Los millonarios bienes que la Fiscalía le ocupó a Rojas Birry
Los millonarios bienes que la Fiscalía le ocupó a Rojas Birry
Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original)
Investigadores ocuparon predios del expersonero de Bogotá por más de 1.600 millones de pesos.
Una casa avaluada en más de mil millones de pesos y dos lotes ubicados en el cotizado sector de Patios, en la vía a La Calera, hacen parte de los bienes ocupados por la Fiscalía al cuestionado expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry.
Agentes del CTI y fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio tomaron posesión legal de los bienes (que en total valen unos 1.600 millones de pesos), que según la investigación fueron comprados como producto del enriquecimiento ilícito en el que habría incurrido el exfuncionario. También fue ocupada una sociedad comercial en la que figuraba.
Francisco Rojas Birry, según la justicia colombiana, se enriqueció gracias a la corrupción y su comprobada responsabilidad en los casos de la pirámide DMG y el ‘carrusel’ de la contratación. Por estos hechos, el expersonero fue condenado a siete años por cohecho y a ocho por enriquecimiento.
En agosto del 2014, Rojas Birry fue condenado por un juez de Bogotá por recibir 500 millones de pesos de contratistas de la capital del país para que no denunciara, en su labor como personero de la ciudad, las irregularidades que se venían registrando durante la administración del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas.
El expersonero fue señalado de recibir 150 millones de pesos del cuestionado contratista Julio Gómez en 2009 y luego otros 350 millones de pesos del exsecretario de salud Héctor Zambrano Rodríguez.
Dos años antes de la condena por el ‘carrusel’, Rojas Birry fue sentenciado por haber recibido de allegados a David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG, 200 millones de pesos en efectivo.
La Fiscalía consideró que esas dos condenas evidencian que el exfuncionario consiguió dinero con actividades ilegales y que parte de sus bienes habrían sido comprados con esos recursos.
Los bienes pasaron a la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que tiene la potestad de arrendar o vender de acuerdo con las prioridades del Estado