Mario Montoya: de excomandante del Ejército a señalado de falsos positivos

Mario Montoya: de excomandante del Ejército a señalado de falsos positivos

Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)

Esta semana el Tribunal de Bogotá se negó a que la Fiscalía le imputara cargos a Montoya por al menos 104 ejecuciones extrajudiciales, pues está en la JEP. Los falsos positivos no son el único cuestionamiento en su hoja de vida, que también está llena de triunfos militares.

El general (r) Mario Montoya Uribe nació en Buga (Valle), en 1949. Desde pequeño supo que quería ser militar, pues creció con las historias de su abuelo, Benjamín Uribe Vélez, quien batalló en la Guerra de los Mil Días (1899-1902), codo a codo con su primo, el general Rafael Uribe Uribe. Montoya ingresó al Ejército en 1969 y desde entonces ha protagonizado algunos de los episodios más recordados de la guerra, como el ataque a Casaverde y la Operación Jaque, pero también es mencionado en uno de los capítulos más oscuros de la guerra: el de los falsos positivos. La Fiscalía quería vincularlo a un proceso penal por 104 de estos casos, ocurridos cuando fue comandante (2006-2008).

Finalmente, esa audiencia no se dio, pues el Tribunal de Bogotá concluyó que no era competente, porque Mario Montoya se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el libro Memorias militares, en una de las pocas entrevistas que ha dado desde que se retiró del Ejército, el oficial le dijo al escritor Martín Nova sobre su proceso en la JEP: “Lo que pasa es que no puedo ir allá reconociendo un delito que no he cometido. No voy a hacerlo. Me van a juzgar, me van a condenar. Pero ¿qué hago? Si reconozco, quiere decir que estaba comandando una organización criminal. ¿O sea que mi Ejército es una organización criminal?”.

Antes de que su rostro terminara dibujado en el centro del mural ¿Quién dio la orden? ―una muestra de memoria central para las víctimas de falsos positivos―, el general Montoya tuvo una extensa carrera en el Ejército, pero a pesar de las innumerables condecoraciones recibidas y su clara cercanía con Estados Unidos, su trayectoria no está exenta de cuestionamientos. Es egresado de la Escuela Superior de Guerra como profesional en Ciencias Militares. De allí fue enviado, en los años 70, al Batallón Charry Solano, unidad encargada de la inteligencia, pero cuestionada en múltiples informes internacionales como un centro de violación de derechos humanos.

Mientras el joven Mario Montoya estaba en el Charry Solano, se desplegó la Operación Diamante, una serie de allanamientos y capturas que acabaron con varias células urbanas del Eln. Luego lo enviaron al municipio de Puerto Berrío, donde estuvo bajo órdenes del general Farouk Yanine, investigado hasta el día de su muerte, en 2009, por la masacre de La Rochela (Santander), en la que en 1989 fueron asesinados doce servidores judiciales mientras investigaban crímenes de paramilitares. Montoya fue enviado después a Estados Unidos a la Escuela de las Américas y luego aterrizó en la VII Brigada, con sede en Villavicencio.

Allí estuvo al frente de las labores de inteligencia y además participó en operaciones como el ataque al entonces fortín de las Farc en las montañas de Uribe (Meta) en diciembre de 1990, conocido como el ataque a Casaverde. En la zona entre La Uribe y Mesetas (Meta) estaba, en un área mínima, todo el secretariado de la extinta guerrilla: Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano y Rodrigo Londoño o Timochenko. Tras los ataques hubo combates, pero todos los jefes del estado mayor guerrillero salieron con vida y la operación pasó a ser fuente de orgullo de la fuerza pública, pese a que, como consecuencia, la guerrilla se dispersó más en el país.

Luego de ello, Montoya comandó el Grupo Mecanizado Maza, de Cúcuta, encargado de contrarrestar la avanzada de grupos guerrilleros en los Santanderes. En 1994 fue comandante de la Escuela de Caballería de Bogotá, luego estuvo en el Bajo Cauca antioqueño, en Arauca y fue enviado militar en Londres. Luego el expresidente Andrés Pastrana nombró al general (r) Jorge Mora comandante del Ejército, quien en el último tiempo fue uno de los arquitectos del Acuerdo de Paz con las Farc firmado en 2016. Mientras transcurrían los diálogos del Caguán, Montoya, escudero del general Mora, volvió al país y lo pusieron a dirigir el área de Inteligencia.

Justo antes del cambio de milenio, comenzó una estrategia del estadounidense Bill Clinton para reducir las hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Y al frente de esa ofensiva pusieron a Mario Montoya, quien fue designado jefe del Batallón Antinarcóticos, y se convirtió así en “el primer general del Plan Colombia”. Allí tuvo a su disposición a alrededor de 8.000 hombres que buscaban asfixiar a las Farc, luego de que la guerrilla llenara el vacío que dejaron los grandes capos de los años 90 que habían muerto o fueron capturados. “Atacar la base donde está la mata fue la génesis del Plan Colombia”, dijo Montoya en el libro Memorias militares.

