Militares y civiles fueron enviados a la cárcel por defraudación a pensiones
Militares y civiles fueron enviados a la cárcel por defraudación a pensiones
Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original)
La investigación de la Fiscalía frenó 500 solicitudes irregulares que se estaban tramitando desde 2013.
El Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Ruber Alonso Quiroz Higuita, Sargento activo del Ejército Nacional, Valdemar Javier Criado Tarazona, Mayor Retirado y la particular Claudia Patricia Sánchez Urueña, por la presunta defraudación al Ejército Nacional con la falsificación de conceptos y fichas técnicas para obtener pensiones e indemnizaciones con supuestas incapacidades físicas o mentales.
Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad fueron afectados nueve suboficiales retirados y un exsoldado profesional.
Las aprehensiones se realizaron en Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Caldas y Putumayo, por miembros de la Dijín de la Policía Nacional.
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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de Medellín, en 2013 un mayor retirado del Ejército habría constituido una empresa denominada “V. C. T asesorías jurídicas militares» para adelantar trámites de pensión e indemnización a miembros de las fuerzas armadas.
Se estableció que la mencionada empresa falsificaba conceptos de médicos especialistas para presentarlos a las juntas médicas laborales y obtener millonarias sumas de dinero para los demandantes, quienes salían pensionados en la mayoría de los casos por supuesta invalidez.
Las irregularidades se conocieron luego de una auditoría interna realizada por el Comando General del Ejército, en la que se determinó que la mencionada estructura criminal tramitaba 500 solicitudes para pensión con documentos y certificados médicos, y cuya defraudación podría ascender a los dos mil millones de pesos.
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La investigación permitió conocer además que en algunos casos los presuntos delincuentes suplantaban la identidad de los solicitantes y llevaban a evaluación de las juntas médicas a personas con similares características morfológicas de las personas que tramitaban el retiro forzoso.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal seccional de administración pública por delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada, cohecho propio, uso de documento público falso.
La Fiscalía apeló las medidas no privativas de la libertad ante los Jueces Penales del Circuito.
Entre los años 2015 y 2016 la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento contra otras 34 personas capturadas en Antioquia y otros departamentos, supuestamente dedicadas a la misma actividad delictiva.
