Los enredos de dos negocios del gobernador de Arauca

Dos millonarios negocios tienen bajo sospecha al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, y a varios de sus funcionarios más cercanos. El primero, por un contrato para la adquisición de drones y tecnología de punta para la Fuerza Pública, y el segundo, por la compra de un lote para la construcción de la capitanía del puerto regional. En ambos casos hay graves denuncias de irregularidades y en uno de ellos, incluso, acusaciones de la Fiscalía. Sobre las supuestas anomalías en estos procesos todos hablan en Arauca, pero en voz baja. En medio de tanto ruido, hasta se desempolvaron expedientes del pasado. La defensa del mandatario regional responde que todo está en orden y que los contradictores de siempre buscan dañar una gestión sin mancha.

El primer contrato que se investiga es el de los drones. Tiene un valor de $957 millones y fue suscrito el 27 de diciembre de 2016 por el gobernador Alvarado Bestene y el Consorcio Tecnología para la Fuerza Pública 2016. Dicho consorcio estaba integrado por Ómar Gómez Carreño, con el 60 % de participación, y Feníbal Andrés Zuluaga Quintero, con el 40 % restante. Al revisar los certificados de matrícula mercantil y de representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Arauca comienzan las sorpresas. El señor Gómez Carreño tiene certificado como persona natural y registra como actividad principal el comercio al por mayor de utensilios domésticos, comercio de vehículos y expendio de comidas preparadas en cafeterías,�con unos activos que no superan los $10 millones.

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Por su parte, el socio minoritario del consorcio, Feníbal Andrés Zuluaga, reporta que su compañía, Diagnóstico y Sistemas Limitada, de la cual es subgerente, tiene como actividad principal el comercio de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones, así como el comercio de libros, periódicos y artículos de papelería y escritorio. Incluso, según los documentos, la empresa se dedica también a la comercialización de electrodomésticos e instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado. “¿Era esta la experiencia requerida para un negocio de alta tecnología?”, cuestionó un conocedor del caso. A pesar de esto, el 13 de marzo de 2017 la Gobernación entregó el 40 % del anticipo del negocio, es decir, $382 millones.

Con una particularidad: el acta de entrega no tiene la firma de la supervisora del contrato. El documento, en poder de El Espectador, está firmado por el tesorero departamental y el representante del consorcio, Leonel Santana Salazar. En blanco quedó el espacio de la supervisora Andrea Rangel. Un detalle que llamó la atención de los investigadores. Pero hay más. De acuerdo con el contrato, los drones debían tener ciertas especificaciones técnicas para el monitoreo fronterizo. Por ejemplo, que su sistema permitiera que la cámara girara 360 grados, que la resolución de las imágenes tuviera un mínimo de 14 megapixeles y que la tecnología asegurara que los drones subieran hasta 3.000 metros, con una velocidad de 35 kilómetros por hora.

El negocio, como ya se dijo, fue firmado por el gobernador Alvarado Bestene y fijaba un plazo de 10 meses al Consorcio Tecnológico para la Fuerza Pública 2016 para la entrega de los drones. No obstante, pronto vinieron los problemas y aún no han sido entregados. Por eso, el 12 de diciembre de 2017 la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a la secretaria de Gobierno, Mercedes Rincón Espinel, al gerente de contratación administrativa, Édgar Alfonso Cadena, y al representante legal del consorcio, Leonel Santana Salazar. También fue imputada después la funcionaria Luz Marina Rodríguez, de la Secretaría de Gobierno.

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Nadie fue capturado por estos hechos ni se decretaron medidas de aseguramiento en la audiencia con el juez de garantías, porque la Fiscalía no las pidió, pero la administración de Alvarado Bestene quedó golpeada y él mismo con un proceso a cuestas que cursa en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Posteriormente, el 12 de marzo de 2018, el fiscal del caso radicó escrito de acusación contra estas cuatro personas, pero el juicio todavía no ha empezado y todo indica que la audiencia se desarrollará en enero del próximo año. En Arauca, los enredos del famoso contrato de los drones siguen siendo la comidilla en los mentideros políticos de la región. Pero no es el único tema del que se habla.

El otro enredo

El segundo negocio que tiene bajo la lupa al mandatario regional es la adquisición de un terreno para la construcción de la capitanía del puerto en el municipio de Arauca. A través del contrato 369, firmado el 3 de octubre de 2018, la Gobernación destinó $1.800 millones para la compra de un lote de 12.000 metros cuadrados de propiedad de un reconocido político de la región: el exalcalde de Arauca Hernando Posso Parales. De acuerdo con los estudios previos que justificaron la contratación directa, el comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina 52 “consideró viable la construcción” de la obra en ese lugar. Pero el negocio tiene varias sorpresas. La más grande es que, catastralmente, ese lote estaba avaluado en menos de $30 millones.

