitos presuntamente cometidos por civiles o empresarios y 794 con agentes estatales no combatientes”.
Por ahora, la investigación sobre los terceros que financiaron la guerra está en dos instancias. En la ley de Justicia y Paz –creada para juzgar a paramilitares– quedó en manos de la Fiscalía la labor de investigar a los financiadores, pero el proceso de paz con las Farc abrió la puerta para que a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fueran voluntariamente los terceros del conflicto, y hasta el momento hay 766 solicitudes de entrada de terceros, de las cuales se han aceptado 4.
La preocupación por las investigaciones por delitos sexuales
Aunque la violencia sexual es considerada uno de los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto, las investigaciones por ese tipo de hechos siguen en la Fiscalía, y la justicia especial para la paz (JEP) aún no ha asumido su competencia.
Ese es otro de los puntos sobre los que la CPI también pidió información a la Fiscalía.
El ente acusador señala que frente a los casos de violencia sexual priorizados por la Corte Constitucional en tres autos “en atención a la normatividad vigente, la Fiscalía debe continuar adelantando las investigaciones relacionadas con el conflicto armado hasta que la JEP no asuma la competencia de las mismas”. Y añade que el paso a la JEP ocurrirá cuando se expida la resolución de conclusiones, lo que no ha ocurrido.
En concreto se habla de los autos O92 de 2008, 009 de 2015 y O98 de 2013, los dos primeros por aberrantes casos de violencia sexual y el último por el desplazamiento forzado que afectó a miles de campesinos. En esos autos, la Corte documentó más de 5.110 víctimas de violencia sexual entre 1985 y 2013.
Y aclara que aunque la Fiscalía no pierde la competencia de las investigaciones, “los fiscales de conocimiento deberán abstenerse de adoptar decisiones que impliquen la afectación de la libertad, adoptar decisiones que determinen la responsabilidad de los investigados, adoptar decisiones o realizar actuaciones que impliquen citación a práctica de diligencias judiciales”, lo que les deja poca posibilidad de maniobra.
La Fiscalía dice que aunque no ha enviado a la JEP los procesos sobre esos autos de la Corte, encontró que se trata de 373 casos por desplazamiento y 623 por violencia sexual.
Creemos que la JEP está a tiempo de satisfacer la demanda de justicia de las víctimas de violencia sexual, y que tiene todas las condiciones para hacerlo
Ante esto, Mariana Ardila, abogada de Women’s Link WorldWide, sostuvo que han pedido que la JEP cree un caso específico sobre violencia sexualen el conflicto, tal como lo ha hecho con el secuestro y otros delitos, para que esas investigaciones avancen. “Creemos que la JEP está a tiempo de satisfacer la demanda de justicia de las víctimas de violencia sexual, y que tiene todas las condiciones para hacerlo”, dijo.
Fuentes de la JEP consultadas por este diario señalaron que ya se vienen investigando delitos sexuales en el marco del conflicto y que hay varios hechos que están en el caso de reclutamiento forzado de menores de edad. Y agregaron que, en todo caso, la Fiscalía puede seguir avanzando en esas investigaciones.
Además, dijeron que se está evaluando la posibilidad de crear un caso individual por ese delito en el que no solo se incluiría a la guerrilla, sino hechos que vinculan a agentes del Estado.