De fumigar coca, a Montoya, que ya había alcanzado el grado de general, lo trasladaron, en diciembre de 2001, a una de las unidades militares más queridas: la IV Brigada, con sede en Medellín. Allí tuvo grandes logros, pero también comenzaron los hechos por los cuales hoy es cuestionado. El primero de ellos fue la masacre de Bojayá (Chocó). En mayo de 2002, en medio de un combate con las Auc, las Farc lanzaron cilindros de gas a la iglesia donde se refugiaban civiles, asesinando a unas 79 personas al instante. No estaba el Ejército, pero según algunos pobladores, cuando regresaron al lugar, encontraron a Montoya, al parecer, reunido con paramilitares.

Aunque el general en retiro negó las acusaciones, Noticias Uno reveló un video donde al parecer patrullaba con los paramilitares. La Procuraduría lo investigó por posibles omisiones, al no enviar tropas al lugar para proteger a la población civil, pero en noviembre de 2004 fue exonerado de responsabilidades. Mientras la única iglesia de Bojayá quedó hecha pedazos, Medellín estaba sitiada por las guerrillas. Combos secuestraban a civiles y cobraban rescates bajo la amenaza de que las víctimas serían entregadas a las Farc, el Eln o los Comandos Armados del Pueblo (Cap). En sectores como la Comuna 13, también llamada San Javier, no había ley. Mandaban los grupos insurgentes.

“En agosto [de 2002] asume el presidente Álvaro Uribe. Y la situación se pone aún peor. Ya tenemos registrados ochenta secuestros y de esos no se sabe nada como de 25 personas. Llega la orden de que tenemos que hacer la Operación Orión, la planificamos con Leonardo Gallego (entonces comandante de la Policía en la ciudad) y la Fiscalía 77 da la orden de 69 allanamientos y 199 capturas. Empleamos dos batallones y las fuerzas especiales urbanas. La comuna está arriba, a las casas que no tienen ventanas hacia abajo les han quitado uno o dos ladrillos de esa pared y ahí se ubican los tiradores. La Operación duró dos días”, recordó Montoya en el libro de Nova.

La operación fue después llamada Orión porque fue en octubre y Montoya tenía la costumbre de nombrar sus campañas con la letra inicial del mes en la que se llevarían a cabo. Según el jefe narcoparamilitar Don Berna, del frente Cacique Nutibara, supuestamente, él hizo la inteligencia que permitió este operativo. Organizaciones sociales calculan que ochenta civiles fueron asesinados, 17 de ellos a manos del Estado. Así respondió Montoya en Memorias militares: “La Operación Orión fue en 2002 y solamente en 2010 la Fiscalía abrió la investigación. ¿Sabe por qué? Porque es en 2010 cuando las ONG se dan cuenta de la operación: se acordaron que de ahí podían sacar plata”.

Otro lastre con el que carga Montoya desde que comandó la IV Brigada son las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. Según Human Rights Watch, en su informe “El rol de los altos mandos en los falsos positivos”, bajo el liderazgo de Montoya en esta unidad militar se reportaron 44 posibles de estas ejecuciones. Solo entre 2002 y 2003 se reportaron 4.142 muertes en combate a manos de las Fuerzas Militares, según cifras del Ministerio de Defensa. La Corporación Jurídica Libertad (CJL) ha dicho en informes entregados a la JEP que el problema se observa cuando se revisa en detalle la calidad de esas “bajas”.

En los primeros dos años del gobierno Uribe, al parecer, fueron ejecutados irregularmente 59 inocentes a manos de la IV Brigada. Según la CJL, hubo alrededor de 171 posibles falsos positivos de esa unidad, englobados en 67 hechos en Antioquia y algunos municipios cercanos a Caldas y Chocó. Entre el material recopilado está la declaración jurada del teniente Edwin Leonardo Toro, quien le dijo a la Fiscalía en 2015 que en los batallones había un cuadro en el que se reflejaba la cantidad de capturas y muertes, y que por cada baja les otorgaban cinco días de permiso. Montoya siempre se ha declarado inocente de estos hechos.

“La presión es de arriba hacia abajo (…); es decir, los comandantes de Batallón lo presionaban a uno y a los del Batallón los presionaban los comandantes de Brigada y a los comandantes de Brigada los presionaban los de División, y así, lo presionaban a uno que si no daba resultados terminaba su carrera de militar”, explicó Toro.

