Los pendientes de Colombia frente al lavado de activos

Combatir el lavado de activos se mantiene como una de las prioridades de las autoridades en el país, pero parece que es una tarea aún lejana de conseguirse a cabalidad. O, al menos, esa fue una de las conclusiones de la más reciente evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Colombia, que fue realizada en junio de 2017, pero cuyos resultados apenas se dieron a conocer a finales de 2018.

El informe, de 198 páginas, que reconoce varios aspectos del marco legislativo colombiano para prevenir este delito, es contundente al señalar una de las principales falencias del país en este aspecto: “La mayoría de los casos de lavado de activos que se investigan y procesan están relacionados con el tráfico ilícito de drogas y muy pocos implican la persecución del lavado de activos originado en otros delitos precedentes”.

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La evaluación del Gafilat enfatiza en que la principal amenaza en Colombia, en cuanto al lavado de activos, es el actuar de los grupos armados. Sin embargo, no por eso deja de resaltar el hecho de que “las principales agencias responsables en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo tienen un buen entendimiento de las principales amenazas que enfrenta Colombia (…) pero (Colombia) no consideró otras amenazas relevantes ni evaluó adecuadamente otros riesgos presentes en el país”.

Un señalamiento importante si se tiene en cuenta que, según la Evaluación Regional de Riesgo de Lavado de Activos de 2018 de laUnidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el país la principal amenaza no es el narcotráfico, sino la corrupción. A estas les siguen el contrabando, la evasión de impuestos y la extorsión.

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“El número de investigaciones y procesos penales de lavado de activos está aumentando, pero sigue siendo insuficiente dado el perfil de riesgo del país”, agrega la evaluación. Lo mismo ocurre con la financiación del terrorismo, cuya lucha es calificada por el Gafilat como “insuficiente” por cuenta de que “ha habido algunas condenas importantes de (ese delito), pero el número de investigaciones y procesamientos independientes es pequeño en comparación con la magnitud de la amenaza”.

Además, critica la coordinación de las entidades estatales para combatir el lavado de activos en el país. Así, asegura que “la coordinación y cooperación nacionales sobre (la lucha) Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo mejoró desde la última evaluación de 2008 y es relativamente sólida. Sin embargo, la coordinación operativa está en parte fragmentada y descoordinada”.

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Otro aspecto que genera preocupación en la evaluación es la identificación del beneficiario final de estos activos ilegales. Explica que, aunque el acceso a la información de las empresas es público y se actualiza constantemente, “la información sobre el beneficiario final está disponible solo parcialmente: las autoridades pueden obtener información de las estructuras societarias simples, pero las autoridades enfrentan limitaciones para obtener información del beneficiario final para estructuras complejas”.

El lavado de activos, según un informe del Banco Mundial, supone aproximadamente el 7,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. Un delito que, en el país, deriva de la corrupción, el narcotráfico y sus fuentes de financiamiento: la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y la evasión de impuestos. Por ejemplo, según la Fiscalía, a finales del año pasado, fueron incautados más de $5,5 billones en efectivo y en lingotes de oro a redes ilegales.

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Después siguieron, con montos superiores a los $650.000 millones incautados, las empresas fachadas del narcotráfico y de grupos armados organizados. En el tercer puesto está el ingreso —sin declarar— de mercancías, textiles y calzados de países como Estados Unidos, que movió alrededor de $130.000 millones.

Lo que resalta el informe

Uno de los principales puntos resaltados por el Informe de Evaluación Mutua de Colombia�es sobre los procesos de extinción de dominio. Señala que existe “un marco legal sólido para decomisar y extinguir el producto del delito y el decomiso es un objetivo de política prioritario (…) La extinción de dominio�se está aplicando de manera efectiva”. Aun así, dice que es necesario mejorar “el decomiso de activos trasladados a otros países”.

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También resaltó “la capacidad del país para identificar y entender los riesgos y coordinar acciones y políticas a escala interna. Igualmente, la efectiva cooperación internacional en la identificación y persecución de estos delitos, así como las extradiciones concedidas”.

Después de que el Gafilat�diera a conocer su más reciente evaluación, la Unidad de Información y Análisis Financiero reconoció que, en efecto, se deben mejorar varios frentes en la lucha contra el lavado de activos y mostró el optimismo de la institución, pues “se reconoció que nuestro sistema es confiable para la comunidad económica y financiera internacional” y añadió que “faltan varios años para una nueva evaluación”.