En un comunicado, María José Pizarro señaló que desde el asesinato «se han negado las garantías de justicia, verdad y reparación. Los familiares de Pizarro Leongómez esperan que la CIDH, como órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos, pueda establecer la responsabilidad del Estado colombiano frente a este caso».
Pizarro dejó las armas el 8 de marzo de 1990, en el campamento de Santo Domingo en el Cauca. Su crimen ocurrió un mes después del asesinato a tiros el también candidato presidencial por la Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo. Y el año anterior, el 18 de agosto de 1989, el también candidato presidencial por el partido liberal, Luis Carlos Galán.