Los contratos por los que la Procuraduría investiga al gobernador de Arauca
Los contratos por los que la Procuraduría investiga al gobernador de Arauca
Según la Procuraduría, para determinar el valor estimado del contrato, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Social realizaron el estudio del mercado sustentado en los precios promedio de tres cotizaciones entregadas por las empresas Compañía Soluciones Arauca S.A.S, Fundación Innovación Continua y Distrimargarita Arauca S.A.S. En cuanto al transporte y embalaje de los kits alimentarios se estableció en el estudio previo que lo mismos serían asumidos por la empresa contratada.
Teniendo en cuenta los documentos remitidos por el procurador regional de Arauca, la procuradora segunda para la contratación estatal, Gloria Quintero, como se sabe, resolvió abrirle investigación disciplinaria contra el propio gobernador Castillo; Luís Medardo Tovar Altuna, secretario de gobierno y seguridad ciudadana; Carolina Muriel Zea, secretaria de desarrollo social; Heivind Palomino Gutiérrez, gerente de contratación y Edwar Enrique Portillo, coordinador de gestión del riesgo del departamento de Arauca, con el fin de verificar si hubo irregularidades en el trámite del proceso de selección del contrato para la atención alimentaria de la población de ese departamento.
El organismo encabezado por Fernando Carillo dice que el gobernador podría haber “desconocido o ignorado” las herramientas legales para determinar “la inconveniencia” de celebrar el contrato, el cual no estaba destinado para hacerle frente a la crisis por el nuevo coronavirus sino que, por el contrario, contemplaba la realización de un evento masivo que era a todas luces imposible llevarlo a cabo en marzo y abril pasados a raíz de las medidas de distanciamiento social que aún se aplican en todo el país.
“El hecho jamás existió, jamás existió el contrato porque ese contrato perdió fuerza ejecutoria por partida de vigencia y es un contrato que jamás nació en la vía jurídica en la etapa de ejecución que es las que podría existir alguna sujeción de deber por parte del gobernador”, le dijo Carvajal a la cadena radial. También agregó que “el gobernador no tuvo la intención de ejecutar el contrato en época de pandemia y no se ejecutó el contrato. Por eso, pidió absolverlo de los cargos y archivar la investigación”.