¿Cómo pudo pasar el mismo predio de $30 millones a $1.800 millones en apenas cuatro meses? La pregunta viene a cuento si se revisa con lupa el pago del predial que el exalcalde Posso Parales le canceló al municipio de Arauca por ese lote. Según el recibo, también en poder de este diario, hasta junio de 2018 el terreno tenía un valor catastral de $29’726.000. Por eso, Posso Parales pagó un predial de apenas $673.000. ¿Cómo se explica esa sobrevaloración del lote que, en un santiamén, pasó a costar 60 veces más? Y las perlas siguen. Según el certificado de libertad y tradición, ese predio era un baldío de la nación que el desaparecido Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) le dio a la señora Adelina Parales de Posso, madre del político Hernando Posso, en 1966.

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Con otra revelación: la primera transacción comercial registrada del inmueble ocurrió en 1993, cuando Adelina Parales le vendió ese terreno a su hijo Hernando Posso por $6’600.000. Veinticinco años después, en junio de 2018, dicho predio ya valía catastralmente casi $30 millones y apenas cuatro meses más tarde, en octubre, les costó a los araucanos $1.800 millones. A todo eso se suma que Posso Parales tiene 12 inmuebles embargados, todos ubicados en Arauca, y una investigación por el delito de lavado de activos luego de que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda, reportara varias operaciones sospechosas en el manejo de sus finanzas. Entre otras, un depósito de $500 millones en el año 2014.

Fuentes consultadas por este diario aseguraron que, a pesar de sus enredos legales, Posso Parales estaría preparando su candidatura para la Gobernación de Arauca o para repetir Alcaldía en 2019. Este diario se comunicó con el despacho del gobernador Alvarado Bestene para conocer su reacción a estas denuncias, pero delegó su vocería en Carlos Santamaría, coordinador de su despacho. Según dijo, el lote del exalcalde Posso Parales se adquirió porque estaba ubicado estratégicamente al lado de la Armada, porque cumplía todas las especificaciones que se requerían para construir la capitanía del puerto y porque los fenómenos de violencia y de contrabando en la frontera se explican, en buena parte, en que nadie controla los 300 kilómetros del río Arauca.

Santamaría insistió en que la Gobernación está comprometida en la lucha contra grupos armados como el Eln, algunas disidencias de las Farc y de otras organizaciones de narcotráfico que históricamente se han movido como Pedro por su casa por ese poroso territorio fronterizo con Venezuela, y que en ese escenario había que actuar. “Mucho más ahora por el tema de la aftosa y el contrabando de ganado en la región”, añadió. También insistió en que a este negocio no puede endilgársele un favorecimiento político, pues Posso Parales, dijo, ha sido uno de los más grandes contradictores del mandatario Alvarado Bestene. “Aquí no hay clientelismo ni favores. Pero los adversarios del gobernador quieren convertir un negocio estratégico en un juego político”.

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El vocero explicó que fue la Lonja Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Arauca la que hizo el avalúo del lote y que con ese informe técnico se calculó el negocio. Es más, contó que en una primera valoración la Lonja determinó que costaba $2.032 millones. Y que en un segundo avalúo, de septiembre pasado, dictaminó que el valor comercial del predio era de $1.981 millones. “Antes se hizo un buen negocio porque, fíjese, se pagaron apenas $1.800 millones”, concluyó Santamaría. Y le envió a El Espectador los soportes documentales de los avalúos. Por último, indicó que la Gobernación verificó todos los antecedentes del vendedor Hernando Posso Parales y ningún ente de control reportó que tuviera sanción alguna.

“Nosotros presumimos la inocencia del señor, a pesar de sus investigaciones. Es verdad que tenía unos embargos por unas obligaciones crediticias no pagadas, y por eso no pudo recibir el dinero completo de la venta del lote. Más de $700 millones se le fueron pagando los procesos ejecutivos y nosotros giramos ese dinero a las cuentas”, resaltó. Sobre la investigación de los drones, que derivó en acusaciones formales contra varios funcionarios de la Gobernación de Arauca, Santamaría manifestó que no tenía información al respecto. Este diario intentó comunicarse con el exalcalde Hernando Posso Parales, pero al cierre de esta edición no había sido posible. Al margen de las explicaciones, estos dos negocios tienen al gobernador Alvarado Bestene bajo la lupa.