Tras su paso por la Cuarta Brigada, Montoya fue elegido comandante de la Primera División del Ejército el 15 de diciembre de 2003, cargo que ocupó hasta el 28 de abril de 2005. Durante ese tiempo fue jefe del Comando Conjunto Caribe, compuesto por fuerzas terrestres, navales y aéreas. De acuerdo con el informe “Y volveremos a cantar, con los aires de la paz y el anhelo de justicia”, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), en ese período se privilegiaron también las bajas por encima de las capturas, en contravía de estándares de las Fuerzas Militares, como intentó imputar la Fiscalía.

El general (r) Mario Montoya llegó a la cúspide de su carrera en febrero de 2006, cuando, ad portas de su reelección, el presidente Uribe nombró al curtido oficial comandante del Ejército. Entre sus operaciones recordadas están la Fénix, a comienzos de 2008, en la que se dio muerte al jefe de las Farc, alias Raúl Reyes y fueron incautados sus famosos computadores, cuya información desató toda clase de escándalos. Meses después, en julio de 2008, el Ejército logró rescatar en el Guaviare a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y a quince secuestrados más. No hubo un solo disparo, en la referenciada Operación Jaque.

Sin embargo, mientras el Ejército atrincheraba a las Farc, estalló el escándalo de los falsos positivos. En 2008, decenas de madres de Soacha lloraron a sus hijos públicamente, pues encontraron, por su cuenta, que los jóvenes fueron reclutados para luego ser asesinados en Norte de Santander y, aunque inocentes, terminaron presentados como bajas del Ejército. Durante más de una década, la Fiscalía y la JEP han descrito que el sombrío fenómeno se gestó en varias divisiones del Ejército y bajo modalidades similares: reclutamiento ―en algunos casos en alianza con grupos ilegales―, asesinato, encubrimiento y entorpecimiento de la investigación.

Contra Mario Montoya se inició una noticia criminal en 2009, en calidad de indiciado. “El coronel en retiro Santiago Herrera, destituido por el escándalo de los llamados falsos positivos en Soacha, acusó al general en retiro Mario Montoya de medir los resultados militares por muertes registradas en combate”, explicó la Fiscalía en 2010. Fajardo fue destituido en la purga de Uribe, como comandante de la Brigada Móvil 15, de la Segunda División del Ejército. Hoy está imputado en la JEP. Luego, en enero de 2012, la Fiscalía citó a indagatoria a Mario Montoya por presuntos nexos con paramilitares

Las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales avanzaron en la justicia, hasta que en 2016 el entonces fiscal Eduardo Montealegre anunció públicamente que Montoya sería imputado. De acuerdo con el defensor de derechos humanos Germán Romero, representante de casi un centenar de familiares de víctimas de falsos positivos, en ese momento el ente investigador vincularía al general (r) por nueve muertes bajo esa modalidad. La defensa del oficial pidió que lo escucharan nuevamente y en el búnker continuó la indagación, en la que se da cuenta de un posible rol en al menos 2.429 muertes que podrían ser civiles.

El anunció de la Fiscalía se quedó en promesa. Con la firma del Acuerdo de Paz, se dio poder a la JEP para que conociera exclusivamente sobre los hechos relacionados con el conflicto armado hasta antes de diciembre de 2016. Mario Montoya solicitó someterse a la justicia transicional en julio de 2018, una década después de comandar el Ejército colombiano. En abril de 2019, la Sección de Apelación confirmó que el militar puede ser procesado en la JEP y, desde entonces, ha acudido a más de una decena de diligencias donde, asegura, ha aportado su verdad del conflicto. Sin embargo, cree que “la JEP fue hecha a la medida de las Farc”.

La certeza de que el futuro de Montoya estaba ahora en la JEP cambió en la Fiscalía de Francisco Barbosa, pues el ente investigador solicitó, en agosto de 2021, una audiencia de imputación. Esta vez, habría indicios de su rol en al menos 104 ejecuciones, que ocurrieron bajo su comandancia. El Tribunal Superior de Bogotá fue el despacho elegido para iniciar el trámite; sin embargo, esta semana, y en dos instancias, explicó que el caso es competencia de la JEP. Ya este año, la justicia especial ha avanzado en la imputación de altos mandos del Batallón La Popa, en Cesar, y brigadas con sede en Catatumbo. En los próximos meses se conocerían nuevas decisiones.

Buena parte de los falsos positivos que la Fiscalía iba a vincular con el general (r) Mario Montoya reposan en una base de datos en poder de este diario. Entre las cifras hay casos que representa DH Colombia. Según la organización, el oficial sería responsable por la muerte de al menos 102 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en un total de 83 casos en todo el país, que salpican a las divisiones Primera, Segunda, Quinta y Séptima, con jurisdicción, respectivamente, en la costa Caribe, los Santanderes, Arauca, Antioquia, Chocó y la región Andina.