El maletín del exfiscal Gustavo Moreno

El maletín del exfiscal Gustavo Moreno

Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)

Los investigadores hallaron en su maletín una propuesta de consultoría para asesorar a la entidad. Lo curioso es que la hizo la misma banca de inversión que estructuró el contrato para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena que se ganó un consorcio integrado por Odebrecht.

No dejan de sorprender los pasos de Luis Gustavo Moreno en sus escasos ocho meses al frente de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. No sólo ya aceptó que recibió dinero en Estados Unidos a cambio de torcer el expediente contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus –hoy testigo de la DEA–, sino que día tras día aparecen nuevas pistas, nombres, documentos o enlaces que lo ponen bajo sospecha en otros expedientes tan sensibles o más como el que hoy lo tiene en el pasillo de la extradición. El 27 de junio pasado, tras meses de monitoreos, registros de conversaciones encriptadas, chats reveladores y audios grabados, Luis Gustavo Moreno fue detenido en su propio despacho por agentes del CTI. Una semana después, el 4 de julio, el agente de protección Édgar Amador Zabala, asignado como escolta de Moreno, aportó información clave.

Ese día informó que en el carro oficial del director Anticorrupción de la Fiscalía, un vehículo Mitsubishi de placas ODU 972, Moreno había dejado un saco azul y un maletín del mismo color marca Nike. En su declaración el escolta relató que de inmediato le informó a la Fiscalía del hallazgo de estos elementos. Enseguida, el fiscal Jaime Camacho emitió una orden de búsqueda de evidencias. Y dos días después, ante la magistrada del Tribunal de Bogotá Guerty Acevedo, se legalizaron las pruebas halladas en el maletín de Moreno. Por ejemplo, documentos relacionados con casos muy delicados en Córdoba. En especial, el expediente por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del coliseo Happy Lora de Montería, un proceso en el que fueron capturados e imputados el alcalde de la ciudad, Marcos Daniel Pineda, y el consejero presidencial Carlos Eduardo Correa.

Por ejemplo, se halló la copia de un acta de la Fiscalía denominada “Mesa de trabajo de investigaciones priorizadas en jornadas de bolsillos de cristal del departamento de Córdoba”, fechada el 28 de abril. También otro documento de seis páginas sobre las indagaciones preliminares y el comité técnico con información reservada del caso por la obra Happy Lora. De la misma forma, en el dossier de información contenida en el maletín del exfiscal Moreno se encontraron papeles sobre otro expediente por anomalías en la obra de Puente Valencia, copia de la Resolución 217 mediante la cual se convocó de urgencia a un comité de fiscales para hacerles seguimiento a estas indagaciones de presunta corrupción regional y hasta copias de correos electrónicos cruzados entre investigadores en los que se detallan los avances en estas pesquisas.

Incluso se halló un DVD demarcado como “Audios Happy Lora” y un informe de 21 páginas del 15 de junio de 2017 sobre las intimidades del proceso contra el alcalde Pineda y el consejero Correa, quienes fueron capturados al día siguiente tras un publicitado operativo judicial. Lo grave, según pudo establecer este diario, es que la orden de captura contra esos dos funcionarios fue proferida el 30 de mayo, es decir, 16 días antes de que se hiciera efectiva. ¿Qué pasó? Con estas evidencias halladas en el maletín de Luis Gustavo Moreno los investigadores no descartan ninguna posibilidad, ni siquiera que el mismo Moreno y su socio el abogado Leonardo Pinilla –también pedido en extradición por una corte de Florida, EE. UU.– estuvieran manipulando el caso y buscando presionar a los procesados para que les dieran dinero. Pero la mina de información del maletín de Moreno no para ahí.

Una banca de inversión

Para la Fiscalía resultó una sorpresa hallar documentos relacionados con la investigación que adelanta una fiscal anticorrupción para determinar si el exalcalde Gustavo Petro le causó un detrimento patrimonial a Bogotá al recomprar la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Un proceso en el que, según la Contraloría de Bogotá, se perdieron más de $800.000 millones. El caso fue denunciado en su momento por el congresista del Centro Democrático Samuel Hoyos. En resumen, el lío es más o menos así: en 2011 la Empresa de Energía de Bogotá, propietaria de TGI, vendió el 32 % de sus acciones a un fondo de inversión por US$400 millones. No obstante, tres años después, Petro decidió recomprar esas acciones y pagó por ellas cerca de US$840 millones. ¿Qué pasó? ¿Por qué, apenas tres años después de su venta, esas acciones costaron más del doble de su valor inicial?

