“Mi arrepentimiento es total”: exfiscal Martínez Lugo será condenado por chuzadas
“Mi arrepentimiento es total”: exfiscal Martínez Lugo será condenado por chuzadas
Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original)
Está listo el preacuerdo entre la Fiscalía y el exfiscal Fabio Martínez Lugo, quien ofreció disculpas a sus víctimas por interceptar sus comunicaciones ilegalmente dentro de las mismas instalaciones del ente investigador. Conozca aquí su discurso de perdón.
El exfiscal 32 contra las Organizaciones Criminales, Fabio Martínez Lugo, será condenado por fraude procesal, prevaricato por acción, concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones. Fiscalía, “víctimas de chuzadas”, su defensa judicial y un juez de la República le dieron su “sí” a un preacuerdo, con el cual el exfuncionario público aceptó su responsabilidad por “chuzar” a por lo menos seis ciudadanos. Una fuente cercana al expediente le confirmó a El Espectador que se estudia un recurso para lograr una condena por menos de siete años de prisión.
Fabio Martínez Lugo, según la acusación de la Fiscalía, se amparó en procesos abiertos para, a través de órdenes judiciales, “chuzar” por ejemplo al presidente de Enel Codensa, Lucio Rubio Díaz; el abogado Felipe Jaramillo, contraparte judicial en procesos contra el Grupo de Energía de Bogotá; y al vicepresidente del sindicato de aviadores (Acdac), Julián Pinzón Saavedra. El ente investigador confirmó la hipótesis sobre Martínez Lugo, quien no había aceptado cargos en imputación en 2019 y quien fue acusado a la par con Luis Carlos Gómez Góngora, antes coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía.
“Con mi actuar irresponsable y desfasado lesioné la confianza depositada por la sociedad en sus órganos investigativos, judiciales y de juzgamiento. Con mi aceptación de cargos, la justicia colombiana demostró que alejarse de la legalidad, aun para funcionarios encargados de la investigación criminal, tiene consecuencias penales. Por ello, mi proceso debe ser tema de reflexión para todos los funcionarios judiciales e investigadores sobre las consecuencias de salir del límite de la ley”, explicó Martínez Lugo en audiencia.
La Fiscalía estaba a punto de iniciar el juicio oral contra el exfiscal, quien llevaba más de 30 años trabajando en el mismo ente investigador. Por tanto, solo se podía conjurar un preacuerdo simple, en el cual el procesado renuncie voluntariamente a su presunción de inocencia, a cambio de una rebaja de pena equivalente a la tercera parte de la sanción posible. “Mi arrepentimiento es total. Por eso le pido a Dios que ilumine a las nuevas generaciones de funcionarios judiciales y en la Fiscalía”, concluyó Martínez Lugo.
De acuerdo con la acusación, aceptada plenamente por el exfiscal, se utilizó un radicado criminal relacionado con la desaparición forzada de un ciudadano, en 2011, para realizar distintas diligencias investigativas fraudulentas. Por ejemplo, con un informe investigador de campo, de diciembre de 2017 y dirigido a la Fiscalía de Martínez Lugo, se logró escarbar información en el número de Julián Pinzón Saavedra. No obstante, la víctima, entonces vicepresidente del sindicato de aviadores, nada tenía que ver con la desaparición forzada del ciudadano Yohan Mona Granda.
“En esta indagación preliminar no medió orden alguna que sirviera como sustento del informe presentado, ya que la última actuación de policía judicial registrada en la carpeta fue del 30 de enero del 2014. No obstante lo anterior y para el 15 de diciembre del 2017, se insiste, sin que mediara orden previa del titular de la Fiscalía 32 Especializada (de Martínez Lugo), aparece el informe de policía judicial del señor Luis Carlos Gómez Góngora. Es decir que este informe arribó al expediente cuatro años después del último acto de policía judicial”, se señala en la acusación.
Incluso, Martínez Lugo y Gómez Góngora se habrían aprovechado del expediente de un taxista que fue atracado en mayo de 2013. Quedó registro de supuestos nombres de personas a indagar en ese caso, quienes realmente eran víctimas de “chuzadas”. Durante el expediente han quedado salpicados los nombres del coronel Jorge Salinas, especialista de inteligencia y dueño de la empresa de seguridad JHS Consultores. Además, el coronel Carlos Andrés Pérez, jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño), en 2020, y el general retirado de la Policía, Humberto Guatibonza, quien está en juicio penal desde hace dos años.
Antes de lograr el preacuerdo, Martínez Lugo intentó ser acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, en dos oportunidades, distintas secciones le negaron la entrada dado que para entrar a la justicia transicional las conductas investigadas debieron presentarse con anterioridad al Acuerdo Final de Paz, en 2016. O, por otro lado, si los delitos se hubiesen dado con posterioridad a esa fecha, que estén directamente relacionados con el proceso de dejación de armas de las Farc. Sin embargo, no cumplió ni lo uno, ni lo otro.
“(Martínez Lugo) realizó un ofrecimiento de verdad relacionado con lo que en su concepto representa un fenómeno de macrocriminalidad, vinculado a interceptaciones de comunicaciones adelantadas por la entidad a la que perteneció (Fiscalía) bajo el mando del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Igualmente, manifestó que aportaría verdad sobre investigaciones relativas a hechos de parapolítica a las que se encuentra vinculado”, dijo la JEP. Martínez Lugo ha sostenido que el exfiscal general Martínez habría ordenado “chuzar” negociadores de paz, abogados litigantes y funcionarios de la misma Fiscalía.
A pesar de los señalamientos de Martínez Lugo, en 2020, la Fiscalía lo acusó a él y a Gómez Góngora por el delito de calumnia, luego de que el exfiscal general Martínez los denunciara. “Actuaron en la condición de coautores a título doloso, al incriminar una conducta típica en contra del aquí querellante la actividad de impartir órdenes de interceptación sin cumplimiento de requisitos legales formales esenciales”, señala la Fiscalía. La misma entidad desde donde el curtido fiscal escudriñó ilegalmente en las conversaciones de al menos seis ciudadanos. ¿Hubo más? Eso lo podrá responder en colaboración. Se espera una sentencia entre los 75 y 92 meses de prisión.