A mediados de junio pasado, la Contraloría de Bogotá abrió juicio de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Gustavo Petro y la exgerente de la Empresa de Energía de Bogotá Sandra Fonseca por este caso. Petro, quien está recogiendo firmas para presentarse en mayo próximo como candidato presidencial, ha dicho que se trata de una persecución política, que la firma Sumatoria –encargada de hacer la valoración de ese negocio– demostró la rentabilidad de esa transacción y que, al contrario, esto resultó siendo una gran inversión para Bogotá. Al margen de esa controversia, la Fiscalía también adelanta desde marzo de 2016 sus propias pesquisas. El Espectador constató que este proceso ha tenido ya tres fiscales. Los dos primeros, Gerardo Enrique Jiménez y Alejandro Alzate, avanzaron mucho. Ambos tomaron declaraciones claves y ordenaron peritazgos e interrogatorios.

No obstante, vinieron cambios de orden administrativo en la Fiscalía, y el 27 de abril pasado, finalmente, el expediente le correspondió a la fiscal anticorrupción Marcia Rodríguez. Aquí vienen las conexiones con el exfiscal Gustavo Moreno. En su maletín azul también se encontró un informe de 12 páginas denominado “El sombrío fast track de la retoma de TGI”. Pero, además, se halló una carpeta blanca en cuyo interior reposaban 40 folios en los que la banca de inversión Bonus le hacía una presentación a la Fiscalía sobre su trayectoria profesional como estructuradora de negocios en Colombia por un valor cercano a los $25 billones. ¿Por qué una banca de inversión estaría interesada en mostrar su importancia ante el ente acusador? La respuesta inquietó a los fiscales que están rastreando los pasos de Luis Gustavo Moreno.

El 21 de junio pasado –seis días antes de la captura del exfiscal anticorrupción– la firma Bonus Banca de Inversión le hizo llegar a la fiscal Marcia Rodríguez un documento de nueve páginas en el que le formalizó una propuesta de asesoría para la “validación de la valoración financiera de la Transportadora de Gas Internacional (TGI) por parte de la Empresa de Energía de Bogotá”. La misiva empezaba así: “Estimada doctora Rodríguez, dando alcance a lo conversado es grato para Bonus Banca de Inversión presentar a la Fiscalía (el cliente) la siguiente oferta de asesoría financiera (propuesta u oferta)”. La asesoría contemplaba una duración de dos meses, tiempo en el cual Bonus se comprometía a revisar el modelo financiero empleado para valorar la recompra de las acciones de TGI, las tasas de rentabilidad y hasta la razonabilidad del negocio.

La pregunta que ronda a los investigadores del caso Moreno es para qué la fiscal Marcia Rodríguez y el exdirector Anticorrupción Luis Gustavo Moreno estaban interesados en contratar a una banca de inversión como Bonus para revisar el caso TGI. Fuentes del organismo investigador señalaron que no es usual este tipo de asesorías, pues para ello están los peritos del CTI o convenios con la Superintendencia Financiera. Mucho más, tratándose de una firma privada que ha tenido múltiples negocios con entidades que hoy investiga la Fiscalía, como la Agencia Nacional de Infraestructura y Cormagdalena. De hecho, fue la banca de inversión Bonus la que estructuró en 2012 el jugoso negocio para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Un megaproyecto de $2,5 billones que se ganó el consorcio Navelena.

¿Y quiénes integraban este grupo empresarial? La multinacional Odebrecht, con el 87 % de la participación en el consorcio, y la firma Valorcon, de propiedad de Julio Gerlein, hermano menor del poderoso cacique conservador Roberto Gerlein. En la adjudicación de ese negocio la Fiscalía también rastrea si hubo sobornos para asegurar el contrato. El mismo Néstor Humberto Martínez viajó en mayo pasado a España a firmar un acuerdo de cooperación con las autoridades judiciales de ese país. Uno de los casos que revisan ambos países es el expediente Navelena. Entre otras razones se indaga por qué el consorcio Navega Magdalena –integrado por la empresa ibérica Acciona– se retiró de la puja 20 días antes de la adjudicación del contrato. Los investigadores no descartan que Odebrecht hubiera llegado a un acuerdo con Acciona para asegurar el negocio del río Magdalena.

Pero, ¿a cambio de qué? A cambio, al parecer, de licitar conjuntamente con Odebrecht para la construcción de la línea uno del metro de Quito (Ecuador), un negocio de US$1.538 millones que, justamente, se ganaron. Pero las perlas continúan. De vuelta al consorcio Navelena, el periodista Norbey Quevedo reveló en febrero pasado en estas mismas páginas que por estructurar ese contrato –que hoy está en el limbo por el derrumbe de Odebrecht– Navelena le pagó a la firma Bonus Banca de Inversión una comisión de éxito por $3.956 millones. Todo este contexto para decir que la banca que estructuró el contrato de Cormagdalena con Odebrecht y Valorcon, hoy bajo la lupa de las autoridades, estaba en conversaciones con la Fiscalía para apoyar la investigación de la recompra de TGI.

Este diario se comunicó con un vocero de la firma Bonus, quien dijo que fueron contactados por la fiscal Marcia Rodríguez para hacer una valoración técnica y entregar una opinión calificada por la complejidad del caso TGI, que jamás tuvieron contacto con el detenido exfiscal Moreno, que les resulta muy desafortunado este episodio y que su reputación se vea comprometida porque una propuesta legal apareciera entre los documentos del exfuncionario extraditable. El vocero añadió que otras bancas de inversión estaban siendo consultadas para este proceso, que estas asesorías son muy usuales en asuntos tan técnicos y que la fiscal Rodríguez les dijo que la entidad tenía un presupuesto para estas consultorías. “Es la primera vez que nos piden una propuesta así en la Fiscalía. Ningún ente de control está investigando a Bonus. Tan es así que nos llaman para estas cosas”, resaltó.

Por su parte, la fiscal Marcia Rodríguez, en diálogo con El Espectador, manifestó que este fue un proceso normal, que la Fiscalía tiene la potestad de contratar expertos para revisar estos casos, que se estaba valorando la oferta de Bonus y que, por supuesto, se la hizo llegar a su exjefe Luis Gustavo Moreno, porque ese era el conducto regular para que, eventualmente, el fiscal Néstor Humberto Martínez la aprobara o no. Al ser preguntada si sabía que Bonus había sido la misma banca de inversión que estructuró el contrato de Navelena, la fiscal resaltó que, precisamente, por eso todo se encontraba en etapa de estudio, que no se había tomado ninguna decisión y que el filtro final lo debía hacer el fiscal general. La funcionaria indicó que está muy tranquila y que de la entidad nadie la ha llamado para explicar este proceso. “Se trata de un tema eminentemente técnico”, concluyó.

¿Podía Bonus, tras su pasado con Navelena –es decir, con Odebrecht–, asesorar a la entidad que justamente está investigando la feria de sobornos de la multinacional brasileña en Colombia? Abogados consultados por El Espectador señalaron que dicha consultoría, incluso para el caso TGI que nada tiene que ver con Odebrecht, les resulta rara, aunque no ilegal. Por lo pronto, estos hechos tienen a los investigadores de la Fiscalía revisando las conexiones del expediente Odebrecht y las movidas de Luis Gustavo Moreno. El mismo que hace apenas nueve días, durante la audiencia de imputación de cargos en su contra, se quejó del maltrato que ha venido recibiendo al asegurar que “se ha satanizado toda mi vida” por un solo hecho de corrupción. Moreno llegó a afirmar que no fue el promotor del soborno y que “fue el exgobernador Alejandro Lyons el que me estaba constriñendo”.

Y añadió Moreno: “Muchos quieren mostrarme como el padre y dueño de la corrupción en Colombia. Con mi honra, si es que queda, les pongo la cara al país, a mi familia y a mi adorada hija”. Entretanto, Alejandro Lyons hoy es testigo de la justicia norteamericana. El agente de la DEA Yasmani Cepero, quien realizó toda la investigación sobre Gustavo Moreno y su socio Leonardo Pinilla, calificó a Lyons como un testigo confiable. Y relató en un documento en poder de este diario que Luis Gustavo Moreno le filtró a la prensa colombiana información reservada de los procesos en contra del exmandatario regional con el objetivo de presionar el pago. Al margen de estas acusaciones hay una verdad redonda: hoy nadie habla de la extensa cadena de delitos y procesos que siguen abiertos contra Lyons por el saqueo a Córdoba. Toda la agenda se la tragó el tema Moreno.

Pero hay muchos cabos sueltos por resolver. El primero de ellos tiene que ver con el retorno de Alejandro Lyons al país. ¿Qué va a hacer la Fiscalía al respecto? El 26 de abril pasado Lyons y su esposa viajaron a Miami para atender un tratamiento por cuenta de un embarazo de alto riesgo. El Espectador pudo establecer que dicho bebé ya nació en perfectas condiciones, pero nada sabemos de la imputación de cargos a Lyons, anunciada por el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, por 20 delitos. Imputación a la que –dijo Lyons– se presentaría para encarar a la justicia. ¿Volverá?